El diputado provincial Miguel Rabbia presentó un proyecto de comunicación en la Legislatura santafesina para exigir explicaciones al Poder Ejecutivo por el retiro y posterior secuestro de una bandera exhibida en el estadio Marcelo Bielsa durante la previa del partido entre Newell’s Old Boys y Boca Juniors. La bandera llevaba la consigna «Las tierras no se venden, las tierras se defienden», un mensaje vinculado al debate nacional sobre la posible flexibilización de las restricciones a la extranjerización de las tierras argentinas.
La iniciativa legislativa busca determinar quién ordenó retirar la bandera, bajo qué fundamentos legales actuaron las fuerzas de seguridad y si existe algún protocolo que habilite a impedir la exhibición de expresiones políticas o sociales en espectáculos deportivos.
Pero el planteo de Rabbia va más allá del procedimiento. En medio de una discusión pública sobre el futuro de la propiedad de la tierra en Argentina, el legislador pone el foco sobre el rol del Gobierno provincial y abre un interrogante político que, sostiene, hoy se hacen muchos santafesinos: ¿de qué lado está el gobernador Maximiliano Pullaro?
Una bandera retirada en medio de un debate nacional
El hecho ocurrió en la previa del encuentro disputado entre Newell’s y Boca Juniors, cuando personal vinculado al operativo de seguridad retiró una bandera que hacía referencia a la defensa de las tierras argentinas.
La consigna exhibida no hacía alusión al desarrollo del espectáculo deportivo, sino a un tema que actualmente forma parte del debate político nacional: el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para eliminar o flexibilizar las restricciones a la extranjerización de la tierra.
Para Rabbia, el episodio trasciende el ámbito futbolístico y obliga al Gobierno santafesino a brindar respuestas claras sobre las razones que motivaron la decisión.
«Estamos frente a un hecho que, como mínimo, despierta una enorme preocupación. Se retiró y se secuestró una bandera que expresaba una posición política sobre un tema que hoy se encuentra en discusión. El Gobierno tiene la obligación de explicar qué ocurrió y por qué ocurrió», afirmó.
¿Quién dio la orden?
El proyecto presentado en la Cámara de Diputados solicita información precisa sobre la actuación de la Dirección de Espectáculos Deportivos, del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía de Santa Fe.
Entre otros puntos, requiere conocer qué autoridad ordenó retirar la bandera, cuáles fueron los fundamentos jurídicos de esa decisión, qué normativa fue aplicada y si existen antecedentes similares en la provincia.
La presentación también busca establecer si las fuerzas de seguridad cuentan con protocolos específicos para intervenir frente a manifestaciones que expresan posiciones políticas o sociales dentro de los estadios.
El interrogante político que apunta al Gobierno provincial
Para Rabbia, el episodio adquiere una dimensión política mayor porque ocurre mientras el país debate una cuestión vinculada a la soberanía sobre la tierra.
En ese contexto, el diputado sostiene que resulta llamativo que el gobernador Maximiliano Pullaro, máxima autoridad política de la provincia y responsable del área de Seguridad, no se haya pronunciado públicamente sobre el debate de fondo ni sobre el operativo que terminó con el retiro de la bandera.
La pregunta que formula el legislador, señala, no surge únicamente desde la oposición sino que comenzó a instalarse en distintos ámbitos políticos y sociales: ¿de qué lado está Pullaro?
Según Rabbia, el Gobierno provincial debe explicar no solamente quién tomó la decisión operativa, sino también cuál es su posición frente a un mensaje que hacía referencia a la defensa de un recurso estratégico como la tierra.
«La línea entre prevención y censura es muy delgada»
El diputado advirtió además sobre los riesgos institucionales que podría implicar la intervención del Estado sobre expresiones vinculadas al debate público.
«Cuando el Estado decide qué mensajes pueden mostrarse y cuáles deben ser retirados, la línea que separa la prevención de la censura se vuelve extremadamente delgada. Y cuando el mensaje se refiere a la defensa de la tierra y de la soberanía, la situación es todavía más preocupante», sostuvo.
En ese sentido, consideró que corresponde conocer si existieron instrucciones políticas para actuar de esa manera o si se trató de una decisión adoptada exclusivamente por las autoridades del operativo de seguridad.
Un pedido de respuestas al Poder Ejecutivo
Con este proyecto, Rabbia busca que el Ejecutivo provincial brinde explicaciones oficiales sobre un episodio que, según plantea, excede el ámbito deportivo y se vincula directamente con el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de fuerte discusión pública.
Para el legislador, la transparencia sobre lo ocurrido resulta indispensable para despejar dudas respecto del accionar de las fuerzas de seguridad y del propio Gobierno provincial.
«La defensa de la libertad no puede depender del contenido del mensaje. Cuando una expresión vinculada a un debate de interés público es retirada por decisión del Estado, las explicaciones dejan de ser una opción y pasan a ser una obligación institucional», concluyó.
