El Gobierno Nacional anunció la eliminación temporal de las retenciones a la exportación de granos y carnes, con vigencia hasta el 31 de octubre o hasta que se registren operaciones por un total de USD 7.000 millones. La decisión, oficializada mediante el Decreto Nº 682/2025, busca reforzar la oferta de dólares en el mercado oficial en un contexto de presión cambiaria.
La medida impacta directamente en la soja, el trigo, el maíz, la cebada, el girasol, el sorgo y sus derivados industriales, además de la carne bovina y aviar. Para los productores, significa una mejora inmediata en los precios recibidos, con aumentos de hasta USD 123 por tonelada de soja exportada y alrededor de USD 30 en trigo y maíz.
Sin embargo, el anuncio generó críticas de los gobernadores de la Región Centro, quienes consideraron que se trata de un alivio insuficiente, con un marcado tinte electoral, y reclamaron una política agropecuaria integral que brinde previsibilidad al sector.
El detalle de la medida
El decreto establece que los exportadores deberán liquidar el 90% de las divisas en un plazo máximo de tres días hábiles. En caso de incumplimiento, volverán a regir las alícuotas anteriores: 26% en soja, 9,5% en trigo y maíz.
Los especialistas señalaron que el impacto en precios internos sería mínimo. Según cálculos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la incidencia de la quita en alimentos básicos sería de apenas 0,8% en carne y pan, y de 0,4% en leche.
En términos fiscales, el Tesoro resignará ingresos por unos USD 1.400 millones, equivalentes al 0,2% del PBI, a lo que se suma la caída previa de USD 3.000 millones por reducciones ya permanentes.
Reclamos y declaraciones
El anuncio fue recibido con reparos en Santa Fe y Córdoba. El gobernador Maximiliano Pullaro subrayó que la baja de retenciones “no debe ser para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales”. Y remarcó que la eliminación “debe ser por convicción y no por necesidad”, apuntando a una reforma estructural del esquema tributario.
La vicegobernadora santafesina, Gisela Scaglia, comparó la decisión con un “plan platita con el campo” y advirtió que “nos duele la falta de previsibilidad”. A su juicio, la producción agropecuaria no puede pensarse en horizontes de apenas 30 días.
Por su parte, el gobernador cordobés Martín Llaryora expresó que “la Argentina saldrá adelante acompañando a sus sectores productivos” y reclamó un plan integral que fomente la inversión, el empleo y las economías regionales.
El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, coincidió en el diagnóstico y lamentó que el sector vuelva a enfrentar “manoseos” que afectan su previsibilidad. “Parece que se vuelve a aplicar el hot sale del kirchnerismo. Los productores agropecuarios, que invierten varios RIGI sin beneficios impositivos, aduaneros ni cambiarios, no se merecen este manoseo. Una pena”, publicó en sus redes.
El trasfondo político
El anuncio llega en un momento de tensión cambiaria, tras la venta de más de USD 1.100 millones por parte del Banco Central en solo tres días para sostener la cotización del dólar. La decisión apunta a adelantar ingresos de divisas para reforzar reservas en un período electoral clave.
Pero al mismo tiempo, deja expuesta la necesidad de un debate más amplio: mientras el agro reclama previsibilidad y los gobernadores de la Región Centro exigen políticas estables, el Gobierno opta por medidas transitorias con impacto inmediato en el mercado cambiario, aunque de dudosa sostenibilidad a mediano plazo.
