Aunque Unidos para Cambiar Santa Fe cuenta con los números suficientes para aprobar varios puntos clave en la Convención Constituyente que reformará parcialmente la Carta Magna provincial, la realidad interna dista de ser homogénea. Las grietas dentro del frente gobernante son profundas, y algunas parecen lejos de cerrarse. En el centro de las tensiones aparece una pregunta que incomoda tanto al radicalismo como a sus aliados: ¿se habilitará la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro?
Si bien la reelección no es el único punto sensible en debate, sí es el que mayor ruido genera dentro del espacio. La sola posibilidad de habilitar una cláusula que permita un nuevo mandato para el actual mandatario divide aguas, incluso dentro de los sectores que integran la UCR, donde la discusión no está saldada y ya genera roces con otras fuerzas del frente, como el socialismo y el PRO.
Los socialistas, por caso, han dejado clara su postura: rechazan de plano modificar el artículo que hoy impide la reelección consecutiva del Ejecutivo provincial. Lo ven como una garantía institucional de alternancia que no debe tocarse. El PRO, en tanto, juega a dos puntas: mientras algunos sectores se muestran más permeables a debatir la posibilidad, otros observan con recelo una maniobra que podría consolidar aún más el liderazgo pullarista dentro del frente.
A esto se suman otros focos de tensión. La protección de la Caja de Jubilaciones es uno de ellos. Allí también se evidenció un fuerte contrapunto entre el socialismo y el PRO, que tienen visiones divergentes sobre el grado de intangibilidad que debe garantizar la Constitución. Mientras los primeros impulsan blindarla ante cualquier intento de modificación futura, desde el macrismo plantean que esa rigidez podría hipotecar la gobernabilidad y obstaculizar eventuales reformas necesarias del sistema previsional.
Otro capítulo de fricción fue la distribución de bancas legislativas. Aunque finalmente el oficialismo aceptó avanzar hacia un esquema más proporcional, abandonando la mayoría automática en Diputados, el proceso no estuvo exento de resistencias internas. El acuerdo para aplicar el sistema D’Hondt fue leído por muchos como una concesión a la oposición y como una muestra de que la cohesión dentro del frente es más aparente que real.
El armado de Unidos, una coalición amplia que aglutina a radicales, macristas, socialistas, demócratas progresistas y otros espacios menores, comienza a mostrar sus límites en el terreno institucional. Las diferencias programáticas, que durante la campaña electoral pudieron disimularse bajo la promesa de “cambio”, hoy se traducen en tensiones que amenazan con paralizar la reforma o, al menos, limitar su alcance.
Con la Convención ya en marcha y el reloj corriendo, el oficialismo se enfrenta a un dilema: tiene la fuerza para avanzar, pero carece del consenso interno necesario para garantizar una reforma sólida, legítima y duradera. La verdadera disputa no está sólo en los artículos a modificar, sino en cómo el frente logra —o no— gestionar sus contradicciones internas sin que el proceso se desmorone.
