Lo que desde politicadesantafe.com venimos advirtiendo desde hace semanas finalmente explotó. Y lo hizo de la peor manera: con una protesta policial que dejó de ser un reclamo sectorial para transformarse en un conflicto de dimensiones inéditas, con impacto institucional, político y social en toda la provincia de Santa Fe.
La Policía santafesina llega a este punto agotada, saturada y mal paga. No es una novedad. Lo novedoso —y grave— es que durante meses la gestión provincial eligió no ver, no escuchar y no dialogar. La soberbia política, combinada con una lógica de decretos y sanciones, terminó por empujar el conflicto hacia un estallido que hoy nadie puede controlar con facilidad.
De un reclamo contenido a un conflicto fuera de control
La protesta que se reactivó en las últimas horas no surgió de la nada. Es el resultado de una acumulación de malestar que atraviesa a la fuerza desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro. Salarios deteriorados, sobrecarga horaria, desarraigo sin compensaciones reales, problemas de salud mental y una conducción política que, lejos de abrir canales de diálogo, optó por el disciplinamiento.
Lo que comenzó como una protesta para “llamar la atención” escaló rápidamente. En Rosario, la concentración frente a la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II, en Ovidio Lagos al 5200, terminó con momentos de altísima tensión, quema de cubiertas, intento de desalojo y patrulleros replegados en la madrugada. La escena se repitió, con distintas modalidades, en Rafaela, Reconquista, Vera, Santa Fe capital y otras ciudades del interior.
Pese a los anuncios oficiales de aumentos, pluses y beneficios, una parte importante del personal quedó afuera de las mejoras. Eso fue el combustible que reactivó el conflicto y dejó en evidencia que las medidas anunciadas no alcanzaron para descomprimir una crisis mucho más profunda.
La respuesta del Gobierno: sanciones en lugar de diálogo
Lejos de desactivar el conflicto, la reacción del Ejecutivo provincial terminó agravándolo. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó pases a disponibilidad, retiro de armas reglamentarias, chalecos antibalas y la apertura de actuaciones administrativas y penales contra efectivos acusados de abandono de servicio o bloqueo de móviles.
El mensaje fue claro: firmeza y castigo. El resultado también: la protesta no se desactivó. Por el contrario, la permanencia de efectivos y familiares frente a la Jefatura, incluso después de las sanciones, dejó en evidencia que la estrategia disciplinaria no logró recuperar legitimidad ni autoridad interna.
Desde el oficialismo se intentó instalar la idea de “infiltrados”, de personal desplazado o imputado que habría fogoneado la protesta. Pero ese argumento no alcanza para explicar la magnitud del fenómeno. La masividad, la extensión territorial y el involucramiento de familias completas hablan de un malestar estructural, no de una maniobra aislada.
Familias en la calle y una señal inédita dentro de la fuerza
Uno de los rasgos más fuertes de esta crisis es la participación activa de familiares. Esas imágenes —madres, parejas, hijos frente a las jefaturas— rompen con la lógica tradicional de una fuerza históricamente vertical y disciplinada. Cuando la protesta deja de ser solo interna y se vuelve social, el conflicto entra en otra dimensión.
La negativa del Cuerpo Guardia de Infantería a intervenir en el desalojo, cruzando escudos y bastones en señal de rechazo, fue otro dato clave. No es un gesto menor: expone un quiebre de mando y una pérdida de legitimidad en la conducción policial que debería encender todas las alarmas políticas.
Un gobierno que llegó tarde y ahora corre detrás de los hechos
Durante semanas, el termómetro social marcó fiebre. El Gobierno eligió mirar para otro lado. Fingir demencia. Minimizar. Apostar al desgaste. Hoy, el conflicto escaló a un punto en el que ya no alcanza con decretos, anuncios parciales ni amenazas disciplinarias.
La gestión Pullaro enfrenta uno de los desafíos más delicados desde que asumió: desactivar una crisis policial sin romper el equilibrio institucional ni exponer a la sociedad a un escenario de mayor vulnerabilidad en materia de seguridad.
Para eso, hacen falta respuestas oficiales correctas, integrales y creíbles. Respuestas que reconozcan el problema de fondo, que abran canales reales de diálogo y que comprendan que la policía no es solo una estructura operativa, sino miles de trabajadores con familias, problemas y límites.
Un punto de inflexión político
La protesta policial dejó de ser un conflicto sectorial. Es un síntoma de algo más profundo: una gestión que subestimó el malestar, apostó a la imposición y terminó chocando con la realidad.
El estallido ya ocurrió. Ahora, la pregunta no es quién tiene razón en el relato, sino si el poder político está dispuesto a corregir el rumbo antes de que la crisis siga escalando hacia escenarios todavía más graves.
La advertencia estaba hecha. El problema es que nadie quiso escucharla a tiempo.
