El proyecto del senador Alcides Calvo obtuvo nuevamente media sanción por unanimidad y ahora deberá ser tratado por Diputados. La iniciativa busca transformar el Programa de Caminos Productivos y de la Ruralidad en una política de Estado, con financiamiento, asistencia técnica y controles que permitan sostener las obras más allá del gobierno de turno.
La infraestructura de los caminos rurales vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de la Legislatura santafesina. La Cámara de Senadores dio nuevamente media sanción al proyecto que busca convertir en ley el Programa de Caminos Productivos y de la Ruralidad, una herramienta destinada a mejorar y mantener las trazas que conectan localidades, establecimientos productivos, escuelas y centros de salud de todo el territorio provincial.
La iniciativa, impulsada por el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, recibió el acompañamiento de la totalidad de los integrantes de la Cámara alta y ahora deberá pasar nuevamente a Diputados, donde se espera que esta vez pueda completar el recorrido legislativo y obtener la sanción definitiva.
No se trata de la primera vez que el Senado avanza con la propuesta. Un proyecto anterior ya había conseguido media sanción, pero perdió estado parlamentario al no completar su tratamiento en la Cámara baja.
El desafío planteado ahora es diferente: que un programa que ya existe dentro del Estado provincial deje de depender de la voluntad de cada gobernador y quede establecido por ley como una política permanente para el interior santafesino.
De un programa de gobierno a una política de Estado
El Programa de Caminos Productivos y de la Ruralidad fue creado originalmente mediante el Decreto provincial N.º 1300/20. El proyecto de Calvo pretende otorgarle rango legal para garantizar su continuidad, previsibilidad presupuestaria y funcionamiento independientemente de los cambios de administración provincial.
Ese es uno de los puntos centrales de la iniciativa.
Santa Fe posee una enorme extensión territorial vinculada directamente con la actividad agropecuaria, industrial y agroalimentaria. En ese escenario, el estado de los caminos rurales no representa solamente un problema para los productores: determina también las posibilidades de conexión de miles de familias que viven, trabajan o estudian fuera de los grandes centros urbanos.
La intención es que el mantenimiento de esas trazas no dependa exclusivamente de programas circunstanciales o decisiones de una determinada gestión, sino que exista una herramienta estable dentro de la estructura estatal santafesina.
Calvo definió precisamente esa pretensión durante el tratamiento en el Senado: convertir el programa en una «verdadera política de Estado».
Producir también requiere caminos
Uno de los fundamentos principales es el impacto que tiene la infraestructura vial rural sobre la economía provincial.
Para que la producción pueda salir de un campo, un tambo, una PyME o un establecimiento agroalimentario no alcanza solamente con producir. Es necesario contar con caminos transitables durante todo el año que permitan el ingreso de insumos, el movimiento de trabajadores y posteriormente el traslado de lo producido.
Cuando esas trazas se deterioran o quedan inutilizadas como consecuencia de las lluvias, las consecuencias económicas pueden extenderse mucho más allá del productor directamente afectado.
Por eso, la propuesta contempla relevamientos e informes técnicos para determinar cuáles son los caminos prioritarios y establecer criterios objetivos de conectividad a la hora de decidir dónde ejecutar obras de mejoramiento, mantenimiento y conservación.
El objetivo final es alcanzar condiciones de transitabilidad permanente en los corredores considerados estratégicos.
No solamente se trata del campo y la producción
El proyecto incorpora además una concepción más amplia de los caminos rurales.
Por esas mismas trazas circulan diariamente docentes y estudiantes que necesitan llegar a escuelas rurales; trabajadores que se trasladan hasta establecimientos productivos; familias que requieren acceder a centros sanitarios; transportistas y prestadores de diferentes servicios.
Por eso, mejorar la infraestructura significa también fortalecer el arraigo y las condiciones de vida de quienes decidieron permanecer en pequeñas localidades y zonas rurales.
La iniciativa contempla particularmente la conectividad con escuelas, centros de salud, tambos, PyMES y establecimientos agroalimentarios, además de otras actividades económicas y sociales distribuidas por el territorio provincial.
Se busca, en definitiva, que vivir lejos de los grandes centros urbanos no implique quedar aislado cuando las condiciones climáticas deterioran los caminos.
Cómo funcionaría el programa
La propuesta establece un esquema de articulación entre diferentes áreas del Gobierno provincial y los gobiernos locales. Participarían el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Provincial de Vialidad, junto con municipios, comunas, entidades públicas y privadas y actores relacionados con las actividades productivas.
Uno de los mecanismos previstos para concretar las obras es el otorgamiento de aportes no reintegrables a los gobiernos locales.
Esos recursos estarán destinados fundamentalmente a la adquisición de materiales e insumos necesarios para ejecutar los trabajos, mediante convenios específicos y bajo la supervisión de la Dirección Provincial de Vialidad.
De esta manera, la Provincia aportaría recursos y asistencia técnica mientras municipios y comunas tendrían participación directa en la ejecución de las intervenciones dentro de sus territorios.
Financiamiento para evitar que la ley quede solamente en los papeles
Otro de los aspectos relevantes del proyecto es la incorporación de recursos específicos.
La iniciativa establece una asignación presupuestaria para el Programa de Caminos Productivos y de la Ruralidad, que podrá complementarse con fondos provenientes de rentas generales, recursos nacionales, donaciones y otras fuentes que determine el Gobierno provincial.
La existencia de financiamiento resulta central para el objetivo político del proyecto: transformar el programa en una herramienta permanente.
Porque institucionalizarlo mediante una ley implica no solamente reconocer la importancia de los caminos rurales, sino establecer mecanismos que permitan sostener las intervenciones en el tiempo.
Una comisión bicameral para controlar los recursos
El texto incorpora además un mecanismo de seguimiento legislativo.
Se propone crear una comisión bicameral de seguimiento y evaluación, con participación del Poder Ejecutivo, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
Entre sus responsabilidades estará controlar la conformación de los fondos y supervisar cómo se utilizan los recursos destinados a los diferentes proyectos.
La incorporación de este mecanismo pretende sumar transparencia y, al mismo tiempo, garantizar que la ejecución del programa pueda ser seguida desde la Legislatura independientemente de quién gobierne Santa Fe.
Calvo: «Darle continuidad y previsibilidad»
Luego de la aprobación en el Senado, Calvo destacó la necesidad de terminar el recorrido legislativo que quedó pendiente anteriormente.
“Convertir este programa en ley significa darle continuidad y previsibilidad a una política que ha sido valorada positivamente por intendentes y presidentes comunales de distintas localidades, como así también productores y servicios de transporte”, sostuvo el senador.
Para el legislador justicialista, se trata de fortalecer “la infraestructura necesaria para el desarrollo productivo y social” y volver a colocar en la agenda provincial una herramienta estratégica para el interior.
La propuesta vincula así cuatro objetivos: mejores caminos rurales, conectividad, desarrollo productivo y arraigo.
Ahora la pelota vuelve a quedar en Diputados
La unanimidad conseguida en el Senado representa un respaldo político importante, pero todavía resta el paso determinante.
Diputados deberá analizar una iniciativa que anteriormente llegó desde la Cámara alta pero terminó perdiendo estado parlamentario. La expectativa de sus impulsores es que esta vez pueda conseguir la sanción definitiva.
El debate excede incluso la continuidad de un programa puntual. Lo que está en discusión es si Santa Fe establece mediante una ley una política permanente para atender una infraestructura fundamental para buena parte de su territorio.
En una provincia cuya economía depende en gran medida de lo que se produce en su interior, garantizar que un camión pueda sacar la producción, que un trabajador llegue a su lugar de empleo, que un docente y sus alumnos puedan llegar a una escuela o que una familia acceda a un centro sanitario convierte al mantenimiento de los caminos rurales en una cuestión que supera ampliamente una gestión de gobierno.
Ese es el espíritu con el que el proyecto vuelve a Diputados: que los caminos productivos y de la ruralidad dejen de depender de la decisión circunstancial de un gobernador y se conviertan definitivamente en una política de Estado de la Provincia de Santa Fe.
