En la previa del paro general convocado por la CGT y las centrales CTA para este jueves 10 de abril, el Gobierno de Santa Fe resolvió aplicar descuentos salariales a los empleados públicos que se adhirieron a la medida de fuerza. La decisión abarca a toda la administración provincial, incluidos los trabajadores docentes, y se basa —según informó desde la Casa Gris— en que “no existen impedimentos objetivos” para asistir a los lugares de trabajo.
«La UTA no se suma al paro, por lo tanto el transporte público funcionará normalmente. Quien quiera ir a trabajar tiene los medios», señalaron voces oficiales, tras una reunión de análisis político en el entorno más cercano al gobernador Maximiliano Pullaro. El Ejecutivo ya envió a las escuelas el instructivo para que los docentes completen una declaración jurada de asistencia, mecanismo que estará habilitado hasta el domingo 14 de abril. Quienes no la presenten, sufrirán el descuento correspondiente, sin importar si las clases tenían asignadas ese día o no.
La medida generó una fuerte reacción por parte de Amsafe, el gremio que núcleo a la docencia pública de la provincia. El secretario general Rodrigo Alonso calificó la decisión del gobierno como “una forma de castigo” y sostuvo que se trata de una política “autoritaria, que presiona y vulnera el derecho constitucional a huelga”.
“El gobierno castiga a quienes luchan”
En declaraciones radiales, Alonso fue contundente: «Sobran motivos para parar. La situación económica es crítica y las políticas del Gobierno nacional atacan de lleno a la educación pública. Eliminan fondos, desfinancian las escuelas, congelan salarios y ahora también intentan disciplinar a los que reclaman».
Entre los principales reclamos que motivan la adhesión docente al paro nacional, Amsafe enumera la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la falta de convocatoria a la paritaria nacional, la caída de los fondos para infraestructura, formación y materiales didácticos, y el deterioro del poder adquisitivo. «Nos imponen un salario mínimo de $500.000 cuando la línea de pobreza está muy por encima. Es un salario de indigencia», advirtió Alonso.
Además, el dirigente sindical cuestionó con dureza las políticas provinciales de presentismo y la falta de voluntad para resolver los conflictos paritarios. «El salario docente ya perdió más de un 23% solo en el primer trimestre del año. No queremos solo empatarle a la inflación: queremos recuperar lo perdido en 2024», señaló.
Advertencia sobre el presentismo y reclamos estructurales.
Alonso también encendió la alarma sobre el impacto de las políticas de control de ausentismo: «Docentes que están enfermos van igual a trabajar por miedo a perder parte de su sueldo. Esto ya lo vivimos en los años ’90 y trajo consecuencias muy graves», expresó.
Por último, reclamó al gobierno provincial que retome los concursos de titularización y traslado, suspendidos desde el cambio de gestión, y cuestionó la reciente reforma previsional: «Es vergonzoso que los docentes jubilados sigan pagando un aporte solidario y recibirán aumentos con dos meses de atraso. El ajuste también se mete con quienes trabajaron toda su vida».
El conflicto abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno de Santa Fe y los gremios estatales. Mientras la administración de Pullaro soporta su postura en medio del contexto nacional, los sindicatos anticipan un clima de creciente movilización y resistencia.
