El conflicto entre los taxistas rosarinos, los conductores de aplicaciones y el gobierno municipal alcanzó su punto más crítico este lunes, cuando una feroz protesta en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno dejó en evidencia la creciente crisis del sector. La jornada estuvo marcada por la retención de automovilistas, la quema de neumáticos y un fuerte operativo policial.
La escena fue caótica. Los taxistas interceptaron a conductores de Uber y Didi que dejaban pasajeros en la Terminal, exigiendo que la Municipalidad intervenga para frenar lo que consideran «transporte ilegal». «Nosotros estamos regulados, tenemos que pagar seguros, licencias y cumplir con requisitos que ellos no cumplen. Nos están empujando a la ruina», expresó José Iantosca, tesorero de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar).
Sin embargo, el gobierno municipal se mantuvo firme en su postura. El intendente Pablo Javkin no solo desestimó el reclamo, sino que anunció denuncias contra los taxistas que protagonizaron la manifestación. «Lo de hoy no tiene nada que ver con un reclamo justo, sino con amenazas y delitos. No vamos a tolerar el patoteo», declaró, marcando una distancia clara con el sector.
El problema central radica en la ambigua posición del municipio respecto a las aplicaciones de transporte. Mientras que Uber y Didi continúan operando sin regulación, otras plataformas como Cabify y Movi fueron habilitadas bajo una ordenanza aprobada en agosto de 2023. Esto ha generado un escenario de competencia desigual: los taxistas deben cumplir estrictos requisitos legales, mientras que las apps ilegales crecen sin restricciones.
La crisis no es nueva. En febrero de este año, Mario Cesca, representante de la Asociación de Titulares de Taxis Independiente (Atti), presentó un pedido ante el Concejo Municipal solicitando que los taxis puedan utilizar cualquier plataforma para captar pasajeros, incluyendo las no habilitadas. Argumentaba que la falta de controles municipales había generado una competencia desleal que afectaba gravemente la rentabilidad del sector. La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, fue tajante en su respuesta: «El taxi no está en crisis porque existen aplicaciones. Está en crisis porque no se adapta a lo que los usuarios necesitan».
Desde la aprobación de la ordenanza que regula las aplicaciones de taxis y remises, los conductores tradicionales cuentan con herramientas para mejorar su competitividad: pueden usar aplicaciones, ofrecer descuentos y realizar convenios con tarjetas bancarias. No obstante, un año y medio después, los taxistas siguen apuntando contra la competencia y exigiendo que el Estado local prohíba a Uber y Didi.
El conflicto está lejos de resolverse. Los taxistas advierten que continuarán con sus «operativos» para interceptar a conductores de apps ilegales, mientras que la Municipalidad refuerza su postura de no ceder ante lo que considera métodos extorsivos. En medio, los usuarios quedan atrapados entre un servicio tradicional que no logra modernizarse y plataformas que operan en un limbo legal, sin garantías claras ni regulaciones definidas.
