La repatriación de los fondos provenientes del crédito internacional tomado por la provincia de Santa Fe reabrió una discusión que, lejos de agotarse en la ingeniería financiera, expone tensiones políticas, costos económicos y decisiones estratégicas que hoy generan fuertes cuestionamientos.
Tal como había sido anticipado en reiteradas oportunidades por este medio, la estrategia político-económica adoptada por la gestión que encabeza Maximiliano Pullaro terminó mostrando fisuras difíciles de disimular. El gobierno provincial decidió mantener en el exterior —en cuentas bancarias de Nueva York— los dólares correspondientes a la colocación de deuda por u$s800 millones concretada a comienzos de diciembre. La explicación oficial fue consistente desde el inicio: los fondos no serían utilizados con fines especulativos, sino que se irían liquidando gradualmente a medida que avanzaran las certificaciones de obra pública. Sin embargo, el desenlace fue otro.
Después de semanas de tensión con el Ministerio de Economía de la Nación, Santa Fe resolvió trasladar esos fondos al sistema financiero local. La decisión se produjo en un contexto marcadamente distinto al existente al momento de la colocación: el dólar había experimentado una baja significativa, alterando de manera directa la ecuación financiera de la provincia.
Según reconstruyen distintos informes periodísticos especializados, durante el período en que los fondos permanecieron en el exterior la cotización de la divisa estadounidense registró una depreciación relevante. Traducido en términos de poder de compra, ese movimiento implicó una pérdida económica cuantificable para las arcas provinciales. Diversas estimaciones privadas ubican ese costo en decenas de millones de dólares, ya sea por la variación cambiaria o por la rentabilidad que esos recursos podrían haber generado en el mercado doméstico.
Desde el Ejecutivo santafesino, en tanto, la lectura técnica fue distinta. Funcionarios del área económica aclararon que los fondos no fueron pesificados, sino simplemente transferidos desde una cuenta en el exterior hacia otra cuenta en dólares en la Argentina. Bajo esta lógica, el argumento central es que la provincia no asumió pérdidas efectivas derivadas de una conversión monetaria, sino que preservó el capital en la misma moneda en la que fue obtenido el financiamiento. No obstante, la controversia persiste.
El episodio no puede analizarse únicamente desde la dimensión financiera. La decisión de mantener los dólares fuera del país quedó atravesada por un clima político enrarecido, signado por cruces públicos entre referentes del gobierno nacional y la administración santafesina. El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, había cuestionado abiertamente la estrategia provincial, señalando que los gastos de Santa Fe son mayoritariamente en pesos y que la permanencia de los fondos en el exterior implicaba un costo innecesario.
Hicieron una página que te muestra en tiempo real cuántos millones de dólares le hizo perder a los santafesinos Maximiliano Pullaro al haber tomado una deuda de 800 millones de dólares en Estados Unidos y dejado los dólares allá sin hacer tasa.
Por no haberlos puesto en LECAPS… pic.twitter.com/hNa5HjogPq
— Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) February 20, 2026
La respuesta provincial fue, en su momento, de firmeza.
El gobierno de Pullaro defendió su postura apelando a criterios de prudencia fiscal y planificación de obra pública. Sin embargo, el posterior traslado de los fondos al sistema local fue interpretado por distintos sectores como una rectificación forzada o, al menos, como una admisión implícita de que la estrategia inicial resultaba difícil de sostener en el tiempo.
En este punto es donde emergen las lecturas más críticas.
Mientras la Provincia sostiene una política de fuerte disciplina del gasto, con negociaciones salariales ajustadas, tensiones con proveedores y reclamos recurrentes por demoras en los pagos, el impacto económico de esta decisión financiera comenzó a ser observado bajo otra luz. Para la oposición y para sectores sindicales, el contraste resulta inevitable: en un escenario de ajuste sobre trabajadores estatales y restricciones presupuestarias, cualquier pérdida asociada a decisiones financieras adquiere una dimensión política amplificada.
Fuentes consultadas por politicadesantafe.com señalaron que, puertas adentro, el movimiento generó debates y cuestionamientos. Sin embargo, hasta el momento no se registraron explicaciones públicas detalladas por parte del Ejecutivo provincial que aborden de manera integral el costo económico de la dilación, los criterios utilizados para la toma de decisiones y la evaluación posterior de la estrategia adoptada.
Allí radica hoy el núcleo de la discusión.
Más allá de las justificaciones técnicas y de las interpretaciones políticas, el episodio deja planteado un interrogante de fondo: ¿habrá una instancia de rendición pública de cuentas sobre una de las decisiones financieras más relevantes de la actual gestión?
En un contexto donde la administración provincial reivindica de manera constante la transparencia, la eficiencia del gasto y la responsabilidad fiscal como ejes centrales de su identidad política, la demanda de precisiones no parece un planteo menor, sino una derivación lógica del propio discurso oficial.
