Gremios, sindicatos y legisladores de diferentes bancadas reclamaron explicaciones y pidieron restituir los hasta $57.000 millones del Servicio Complementario del IAPOS alcanzados por una reasignación presupuestaria dispuesta por decreto. El reclamo adquiere mayor relevancia por los cuestionamientos que atraviesa la obra social provincial, pero deja al descubierto una discusión mucho más profunda: las amplias facultades que fue acumulando el Poder Ejecutivo para modificar partidas y administrar recursos con mayor flexibilidad. Las sucesivas leyes de emergencia aprobadas por la Legislatura vuelven inevitable una pregunta: ¿hasta dónde debe llegar la excepcionalidad para gobernar?.
La polémica por los fondos del IAPOS puede terminar siendo mucho más importante que una discusión puntual sobre $57.000 millones. Durante los últimos días, gremios, sindicatos y legisladores de diferentes espacios políticos comenzaron a reclamar explicaciones al Gobierno provincial y, en algunos casos, directamente exigieron que los recursos regresen a su afectación original.
El cuestionamiento surgió a partir del Decreto 1878/2026, mediante el cual se habilitó una modificación presupuestaria por hasta $57.000 millones desde la fuente correspondiente al Servicio Complementario del IAPOS hacia otra identificada como Recursos Propios de Libre Disponibilidad. El Gobierno rechaza que esto signifique sacar dinero de la obra social para financiar al Tesoro provincial y sostiene que se trata de una readecuación entre fuentes presupuestarias dentro del propio organismo. Esa aclaración resulta necesaria porque, con la documentación conocida, no corresponde afirmar que los recursos fueron directamente retirados del IAPOS.
Sin embargo, tampoco alcanza para cerrar la discusión. Si una cantidad semejante de recursos originalmente afectados al Servicio Complementario puede cambiar de imputación presupuestaria, resulta lógico que trabajadores y jubilados quieran conocer por qué se tomó la decisión, cuál será concretamente su utilización y bajo qué condiciones esos fondos regresarán a su destino original.
Y es precisamente allí donde el caso deja de ser exclusivamente una discusión sobre el IAPOS para convertirse en otra cosa: un debate sobre el nivel de discrecionalidad que acumuló la administración de Maximiliano Pullaro para manejar recursos públicos.
Un reclamo que atravesó sindicatos y bancadas políticas
AMSAFE fue uno de los gremios que reclamó explicaciones. La organización docente pidió información pública y precisa sobre el movimiento de los recursos y recordó que son los propios trabajadores quienes sostienen la obra social mediante sus aportes. FESTRAM también cuestionó la decisión y exigió que el dinero sea utilizado para garantizar las prestaciones de los afiliados.
La preocupación tiene un contexto imposible de separar del reclamo. El IAPOS viene recibiendo cuestionamientos de trabajadores y jubilados por dificultades vinculadas con determinadas prestaciones, coseguros y costos adicionales. Por eso, independientemente de la legalidad administrativa de la reasignación, existe una pregunta elemental: si dentro de la obra social existen recursos disponibles por semejante magnitud, ¿por qué no utilizarlos prioritariamente para mejorar los servicios que reciben quienes mensualmente realizan sus aportes?
El planteo también llegó a la Legislatura. El diputado Miguel Rabbia presentó un pedido de informes para conocer las razones económicas de la modificación, el destino previsto para los recursos y las condiciones de devolución. Fabián Palo Oliver, acompañado por Claudia Balagué y Carlos Del Frade, avanzó con otra iniciativa reclamando que los fondos regresen al Servicio Complementario y que los mayores ingresos obtenidos por el organismo sean utilizados para mejorar las prestaciones.
El reclamo, por lo tanto, merece ser atendido. Pero quedarse solamente en los $57.000 millones sería observar una parte pequeña de un problema institucional bastante más grande.
El Gobierno dice que el dinero no salió del IAPOS
La explicación de la Casa Gris también debe formar parte de la discusión. El Gobierno sostiene que no existe una transferencia de recursos desde el IAPOS hacia Rentas Generales ni una utilización de ese dinero para financiar gastos ajenos a la obra social. Según la versión oficial, se trata de una readecuación entre dos fuentes presupuestarias del mismo organismo y los fondos continúan afectados a sus necesidades.
También se argumentó que este tipo de mecanismos administrativos no constituye una novedad y que existieron procedimientos similares durante administraciones anteriores.
La aclaración impide hablar directamente de un “vaciamiento” o de una extracción de $57.000 millones de la obra social sin más pruebas. Pero no elimina el interrogante sobre la discrecionalidad presupuestaria. Una cosa es determinar si el dinero continúa formalmente dentro del IAPOS y otra diferente es discutir qué capacidad posee el Ejecutivo para cambiar el destino específico de partidas previamente asignadas y con qué controles puede hacerlo.
Más todavía cuando la norma habilita una operación de semejante magnitud y existe preocupación entre quienes aportan mensualmente al sistema.
El verdadero problema no comenzó con estos $57.000 millones
Desde el comienzo de la gestión Pullaro, la Legislatura fue otorgando al Poder Ejecutivo una sucesión de herramientas extraordinarias para intervenir sobre distintas áreas del Estado. Seguridad, sistema penitenciario, obra pública, sistema previsional y diferentes situaciones de emergencia fueron justificando procedimientos especiales, modificaciones presupuestarias, mecanismos de contratación más ágiles y mayores márgenes administrativos.
El Diputado Marcos Corach contabilizó recientemente trece emergencias solicitadas durante la actual administración y convirtió ese número en un cuestionamiento político hacia la Casa Gris. No todas esas normas son iguales ni otorgaron exactamente las mismas atribuciones, por lo que sería incorrecto sostener que cada una permitió al gobernador simplemente “hacer lo que quiera” con los recursos públicos. Pero buena parte de ellas comparte una característica: amplió las herramientas del Ejecutivo para actuar por mecanismos excepcionales y redujo algunos de los tiempos y rigideces que caracterizan al procedimiento administrativo ordinario.
En determinados momentos existieron razones concretas para hacerlo. Pullaro asumió en medio de una grave crisis de seguridad, encontró un sistema penitenciario que necesitaba respuestas inmediatas y posteriormente debió afrontar otras situaciones que requerían decisiones rápidas. La excepcionalidad puede ser una herramienta legítima del Estado cuando las circunstancias efectivamente son excepcionales.
El interrogante aparece cuando la excepción se repite una y otra vez hasta comenzar a parecerse al funcionamiento habitual del Gobierno.
El poder no solamente se toma: también se delega
Por eso la discusión tampoco debería colocar toda la responsabilidad sobre Pullaro. El gobernador utiliza herramientas que, en numerosos casos, fueron concedidas por la propia Legislatura. La mayoría oficialista acompañó las emergencias y otorgó al Ejecutivo facultades que consideró necesarias para acelerar decisiones, ejecutar obras, realizar contrataciones o reorganizar recursos.
Ese dato coloca a diputados y senadores frente a su propia responsabilidad institucional. Si ahora la Legislatura reclama explicaciones sobre el movimiento de partidas, también debería preguntarse cuántas facultades extraordinarias concedió durante estos años, cuáles continúan vigentes, qué controles estableció sobre ellas y si verdaderamente sigue existiendo la emergencia que justificó originalmente cada delegación.
Porque una cosa es darle herramientas extraordinarias a un gobernador durante un período determinado para solucionar una crisis concreta. Otra muy distinta es convertir esas herramientas en una característica permanente de la administración pública.
La experiencia reciente con la Emergencia Hídrica mostró precisamente esa tensión. La necesidad de actuar rápidamente convivió con reclamos para establecer mecanismos de seguimiento sobre contrataciones, obras y utilización de fondos. Finalmente se incorporaron instancias de control legislativo. El antecedente demuestra que rapidez y fiscalización no necesariamente son incompatibles.
El problema, entonces, no debería plantearse como una elección entre gobernar rápido o controlar. Un Estado eficiente necesita las dos cosas.
Discrecionalidad no significa ilegalidad, pero exige mayores controles
También corresponde realizar otra distinción. Que el Ejecutivo disponga de facultades discrecionales no significa automáticamente que exista una irregularidad, mucho menos corrupción. La discrecionalidad administrativa forma parte del funcionamiento del Estado y permite elegir entre diferentes alternativas dentro de las competencias establecidas por la ley.
La discusión institucional comienza cuando esa discrecionalidad se vuelve demasiado amplia, reiterada o difícil de controlar.
Cuanto mayor sea la libertad concedida al Poder Ejecutivo para modificar partidas, contratar, reasignar recursos o acelerar procedimientos, mayor debería ser también la obligación de explicar cada decisión. De dónde salió el dinero, hacia dónde fue, por qué se modificó su destino, quién controla la operación, durante cuánto tiempo permanecerá vigente y cuándo regresarán las facultades extraordinarias al régimen administrativo normal.
Ese debería ser uno de los debates centrales de la Legislatura santafesina.
Porque el control parlamentario no consiste únicamente en pedir informes después de que una decisión genera polémica. También implica establecer previamente límites suficientemente claros para las facultades que se delegan.
IAPOS es la alarma, pero no necesariamente el problema completo
Los gremios tienen motivos para reclamar explicaciones sobre los $57.000 millones. También los legisladores. Si los trabajadores y jubilados sostienen económicamente la obra social, tienen derecho a conocer qué ocurre con sus aportes y por qué recursos inicialmente destinados al Servicio Complementario son objeto de una reasignación.
Y el contexto vuelve todavía más sensible la decisión. Una obra social atravesada por reclamos de sus afiliados debería explicar con máxima transparencia cualquier movimiento presupuestario de semejante volumen. Si existe disponibilidad financiera, la sociedad también tiene derecho a preguntar por qué esos recursos no se traducen en una mejora perceptible de las prestaciones.
Pero IAPOS puede ser apenas la alarma que permitió visualizar un problema mucho mayor.
Después de casi tres años de gobierno, Pullaro acumuló una enorme capacidad política. Tiene una coalición mayoritaria, control legislativo suficiente para impulsar buena parte de sus proyectos y numerosas herramientas extraordinarias concedidas durante sucesivas emergencias. Esa combinación permitió imprimirle una velocidad poco habitual a la administración provincial, pero al mismo tiempo obliga a revisar si los mecanismos de control crecieron en la misma proporción que las facultades otorgadas.
Porque el poder excepcional siempre resulta más sencillo de entregar que de recuperar.
La pregunta es hasta cuándo
La palabra emergencia supone transitoriedad. Describe una situación excepcional que obliga al Estado a utilizar instrumentos excepcionales durante un tiempo determinado. Si la emergencia se extiende, se renueva o reaparece permanentemente bajo diferentes formas, corre el riesgo de dejar de ser una excepción para convertirse en un método.
Allí está probablemente el punto central que excede ampliamente la polémica actual.
No se trata de afirmar que Pullaro puede disponer arbitrariamente de cualquier peso del presupuesto santafesino. Tampoco de suponer que toda reasignación constituye una irregularidad. Se trata de discutir cuánto margen de decisión acumuló el Poder Ejecutivo, cuánto de ese margen fue concedido por la propia Legislatura y cuáles son los controles efectivos que existen sobre su utilización.
Hoy la discusión gira alrededor de hasta $57.000 millones del IAPOS. Mañana podría involucrar otra partida, otro organismo o una nueva emergencia.
Por eso los pedidos de informes son necesarios, pero insuficientes. La Legislatura debería aprovechar esta polémica para revisar el conjunto de facultades extraordinarias que fue concediendo durante estos años y determinar cuáles todavía tienen sentido.
Pullaro hizo de la velocidad y la capacidad de decisión dos marcas de su administración. En muchos casos, esas herramientas permitieron resolver cuestiones que llevaban años paralizadas. Pero la eficiencia administrativa no debería depender de reducir controles, del mismo modo que el control político no debería convertirse en una excusa para paralizar al Estado.
El equilibrio entre ambas cosas es justamente lo que diferencia una herramienta excepcional de una forma permanente de concentración de poder.
Los $57.000 millones merecen una explicación. La situación del IAPOS también.
