El hallazgo de droga en una oficina penitenciaria, la existencia de un narcopabellón y la incautación de más de mil chuzas y un arma de fuego dentro de la cárcel de Las Flores no solo reflejan el descontrol dentro del sistema carcelario santafesino, sino que ponen en evidencia el colapso del plan de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro. En plena campaña electoral, donde se enfrenta abiertamente con el presidente Javier Milei, la seguridad –que había sido su bandera de gestión– se convierte en un foco de tensión política con la Nación.
La intervención del penal, los traslados de detenidos y los operativos de las fuerzas federales dejaron al descubierto una realidad innegable: las cárceles santafesinas están fuera de control. A la ola de violencia que sacudió Rosario en los últimos días se sumó este escándalo penitenciario en la capital provincial, donde en cuestión de días se encontraron drogas, teléfonos celulares, armas blancas y hasta un revólver. Más grave aún es que parte de la droga fue hallada en una oficina del propio Servicio Penitenciario, lo que abre serios interrogantes sobre la complicidad del personal con las mafias carcelarias.
Mientras Pullaro insiste en que los allanamientos fueron producto de una investigación provincial, desde Nación aseguran que la intervención federal permitió descubrir la verdadera magnitud del problema. La disputa entre ambas administraciones quedó expuesta en un cruce de declaraciones en el que cada parte busca capitalizar políticamente el operativo. Lo cierto es que la coordinación entre provincia y Nación, que había sido un punto clave en la lucha contra el crimen organizado, está resquebrajada en medio de la pelea electoral.
El pabellón 6, señalado como un narcopabellón, es coordinado por el pastor evangélico Juan Carlos López, quien enfrenta denuncias de familiares de internos que lo acusan de cobrar por permitir el ingreso de ciertos presos. En este mismo sector se hallaron estupefacientes y teléfonos celulares, lo que refuerza las sospechas de connivencia entre reclusos y agentes penitenciarios.
El escándalo escaló con el descubrimiento de 60 gramos de cocaína en una oficina de personal del penal. La Fiscalía Federal investiga si se trata de un caso de corrupción dentro del Servicio Penitenciario o de un delito en curso que involucra a funcionarios provinciales. Mientras tanto, el gobierno santafesino desplazó a la cúpula del penal y puso en disponibilidad a seis agentes, en un intento de mostrar control sobre una crisis que ya se volvió ingobernable.
En paralelo, las visitas a la cárcel fueron suspendidas temporalmente mientras las fuerzas federales completan los operativos. Treinta internos fueron trasladados a los penales de Piñero y Coronda para evitar represalias dentro del establecimiento, pero la medida no resuelve el problema de fondo: las cárceles siguen funcionando como centros de operaciones del crimen organizado.
El gobierno de Pullaro enfrenta así un golpe a su discurso de mano dura. Lo que debía ser un modelo de seguridad basado en el control de los presos y la intervención del Estado terminó convirtiéndose en un escenario de descomposición institucional. La imagen de orden que intentó instalar choca con la realidad de un sistema carcelario permeable al narcotráfico y a la corrupción interna.
En plena disputa política con el gobierno de Javier Milei, la crisis penitenciaria se suma a la lista de frentes abiertos para Pullaro. La pregunta es si podrá sostener su relato de eficiencia y liderazgo en seguridad cuando los hechos lo contradicen con crudeza.
