La Justicia santafesina vuelve a estar en el centro de la escena por una versión que circula con fuerza en los pasillos judiciales y políticos: aunque está en marcha el concurso para cubrir la vacante de Fiscal Regional de Venado Tuerto, el “número puesto” sería Mauricio Clavero, un hombre con vínculos estrechos con el radicalismo gobernante. El rumor, que gana volumen día tras día, alimenta la sospecha de que detrás de los concursos públicos y los mecanismos institucionales todavía pesan más las roscas políticas que la evaluación de méritos.
La situación recuerda al caso reciente de Matías Merlo, designado como Fiscal Regional en Rosario —la circunscripción más compleja de la provincia—, en una decisión avalada sin fisuras por la Asamblea Legislativa. Merlo construyó su carrera en el sur santafesino, primero en Melincué y luego como Fiscal Regional en Venado Tuerto. Sin embargo, la crisis institucional en Rosario derivó en su desembarco como interventor tras la salida de María Eugenia Iribarren y finalmente en su confirmación definitiva en ese cargo. Esa designación, convalidada de manera unánime, también despertó preguntas sobre cuánto influyen las trayectorias profesionales y cuánto los respaldos políticos en la definición de los altos cargos del Ministerio Público.
Recordemos que Vranicich, designó a Merlo interventor tras apartar a María Eugenia Iribarren, cuestionada por desobedecer directivas de la Fiscalía General y por mantener una estructura de trabajo fragmentada que —según la jefa de fiscales— afectaba la eficiencia investigativa.
En este contexto, la posibilidad de que Clavero se convierta en el próximo Fiscal Regional de Venado Tuerto sin competencia real reabre el debate sobre la transparencia de los procesos. La percepción de que las decisiones ya están tomadas antes de que terminen los concursos erosiona la confianza social en un sistema judicial que atraviesa uno de los momentos de mayor exposición política de los últimos años.
El concurso en marcha y las sospechas
El Consejo de la Magistratura abrió el concurso para designar al nuevo Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción Judicial (Venado Tuerto) y al Defensor Regional del Servicio Público Provincial para la Defensa Penal. El procedimiento formal incluye oposición, evaluación de antecedentes y entrevistas personales, con jurados provenientes del Ministerio Público de la Acusación, del ámbito académico y de los Colegios de Abogados.
Sin embargo, en los pasillos de tribunales la desconfianza crece. La versión de que Clavero ya tiene el respaldo necesario para quedarse con el cargo opaca un proceso que debería ser garantía de institucionalidad. “Si el concurso ya está digitado, todo el sistema pierde sentido”, señalan operadores judiciales.
El antecedente Merlo y la tensión política
La designación de Merlo en Rosario consolidó un modelo: fiscales con trayectoria en el sur santafesino, núcleo político del gobernador Maximiliano Pullaro, alcanzan posiciones de peso en el esquema provincial. La intervención y posterior confirmación de Merlo en la Regional II fue presentada como un gesto de orden institucional, pero no pocos interpretaron la jugada como un movimiento político cuidadosamente planificado.
Ahora, la posibilidad de que Clavero siga ese camino alimenta la sospecha de favoritismo. No se trata de cuestionar su idoneidad técnica, sino de subrayar la percepción de que las reglas del concurso son apenas un formalismo.
Una propuesta para cambiar las reglas del juego
Frente a este escenario, cobra relevancia el proyecto presentado por la diputada libertaria Silvia Malfesi, que busca transformar el sistema de designación de jueces, fiscales y defensores. Su iniciativa propone la creación de un Consejo de Selección que garantice concursos públicos abiertos, evaluación objetiva de antecedentes y oposición, y la conformación de ternas vinculantes.
“Queremos que la idoneidad técnica prime por sobre la rosca política. La ciudadanía necesita confiar en que quienes administran justicia llegan por méritos, no por contactos”, advirtió Malfesi al defender su proyecto, en línea con lo establecido por la nueva Constitución provincial.
El trasfondo de un debate institucional
El concurso para Venado Tuerto, que debería consolidar la normalización institucional tras la salida de Merlo, termina reflejando una paradoja: en lugar de fortalecer la independencia judicial, expone la fragilidad de un sistema en el que la política todavía pesa demasiado.
Lo que está en juego no es solo un nombre propio, sino la credibilidad de los mecanismos de selección y, en última instancia, la confianza de la sociedad en la Justicia. Si la designación de Clavero se confirma en los términos que hoy se comentan en voz baja, Santa Fe quedará nuevamente frente a una pregunta incómoda: ¿la Justicia se elige en los concursos o en las mesas de la política?
