En el marco de la quinta semana de la Convención Constituyente que busca reformar parcialmente la Constitución de Santa Fe, uno de los temas centrales que acapara la agenda de todo el debate constitucional, tiene que ver con el nuevo modelo de justicia, y fundamentalmente, con la del Ministerio Público de la Acusación. La discusión está enmarcada en un proceso de fortalecimiento de las instituciones que garanticen la independencia judicial, pero también enfrenta desafíos en cuanto a su diseño y alcance, con miras a consolidar un sistema más transparente, eficiente y libre de interferencias políticas.
Este lunes, participaron del programa de streaming “El diario de la reforma” los representante del Colegio de Magistrados y del sindicato de judiciales de Santa Fe, el Dr. Juez Ivan Kvasina y Jorge Perlo, respectivamente. “Lo fundamental es que se respete la independencia de de estos órganos, principalmente del Ministerio Público de la Acusación, no con relación al poder judicial, sino con relación a los otros poderes”, dijo Kvasina
El ojo está puesto, como venimos comentando desde este medio con otras declaraciones, en la tutela del poder ejecutivo sobre el MPA pero, sobre todo, en el manejo político de las investigaciones penales. “Sería claramente nocivo y contrario a la independencia del poder judicial el hecho de instalar al MPA en la órbita del Ejecutivo”, agregó el magistrado.
La propuesta del Colegio de Magistrado es fortalecer la autonomía funcional y la autarquía financiera de estos órganos, pero dentro del marco del Poder Judicial, argumentando que su independencia se garantiza mejor en ese ámbito. Además, advirtió sobre los riesgos de que, si estos órganos se trasladaran a la órbita del Poder Ejecutivo, podrían quedar sometidos a manejos políticos que comprometan su imparcialidad y la independencia judicial.
Por su parte, Jorge Perlo, del sindicato de judiciales, resaltó la importancia de mantener la autonomía en la designación y gestión del personal, así como en la gestión presupuestaria, mediante concursos públicos transparentes y vinculantes.
“Nosotros pensamos que si sale del poder judicial, si es un órgano extrapoder, va a quedar a merced instituciones, a merced del poder político de turno y va a ser muy difícil que no se entrometan otros poderes. El poder judicial le da un paraguas de un poder del Estado y además, lo principal para nosotros, son nuestros derechos laborales, nuestra ley salarial y nuestra carrera judicial”, marco Perlo y resaltó que cuentan con 350 firmas de trabajadores judiciales que no quieren dejar de pertenecer al poder judicial.
Ambos coincidieron en que la independencia del Ministerio Público de la Acusación es fundamental para garantizar la imparcialidad en la investigación de delitos y en la persecución penal, evitando que la influencia política pueda afectar decisiones clave en el sistema de justicia.
Desequilibrios y peligros de un nuevo modelo de justicia
Para Kvasina, todo este debate reformador y el nuevo modelo de justicia, “tendría un problema de desequilibrio si lo ponemos en el ámbito del ejecutivo, es perjudicial para el sistema republicano y nos pondría en problemas con la Constitución Federal”. “Los desequilibrio los podemos encontrar con un mal diseño del Consejo de la Magistratura o peor aún con un mal diseño del régimen disciplinario y del órgano que va a estar encargado de ejercer el poder disciplinario”, se preocupó el magistrado.
Sostiene además que todo el régimen disciplinario es algo a seguir de cerca, “porque es una herramienta que sirve como mecanismo de rendición de cuentas, como mecanismo por el cual, quienes ejercemos la función jurisdiccional, materializamos nuestra responsabilidad por los actos que llevamos a cabo, pero que también se puede transformar en una herramienta de control político”.
La necesidad de evitar excesos o desequilibrios en la estructura del sistema judicial, tiene que ver especialmente en la integración de órganos como el Tribunal de Enjuiciamiento, donde la participación del Poder Ejecutivo fue vista como potencial fuente de interferencias y riesgos para la independencia. La experiencia internacional y las recomendaciones de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos respaldan la idea de que estos órganos deben estar conformados por representantes de distintos estamentos, sin predominancia del poder político.
“En ninguna provincia de la Argentina el Ejecutivo lo integran y claramente no lo integra en el ámbito federal. La Constitución Nacional le prohíbe al presidente, al poder ejecutivo, ejercer funciones de carácter jurisdiccional, de tipo judicial”, señalo Kvasina.
En el caso de los trabajadores, el tema de las vacantes en la justicia es un largo reclamo que tienen desde el sindicato de judiciales, contando en algunos rincones de la provincia con un funcionamiento menor o igual al 50 por ciento de capacidad. “Al faltar los que administran el juzgado, que son los jueces, hay que buscar firmas en suplencia y todo eso hace de que, sobre todo, en las localidades donde hay que moverse muchos kilómetros, se se sobrecarga el trabajo de los trabajadores judiciales”, marco Perlo
Comentó en esa línea que “hay 802 empleados tienen que ascender y 47 funcionarios. Hay 42 expedientes que el gobernador tiene retenidos desde febrero”, a lo que Kvasina agregó que “estamos hablando de cargos ya existentes, no estamos hablando de creación de cargos, estamos hablando de de medidas administrativas sobre cargos con previsión presupuestaria específica”
El proyecto del colegio de Magistrados
El proyecto de reforma acercado por los magistrados, también apunta a modificar dos artículos en particular. Por un lado, el artículo 72 que hace referencia a las facultades del gobernador, y plantean que se establezca un plazo para proceder a la designación de empleados y funcionarios que son de otro poder del gobierno y en cargos que ya están o que ya tienen previsión presupuestaria.
Por otra parte, piden que se reforme el artículo 92 de la Constitución, para que directamente se faculte a la Corte a designar empleados y funcionarios de la misma manera que el ejecutivo lo hace con sus empleados y funcionarios y que la legislatura lo hace con sus propios empleados y funcionarios. “El único poder de los tres del Estado que no tiene la potestad constitucional de designar a su propio personal es el judicial”, reclamo Kvasina
La discusión en Santa Fe sobre la reforma de la justicia y la autonomía del Ministerio Público de la Acusación refleja un compromiso por fortalecer las instituciones democráticas y garantizar un sistema judicial imparcial y eficiente. La clave está en diseñar mecanismos que aseguren la independencia funcional y financiera, sin caer en excesos que puedan poner en riesgo la legitimidad y la confianza ciudadana.
La próxima etapa del proceso constitucional será decisiva para definir estos aspectos, en un contexto donde la prudencia, el consenso y la visión de largo plazo deben primar para construir una justicia más sólida y confiable para todos los santafesinos.
