En una entrevista concedida al programa de streaming “El Diario de la Reforma”, que produce politicadesantafe.com, la secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y convencional reformadora por Unidos, Lucía Masneri, explicó en detalle los alcances de las reformas judiciales y de seguridad incorporadas a la nueva Constitución provincial aprobada en 2025. Habló sobre el carácter extrapoder del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el funcionamiento del Consejo Asesor que evaluará a jueces, fiscales y defensores, y el nuevo artículo que reconoce la seguridad pública como un derecho constitucional exigible.
El MPA como extrapoder
Masneri fue categórica sobre la ubicación del Ministerio Público de la Acusación en la constitución provincial. “Creo que hoy hemos aprendido que es absolutamente importante que el MPA sea extrapoder y que de alguna manera esto de tener tus propias decisiones es más una responsabilidad que un beneficio, porque estamos hablando de la única tarea que de ninguna manera puede delegar el Estado. La persecución de los delitos no se puede delegar, en nadie, nunca, jamás.”
La funcionaria destacó que la independencia del MPA es clave para evitar que su política criminal dependa de la administración de recursos del Poder Judicial. En este nuevo esquema, el MPA y el Ministerio Público de la Defensa tendrán presupuestos separados, con asignaciones fijas y rendición de cuentas. “Vos tenés 10, tenés que gastarlos bien. Y si te los gastás antes de fin de año, me tenés que explicar por qué”, argumentó.
Respecto de los trabajadores judiciales, confirmó que serán trasladados a este extrapoder “sin perjuicio de su sede, categorías o carrera”.
El nuevo Consejo Asesor en la justicia
Masneri planteó que debe diferenciarse “la injerencia política partidaria de la institucional”. “En las cabezas necesitamos que se unan las dos cosas: lo técnico-académico y lo político-institucional”, destacó.
Sobre el Consejo Asesor, órgano que controlará el desempeño y las remociones en el sistema de justicia, remarcó que la integración con mayorías y minorías legislativas asegura pluralidad, y “Sería imposible pensar que seis personas estén todas por el mismo grupo político”, dijo sobre los representantes del poder legislativo en este nuevo órgano.
Destacó como avance la posibilidad de realizar concursos anticipados para cubrir vacantes y ampliar las listas de aspirantes, entendiendo que “Generar listas realmente da tranquilidad y hace que todos puedan rendir un concurso.”
Un nuevo artículo de seguridad pública
La convencional subrayó que el reconocimiento constitucional de la seguridad pública es “algo absolutamente nuevo” en la provincia y que “Antes la palabra seguridad solo figuraba para seguridad social y en un inciso sobre que el gobernador manejaba la policía. Hoy hablamos del derecho a la seguridad pública y ciudadana como un derecho instrumentador de otros.”
El texto aprobado reconoce a las dos fuerzas provinciales —policía y servicio penitenciario— y establece que deben estar capacitadas, equipadas, ser transparentes y rendir cuentas. El Ejecutivo, en tanto, asume la obligación de diseñar, planificar y ejecutar la política de seguridad y criminal.
Masneri remarcó que este cambio impactará en la vida cotidiana, porque “Si la policía o el servicio tienen que estar equipados, es una obligación que estén equipados. No se pueden capacitar virtualmente sin estar en la escuela practicando. Cuando ocurra algo, las fuerzas deben rendir cuentas. Esto será exigible todo el tiempo.”
Consensos amplios y exigencia permanente
Consultada sobre si el nuevo artículo podría quedar condicionado a la ideología del gobernador de turno, fue tajante: “No podría ser posible. El artículo de seguridad lo firmó prácticamente todo el arco político, tuvo casi un 80% de aprobación. Más allá de que cada gobernador ponga su impronta, tiene que hacer algo. Lo que pedimos es que un gobernador no pueda no hacer nada.”
Con este nuevo marco constitucional, Masneri considera que Santa Fe da un paso hacia adelante en la independencia judicial y la garantía efectiva del derecho a la seguridad, dejando asentado que, más allá de las gestiones y los matices políticos, estas obligaciones serán permanentes y exigibles.
