El Ejecutivo busca legalizar el uso de apps de transporte mientras continúan operando en la informalidad. El debate político estalla entre la candidata oficialista y la oposición peronista.
El uso de aplicaciones móviles como Uber y Didi sigue generando rispideces políticas en Rosario, a pesar de que estas plataformas ya operan en la ciudad desde hace años en condición irregular. Ahora, un nuevo proyecto impulsado por el Ejecutivo local promete abrir formalmente la puerta a su legalización, junto con beneficios fiscales para taxistas y remiseros. La iniciativa fue presentada por la secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, Carolina Labayru, quien además encabeza la lista oficialista de concejales. La reacción no se hizo esperar: el concejal peronista Mariano Romero acusó al oficialismo de “hacer campaña con promesas oportunistas” y de favorecer a “las plataformas multinacionales”.
El texto enviado al Concejo Municipal propone eliminar una serie de tributos que gravan la actividad taxista, entre ellos la revisión técnica en el CITA, la renovación y transferencia de licencias, la habilitación de apoderados y la adjudicación de nuevas chapas. La medida apunta a reducir costos en un contexto económico adverso, pero también incluye un cambio más profundo: permitir una oscilación tarifaria de hasta el 35% respecto a la tarifa oficial, siempre que el usuario conozca el precio estimado antes del viaje. Este esquema, similar al modelo de “tarifa dinámica” usado por Uber y otras apps, es interpretado por sectores opositores como una legalización encubierta.
Una legalización que divide aguas
“Queremos equilibrar la cancha para que el partido sea más justo para todos”, expresó Labayru al defender el proyecto. Y fue más allá: “Para mí Uber tiene que ser legal. Hay una ordenanza que establece un marco normativo, entonces Uber tiene que ser legal”. Sus declaraciones confirmaron lo que muchos en el Concejo ya sospechaban: la normativa busca dar marco a una actividad que, hasta hoy, opera por fuera de la ley.
Desde el oficialismo sostienen que se trata de una adaptación a los nuevos hábitos de movilidad urbana. “El mundo cambió, los usuarios quieren más opciones, métodos de pago electrónicos y comodidad”, argumentó la funcionaria, quien también planteó eliminar exigencias como la vestimenta formal de los choferes o el monopolio de determinadas paradas.
Apoyo gremial y rechazo empresarial
El proyecto también dejó al descubierto las divisiones internas del sector taxista. Mientras el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) respaldó la iniciativa, la Asociación de Titulares de Taxis de Rosario la rechazó de plano. El dirigente Mario Cesca acusó al municipio de “profundizar la crisis del sector” y advirtió que los beneficios fiscales “no llegan al 1% del costo total”. En diálogo con la prensa, incluso admitió que muchos titulares de licencias ya trabajan con Uber de noche para subsistir.
“El municipio no puede regular a Uber porque no le dan bolilla. Estos muchachos no entienden nada de movilidad. Destruyeron a los taxis”, lanzó con dureza Cesca. También criticó la idea de flexibilizar las tarifas: “Uber y Didi regalan los viajes y cobran por debajo del costo. Nosotros tenemos que absorber los descuentos, mientras que las apps los cubren con fondos externos”.
Desde el gremio de choferes, en cambio, el titular del SPT Horacio Yanotti sostuvo que “el proyecto puede ayudar a ordenar el sistema” y pidió avanzar en una reglamentación que termine con la competencia desleal. “Hoy faltan choferes, muchas unidades no cumplen los horarios y la situación es crítica. Legalizar las apps puede ser una solución parcial”, afirmó.
Fuego cruzado en el Concejo
Pero las críticas más duras llegaron desde el peronismo. El concejal Mariano Romero acusó al oficialismo de “gobernar para las plataformas multinacionales y no para los trabajadores locales”. Según el edil, detrás del supuesto alivio fiscal se esconde un intento por legalizar a Uber sin debatir con todos los actores del sistema.
“Primero la trampa, después el queso. Labayru hace anuncios en campaña que el año pasado el Ejecutivo se negó a tratar. Ahora, en medio de la crisis, prometen lo que frenaron cuando tenían mayoría”, señaló Romero, quien calificó a Uber como “la remisería trucha más grande del mundo”.
También denunció un doble estándar del Ejecutivo: “Son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Desmantelan ferias populares pero no controlan a las multinacionales que precarizan el trabajo”.
Romero anticipó que no acompañará la propuesta y llamó a construir una reforma del transporte que tenga a los trabajadores como eje. “El problema no es la tecnología, el problema es que se la usa para evadir regulaciones y concentrar ganancias. No se trata de modernizar, sino de decidir para quién se gobierna”, concluyó.
El trasfondo: una discusión aún sin cerrar
La discusión por la legalización de las aplicaciones de transporte se ha convertido en una constante en Rosario desde que comenzaron a operar de manera irregular. Las posturas siguen enfrentadas: para unos, es un paso inevitable hacia la modernización del sistema; para otros, una rendición ante las reglas del mercado.
Mientras tanto, Uber y otras apps siguen funcionando fuera del marco normativo, y el nuevo proyecto del Ejecutivo reaviva un conflicto que ya lleva años sin resolverse. Esta vez, con el agregado del calendario electoral, que tensiona aún más los posicionamientos.
