La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Santa Fe sumó un nuevo capítulo de tensión. Mientras la gestión de Maximiliano Pullaro impulsa una profunda modificación en la organización del fuero penal con el argumento de agilizar los procesos y optimizar recursos, la respuesta de la Corte Suprema, de los Colegios de Magistrados y de buena parte de los operadores judiciales fue contundente: advierten que la iniciativa no sólo carece de consenso, sino que además puede afectar principios constitucionales, la independencia judicial y el funcionamiento del sistema.
La discusión excede el contenido técnico del proyecto. En los tribunales y en distintos sectores políticos crece una pregunta que ya empieza a repetirse con insistencia: ¿por qué el Gobierno insiste en seguir modificando las reglas de funcionamiento de la Justicia?
El proyecto del Ejecutivo propone unificar los Colegios de Jueces Penales de toda la provincia, crear una Oficina de Gestión Judicial única, ampliar la rotación funcional de magistrados, modificar los mecanismos de revisión de sentencias y reorganizar la estructura del fuero penal bajo un esquema centralizado, con el objetivo declarado de distribuir mejor la carga de trabajo y acelerar los procesos.
La reforma que impulsa el Ejecutivo
En la exposición de motivos, el Gobierno sostiene que la actual organización del sistema acusatorio quedó desactualizada y que resulta necesario avanzar hacia un modelo más flexible, dinámico y eficiente. También plantea que la integración provincial de los Colegios de Jueces permitirá evitar sobrecargas de trabajo y mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
Entre los cambios más importantes aparecen:
- La creación de un Colegio de Jueces de Primera Instancia y otro de Revisión con competencia en toda la provincia.
- Una Oficina de Gestión Judicial única para el fuero penal.
- La posibilidad de rotación funcional de magistrados sin importar su asiento territorial.
- Nuevos criterios para integrar tribunales de revisión.
- Mayor utilización de mecanismos remotos y reorganización administrativa del sistema.
Desde el Ejecutivo aseguran que todo apunta a lograr mayor eficiencia y reducir la demora en los juicios, especialmente en las circunscripciones con mayor volumen de causas.
La Corte respondió con fuertes objeciones
Pero el diagnóstico oficial encontró rápidamente una respuesta institucional.
La Corte Suprema de Justicia entregó a la Cámara de Diputados un documento donde cuestiona cinco aspectos centrales del proyecto y advierte que algunas modificaciones podrían generar exactamente el efecto contrario al buscado.
Los ministros sostienen que la unificación de los Colegios de Jueces puede generar conflictos futuros, que una Oficina de Gestión Judicial única alteraría un esquema que actualmente funciona de manera razonable y que varios artículos presentan ambigüedades jurídicas capaces de producir inseguridad institucional.
También objetaron elevar de cinco a dieciocho años el umbral para que las condenas sean revisadas por un tribunal colegiado, al considerar que disminuiría los controles en causas penales sensibles.
Otro punto cuestionado es convertir las audiencias remotas en regla y no en excepción, algo que, según la Corte, entra en tensión con los principios de oralidad, inmediación y contradicción incorporados incluso por la nueva Constitución provincial.
Los magistrados fueron todavía más duros
Si la postura de la Corte marcó diferencias importantes, el documento elaborado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales elevó aún más el tono.
Aunque comparte los objetivos generales de lograr mayor eficiencia, sostiene que el proyecto fue elaborado sin estadísticas serias, sin diagnósticos técnicos y sin consultar previamente a quienes trabajan todos los días dentro del sistema judicial.
Para los magistrados, una reforma de semejante magnitud no puede construirse sin escuchar a jueces, fiscales, defensores, directores de las Oficinas de Gestión Judicial y Colegios de la Abogacía.
Además, advierten que la centralización provincial podría provocar: mayor burocracia; superposición de agendas; suspensión de audiencias; pérdida de inmediación entre juez y partes; utilización excesiva de videoconferencias; afectación del principio del juez natural; riesgos para la independencia e inamovilidad de los magistrados.
Incluso sostienen que algunos artículos podrían resultar constitucionalmente cuestionables por modificar, de hecho, la organización prevista por la Constitución reformada.
Piden diálogo antes de modificar el sistema
El Colegio de Magistrados también propone suspender el tratamiento legislativo hasta abrir una verdadera mesa de diálogo entre el Ejecutivo, la Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación, la Defensa Pública, los Colegios de Abogados y los distintos operadores del sistema.
La entidad considera que muchas de las mejoras buscadas podrían alcanzarse mediante cambios de gestión, capacitación y coordinación institucional sin necesidad de modificar nuevamente la ley.
Una reforma que alimenta nuevas sospechas
Más allá del contenido jurídico, el debate vuelve a instalar una discusión política de fondo.
Desde la llegada de Maximiliano Pullaro al gobierno, la Justicia santafesina fue escenario de numerosas reformas: renovación de la Corte Suprema, modificaciones en el Ministerio Público de la Acusación, cambios derivados de la reforma constitucional y ahora una nueva reorganización del fuero penal.
Para distintos sectores judiciales, la sucesión permanente de reformas empieza a generar incertidumbre sobre la estabilidad institucional del sistema.
El interrogante ya no gira únicamente alrededor de si los cambios mejorarán la administración de justicia.
La pregunta que comienza a recorrer los pasillos judiciales y buena parte del ámbito político es otra: ¿hasta dónde pretende avanzar el Poder Ejecutivo sobre la organización del Poder Judicial y cuáles son las verdaderas motivaciones detrás de esta nueva reforma?
Mientras el Gobierno sostiene que busca una Justicia más rápida y eficiente, la Corte Suprema y los Colegios de Magistrados advierten que sin consenso, sin diagnóstico técnico y sin respeto por las garantías constitucionales, cualquier intento de modernización puede terminar debilitando uno de los pilares centrales del Estado de Derecho.
