La tensión sindical y empresaria que durante las últimas horas amenazó con paralizar completamente el complejo agroexportador del Gran Rosario terminó ingresando en una tregua forzada luego de que el Gobierno nacional interviniera de urgencia y dictara la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que enfrenta al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo, la Federación Aceitera y las principales empresas del sector.
La resolución fue emitida este miércoles por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo bajo el marco de la Ley 14.786 y obligó a las partes a retrotraer la situación al estado previo al conflicto, desactivando el paro por tiempo indeterminado que había sido votado por unanimidad apenas horas antes por los trabajadores aceiteros.
La medida comenzó a regir formalmente desde las 15 horas y establece una tregua legal de quince días hábiles, período durante el cual deberán retomarse las negociaciones salariales bajo supervisión de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
El conflicto que amenazaba con paralizar el corazón exportador del país
La decisión del Gobierno nacional llegó cuando en distintos puntos del Cordón Industrial ya comenzaban asambleas, protestas y bloqueos parciales en accesos a terminales portuarias.
El conflicto salarial había escalado rápidamente luego del fracaso de las negociaciones paritarias entre las cámaras empresarias y los gremios aceiteros.
Desde el SOEA y la Federación denunciaron que las empresas ofrecieron “0% de aumento” para mayo, algo que fue considerado “inadmisible” por los trabajadores en medio del deterioro salarial y la inflación acumulada.
Por su parte, las empresas sostienen que el reclamo sindical de una recomposición del 20% resulta “desproporcionado” frente al actual contexto económico y la caída del valor internacional de la soja medida en pesos.
La escalada encendió rápidamente alarmas tanto en Nación como en Santa Fe.
No se trata de un conflicto menor.
El complejo aceitero y portuario del Gran Rosario concentra buena parte de las exportaciones agroindustriales argentinas y constituye una de las principales fuentes de ingreso de divisas del país.
Lo que ordenó Nación
La conciliación obligatoria incluyó una serie de disposiciones taxativas para sindicatos y empresas.
Por un lado, el Gobierno intimó formalmente al SOEA San Lorenzo, a la Federación Aceitera y a los trabajadores a dejar sin efecto toda medida de fuerza y garantizar el funcionamiento normal de las plantas industriales y terminales portuarias.
Por otro, también impuso obligaciones estrictas para las empresas nucleadas en CIARA y otras cámaras del sector.
La resolución prohíbe expresamente: sanciones; descuentos salariales; suspensiones; despidos; o cualquier represalia vinculada a la jornada de protesta.
La medida alcanza a compañías como: Cargill; Bunge; Louis Dreyfus Company; Terminal 6; Renova; Cofco; Molinos Agro; Vicentin; y otras firmas exportadoras radicadas en la región.
Desde la Secretaría de Trabajo advirtieron además que el incumplimiento de la conciliación podría derivar en sanciones previstas en la legislación laboral e incluso afectar personerías sindicales en caso de desacato.
Una audiencia clave y una tregua con final abierto
La resolución oficial también fijó el próximo capítulo del conflicto.
Las partes fueron convocadas para este viernes a las 11 horas a una audiencia virtual obligatoria coordinada desde Buenos Aires, donde volverán a sentarse representantes gremiales y empresarios para intentar acercar posiciones.
Por el lado sindical participarán referentes del SOEA encabezados por el secretario general Lito Ramírez y representantes de la Federación Aceitera.
En representación empresarial estarán los equipos técnicos y paritarios de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA), encabezados políticamente por Gustavo Idígoras.
Aunque la conciliación logró desactivar momentáneamente la paralización portuaria, ninguna de las diferencias de fondo parece haberse resuelto.
Los gremios mantienen la presión sobre una recomposición salarial inmediata y las empresas insisten en que el reclamo supera las posibilidades económicas actuales del sector.
Un conflicto con impacto nacional
La intervención urgente del Gobierno nacional dejó en evidencia la sensibilidad estratégica del conflicto.
Una paralización prolongada del complejo agroexportador santafesino no solo hubiese afectado la actividad industrial y logística del Cordón Industrial, sino también el ingreso de dólares en un momento especialmente delicado para la economía nacional.
Por eso, aunque formalmente la conciliación abre quince días de paz social obligatoria, en los hechos el conflicto apenas ingresó en una pausa.
Y tanto en los puertos como en las empresas y los sindicatos ya saben que el verdadero desafío empezará el viernes, cuando vuelva a ponerse sobre la mesa una discusión que combina salarios, exportaciones y uno de los motores económicos más importantes de la Argentina.
