La reforma penal impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro entró formalmente a la Legislatura provincial hace apenas algunos días, pero desde entonces ya escribe páginas enteras de comentarios políticos, cuestionamientos jurídicos, llamados reservados, reuniones silenciosas y conversaciones en off the record dentro del propio oficialismo.
Porque mientras públicamente la Casa Gris salió a defender el proyecto con un discurso de endurecimiento penal y fortalecimiento de herramientas contra el delito, en privado muchos legisladores de Unidos para Cambiar Santa Fe admiten algo muy distinto: que tal como fue redactada, la iniciativa “no puede prosperar”.
La contradicción empezó a quedar expuesta cuando la vocera provincial Virginia Coudannes salió a confrontar públicamente con quienes cuestionan el proyecto.
“Los que hoy rechazan las nuevas leyes de seguridad son los mismos que se opusieron al combate al narcomenudeo”, afirmó durante una conferencia en Casa de Gobierno. Pero puertas adentro de Unidos el clima parece bastante menos homogéneo.
Un proyecto que encendió alarmas incluso dentro del oficialismo
Desde que el texto empezó a circular entre jueces, fiscales, defensores, abogados penalistas y legisladores, las reacciones no dejaron de multiplicarse.
“Espantoso”, “regresión premoderna”, “inconstitucional”, “autoritario”, “retroceso de 40 años”.
Las definiciones comenzaron a aparecer rápidamente en ámbitos académicos y judiciales. Y aunque públicamente casi ningún legislador oficialista quiere confrontar directamente con el Ejecutivo, en privado las críticas son mucho más duras.
Según reconstruyó este medio, radicales, socialistas e incluso dirigentes del PRO admiten que el proyecto abre conflictos constitucionales difíciles de sostener políticamente.
Las principales objeciones apuntan a: interrogatorios policiales sin presencia obligatoria de defensor; allanamientos sin orden judicial; inteligencia preventiva con controles flexibilizados; procedimientos por decreto fiscal; y ampliación de facultades policiales y fiscales sin intervención judicial previa.
El problema político para el oficialismo es doble. Porque no solo enfrenta cuestionamientos opositores. También debe administrar diferencias internas profundas dentro de una coalición donde conviven radicales, socialistas, PRO y sectores con tradiciones jurídicas e ideológicas completamente distintas.
El recuerdo incómodo del 2014
Y justamente ahí aparece una comparación que dentro de la Legislatura comenzó a repetirse con fuerza.
Muchos recuerdan que fue el propio oficialismo socialista encabezado por Antonio Bonfatti el que en 2014 impulsó el pasaje del viejo sistema inquisitorio al sistema acusatorio actual.
Aquella reforma no surgió de un paquete exprés ni de una lógica de mayoría automática. Por el contrario. El debate se extendió durante más de un año, participaron universidades, jueces, fiscales, defensores, abogados penalistas y sectores políticos diversos. Hubo audiencias, discusiones técnicas y modificaciones importantes sobre el texto original.
Y aunque existían diferencias ideológicas, el resultado terminó siendo ampliamente legitimado porque el proceso fue colectivo y el oficialismo aceptó cambios.
Hoy, muchos dentro de Unidos admiten que la lógica política es completamente distinta. “Las convocatorias son escuchas sordas”, resumió un legislador consultado por este medio.
La frase grafica algo que empieza a escucharse cada vez más seguido en la Legislatura: que los proyectos llegan prácticamente cerrados y que muchos diputados y senadores terminan limitándose a acompañar decisiones ya tomadas desde la Casa Gris.
El ruido que nadie quiere hacer público
Las diferencias internas son tan delicadas que varios legisladores directamente evitan hablar públicamente del tema.
Según pudo reconstruir este medio, incluso hubo dirigentes oficialistas que evitaron compartir debates en medios con otros miembros de Unidos para no quedar obligados a fijar posición sobre la reforma.
En privado, el diagnóstico es bastante coincidente. Se admite que el proyecto deberá ser “morigerado”, “atenuado” o incluso “podado” si pretende atravesar el debate legislativo y resistir controles de constitucionalidad.
El problema es que nadie quiere abrir una crisis política interna alrededor de uno de los temas que Pullaro considera centrales para construir capital político: la seguridad.
La discusión de fondo: seguridad versus garantías
Desde el gobierno provincial sostienen que las reformas apuntan a consolidar la baja de homicidios y fortalecer la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado.
La gestión defiende especialmente: allanamientos rápidos; inteligencia preventiva; mayor margen operativo policial; endurecimiento penitenciario; y menos burocracia judicial.
Pero quienes cuestionan el proyecto responden otra cosa.
Que combatir el delito no habilita eliminar garantías construidas tras décadas de discusión democrática. Y ahí aparece una tensión especialmente incómoda para el socialismo santafesino. Porque varias de las herramientas que hoy pretende recuperar el Ejecutivo fueron precisamente eliminadas durante las reformas procesales impulsadas por el Frente Progresista luego del regreso democrático.
Por eso, aunque públicamente el Socialismo mantiene prudencia, en privado varios referentes admiten una incomodidad evidente frente al contenido del proyecto. Incomodidad que ya se vio en legisladores del Partido de la rosa al votar proyectos que venían armados desde la mesa chica del Gobierno.
Lo que viene
Por ahora el texto sigue en comisiones y el oficialismo intenta evitar una exposición prematura del conflicto.
Pero ya hay algo que parece claro. La reforma penal de Pullaro probablemente deje de ser solamente una discusión jurídica.
Empieza a convertirse en un debate político mucho más profundo sobre cómo se ejerce el poder, cuánto margen tienen hoy las mayorías legislativas y hasta dónde una gestión puede avanzar en nombre de la seguridad sin romper consensos históricos construidos durante décadas en Santa Fe.
