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HOY:  sábado 02 de agosto del 2025

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Salario de los convencionales constituyentes: debate abierto sobre la doble percepción

A medida que se acerca la elección del 13 de abril para elegir a los 69 convencionales constituyentes encargados de reformar la Constitución de Santa Fe, se abre un nuevo debate: el pago de sus dietas

A medida que se acerca la elección del 13 de abril para elegir a los 69 convencionales constituyentes encargados de reformar la Constitución de Santa Fe, se abre un nuevo debate: el pago de sus dietas y la posibilidad de que algunos perciban un doble sueldo por ocupar simultáneamente un cargo en el Estado.

El gobierno de Maximiliano Pullaro busca anticiparse a la polémica y evitar que el tema se convierta en un eje de la campaña. Si bien la Convención Constituyente deberá definir su propio reglamento de funcionamiento, la administración provincial estudia una medida para impedir que quienes ya tienen un salario del Estado cobren también por su rol como convencionales. La intención es minimizar el gasto público adicional y evitar que el debate electoral se desvíe del verdadero eje: los cambios en la Constitución.

 

Convencionales con sueldo público: las opciones en análisis

La legislación vigente establece que los convencionales tendrán los mismos derechos y prerrogativas que los legisladores provinciales, lo que significa que recibirán una remuneración equivalente a la de un diputado o senador. En algunos casos, esto podría traducirse en una doble percepción salarial, situación que el Ejecutivo santafesino busca regular.

Entre las opciones en estudio se encuentra la posibilidad de que aquellos que ya reciben un sueldo del Estado renuncien a la dieta de convencional. También se evalúa la donación del salario a entidades de bien público, aunque esta alternativa genera dudas sobre su implementación efectiva.

La medida afectaría a numerosos dirigentes que encabezan listas. Entre ellos, el propio gobernador Pullaro, quien lidera la nómina de Unidos para Cambiar Santa Fe; la diputada Amalia Granata (Somos Vida); el diputado nacional Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza); el senador nacional Marcelo Lewandowski; y el concejal rosarino Juan Monteverde, entre otros.

También quedarían alcanzados funcionarios del Ejecutivo como los ministros Fabián Bastia y Victoria Tejeda, además de la titular del Servicio Penitenciario, Lucía Masneri. En el ámbito municipal, intendentes como Leonardo Raimundo (San Lorenzo), Roly Santacroce (Funes), Enrique Vallejos (Reconquista) y Pablo Corsalini (Pérez) también tendrían que optar por percibir un solo salario.

 

Un debate con impacto en todas las listas

La cuestión de la doble percepción salarial afecta a casi todas las fuerzas políticas. En la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe, por ejemplo, se encuentran figuras como la diputada nacional Germana Figueroa Casas y la legisladora provincial Lionella Cattalini. En el peronismo, los diputados Alejandra Rodenas, Diego Giuliano y Lucila De Ponti enfrentarían el mismo dilema, al igual que Beatriz Brouwer (cuarta en la lista de Mayoraz por La Libertad Avanza) y Claudia Balagué (actual diputada y primera candidata del Frente Amplio por la Soberanía).

Uno de los pocos candidatos sin cargo público es Roberto Sukerman, quien ya adelantó su postura a favor de que los convencionales renuncien a sus dietas. Sin embargo, el debate sigue abierto y el gobierno busca la fórmula adecuada para implementarlo sin generar desigualdades entre los electos.

 

Una remuneración significativa

Según estimaciones, los convencionales podrían percibir un salario similar al de un diputado provincial, con un piso de entre 4 y 5 millones de pesos mensuales. Queda por definir si estarán sujetos a descuentos por impuesto a las Ganancias y aportes a la obra social y la Caja de Jubilaciones, como ocurre con los legisladores.

La duración de la Convención está prevista en un plazo de 40 días corridos, con la posibilidad de una prórroga de 20 días más. Dado que su inicio podría postergarse hasta principios de 2026, el tiempo para definir este aspecto aún no se agota, pero la presión política por resolverlo antes de la campaña sigue en aumento.

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