El gobernador Maximiliano Pullaro firmó días atrás el decreto que oficializa la convocatoria a la sesión constitutiva de la Convención Reformadora, que se llevará a cabo el 14 de julio en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Desde ese día, los 69 convencionales electos tendrán 40 días para debatir una reforma parcial de la Constitución, con posibilidad de prórroga por 20 días más.
El plazo acotado para una instancia institucional de semejante magnitud ya había generado reparos en distintos sectores políticos y académicos, que ahora se potencian con el tono de urgencia que impone el Ejecutivo. Según se desprende del Decreto N° 766/2025, la decisión se tomó apenas terminado el escrutinio definitivo del 13 de abril, y la fecha elegida responde a una estrategia del oficialismo por consolidar el proceso antes de que se diluyan sus apoyos internos.
En declaraciones recientes, Pullaro sostuvo que su decisión se basa en propuestas surgidas de reuniones con la oposición y que busca acercar el debate a la ciudadanía con posibles sesiones en Rosario. Sin embargo, el contenido concreto de esas reuniones no fue difundido y, lejos de representar un consenso amplio, el proceso parece responder más a una lógica vertical y cerrada.
El tiempo de la convocatoria: entre el apuro oficialista y el debate postergado
La reciente convocatoria a la convención constituyente en Santa Fe para el próximo mes de julio ha despertado cuestionamientos tanto por su oportunidad como por su legitimidad. Desde distintos sectores académicos y políticos advierten que la fecha elegida responde más a una estrategia del oficialismo que a una planificación democrática que garantice participación ciudadana y deliberación pública.
Para el abogado constitucionalista Oscar Blando, el problema se origina en la misma ley de necesidad de la reforma, donde “la Legislatura hizo una delegación insólita en favor del gobernador”. Según Blando, fue el propio Ejecutivo quien exigió que se le otorgara un plazo de un año para convocar la convención, pero sin que ese plazo implicara una obligación inmediata. “Si hace cinco o seis meses, cuando se dictó la ley de necesidad, se estableció que había un año para convocar, no sería irrazonable que se eligiera marzo o abril del año que viene. Esta convocatoria para julio no deja margen para el debate ciudadano”, advirtió.
En la misma línea, el constitucionalista Mariano Bar consideró que hubiese sido preferible correr la fecha hacia adelante. “Hubiese estado bueno que hubiera un poco más de tiempo para posibilitar un debate ciudadano. Ya había todo un trabajo previo de años, con aprendizajes y propuestas, pero muchas instituciones —como los colegios de abogados— habían activado charlas y actividades que no podrán realizarse”, lamentó.
Desde una mirada más crítica, el docente universitario y abogado constitucionalista, Juan Gabriel Soriano, fue más directo en señalar una intencionalidad política en la elección de los tiempos: “Entiendo que esta anticipación forma parte de una estrategia del oficialismo para no seguir perdiendo acompañamiento político. La elección de convencionales no fue tan buena como esperaba el gobernador, y esta es, claramente, la reforma de Pullaro. Ya ni siquiera se habla de reelección en términos institucionales: el ministro Bastia ha dicho abiertamente que quieren que el reelecto sea Pullaro”.
Para Soriano, si el proceso se sigue acelerando sin consenso social, podría generarse el efecto contrario al que busca el oficialismo: “Si la gente se sigue desencantando con la gestión, no les va a resultar tan fácil imponer esta idea reeleccionista. El apuro, en ese contexto, no ayuda”.
Participación ciudadana: la gran ausente del proceso constituyente
Más allá de las objeciones sobre el tiempo de convocatoria, lo que unifica las críticas de todos los entrevistados es la falta de participación ciudadana real, tanto en la etapa previa como en lo que se proyecta hacia la convención.
Oscar Blando fue contundente: “La ciudadanía ha sido ajena. No ha habido participación, no ha sido escuchada, no hubo debate público, ni siquiera debate de candidatos. Se quiere una constitución del siglo XXI, pero el proceso se está llevando con herramientas del siglo XIX”. En su análisis, Blando señaló que “hablaron los legisladores cuando votaron la ley, hablaron los candidatos el 13 de abril, y van a hablar los convencionales, pero no habló la ciudadanía. Esa ausencia se reflejó en la apatía de las urnas: solo votó el 55% del padrón y hubo un 10% de votos nulos y blancos”.
Juan Gabriel Soriano coincidió y profundizó: “Fue una ley de necesidad de la reforma declarada exclusivamente por la política. Los sectores sociales, del trabajo, de la educación, de la salud, los empresarios, no fueron tenidos en cuenta. Nadie los convocó. Espero que, al menos ahora, durante la convención, se los escuche, porque eso enriquece el producto final”. Para Soriano, hay un doble déficit: la falta de apertura a la ciudadanía y el corset de la ley de necesidad, que “pretende ser una cuasi reforma anticipada, porque dispone puntos específicos y advierte la nulidad absoluta de lo que se quiera reformar por fuera de eso”.
Mariano Bar también remarcó que el proceso perdió la oportunidad de interesar a la gente. “No sé si tanto porque nutre de ideas a la convención, que puede hacerlo, sino porque sirve para que la gente se interese en lo que va a pasar. Si la gente está interesada, el proceso se vuelve histórico. Hoy dicen que es histórico, pero en realidad parece más bien un proceso poco frecuente, como el que se da cada sesenta años”, observó.
El diagnóstico generalizado coincide en que la legitimidad social de la reforma está en deuda. Más allá de los mecanismos legales cumplidos, lo que no ocurrió —ni parece que vaya a ocurrir si se mantiene el calendario— es la deliberación pública, abierta, inclusiva, que permita a la ciudadanía sentirse parte de un proceso que definirá las reglas institucionales de las próximas décadas.
Agenda cerrada y tiempos políticos
A contrarreloj, la Convención tendrá que tratar en apenas 5 semanas temas de enorme trascendencia institucional como la habilitación del voto joven, la Ficha Limpia, la eliminación de fueros, la autonomía municipal y la posibilidad de reelección del gobernador. La fecha límite es el 23 de agosto, con margen para extender hasta el 12 de septiembre si los convencionales lo aprueban.
Mientras tanto, los 33 representantes del oficialismo ya iniciaron reuniones para definir estrategias y autoridades internas, dejando entrever que la intención es llegar con todo resuelto al 14 de julio para avanzar sin demoras.
Lo que se vislumbra es un proceso institucional que, aunque válido en términos legales, se aleja del espíritu democrático más profundo: el de construir legitimidad a partir del diálogo social, el consenso amplio y la participación activa de la ciudadanía.
