El secretario general de AMSAFE Rosario, Roque Jaimes, cuestionó con dureza la inminente implementación de un sistema privado para controlar las licencias médicas de los empleados públicos santafesinos y advirtió que la medida agravará las condiciones laborales de la docencia. Además, aseguró que el conflicto ya dejó de ser exclusivamente gremial y comenzó a trasladarse a toda la comunidad educativa, mientras alertó que el enfrentamiento con los docentes «le va a salir muy caro» políticamente al gobierno provincial.
La discusión entre el Gobierno de Santa Fe y los docentes públicos está lejos de encontrar un punto de equilibrio.
Mientras continúa la demora en la convocatoria a una nueva paritaria y crecen los cuestionamientos por la pérdida del poder adquisitivo, un nuevo foco de conflicto comienza a instalarse en el sistema educativo provincial: la inminente implementación de un esquema privado para controlar las licencias médicas de los empleados públicos.
Desde AMSAFE Rosario consideran que la medida representa un cambio de paradigma en materia de salud laboral y anticipan que podría profundizar aún más el malestar que atraviesa el sector docente.
Así lo expresó el secretario general del gremio rosarino, Roque Jaimes, durante una entrevista en el programa Democráticamente, que conduce Juan Francisco por AGOFA TV.
«No buscan docentes más sanos, buscan que falten menos»
Para Jaimes, el problema excede el proceso licitatorio o la empresa que eventualmente resulte adjudicataria.
El cuestionamiento apunta al concepto mismo del nuevo sistema.
Según explicó, la finalidad de una política de salud laboral debería ser preservar mejores condiciones físicas y psicológicas para quienes trabajan frente a un aula.
Sin embargo, sostiene que el objetivo del nuevo esquema parece ser exactamente el contrario.
«Cuando uno habla de salud laboral debería pensar en tener docentes más saludables para enseñar mejor. Acá no se habla de cuidar la salud del trabajador. Lo que buscan es bajar las licencias y que los docentes falten menos, aunque estén enfermos», cuestionó.
Desde el sindicato advierten que hoy los trabajadores ya sufren fuertes consecuencias económicas cuando deben tomar una licencia, producto del sistema de presentismo implementado por la Provincia.
Por eso consideran que profundizar los controles privados terminará generando una mayor presión para que muchos docentes concurran igualmente a trabajar aun cuando su estado de salud no sea el adecuado.
Dudas sobre la implementación
Jaimes también puso en duda la viabilidad operativa del nuevo esquema.
Recordó que el sistema no abarcará únicamente a los docentes, sino a la totalidad de los empleados públicos provinciales.
En ese contexto, cuestionó si una empresa privada podrá disponer de especialistas suficientes para controlar licencias médicas en todo el territorio santafesino.
«No estamos hablando solamente de Rosario o Santa Fe. Estamos hablando de toda la provincia, de miles de trabajadores y de patologías completamente distintas que requieren profesionales especializados», sostuvo.
El dirigente también recordó que experiencias similares implementadas en otras provincias no lograron sostenerse en el tiempo.
Una escuela cada vez más deteriorada
Para AMSAFE, el nuevo sistema no puede analizarse de manera aislada.
Forma parte de un proceso más amplio que incluye salarios deteriorados, reforma previsional, presentismo, sobrecarga laboral y mayores dificultades para acceder a una jubilación.
Según Jaimes, todas esas decisiones terminan impactando directamente dentro de las aulas. «Vamos a tener docentes cada vez más enfermos trabajando frente a estudiantes que también llegan con problemas cada vez más complejos. Eso no mejora la educación pública; la deteriora», advirtió.
El conflicto ya salió de las escuelas
Uno de los aspectos que más preocupa al gremio es que el conflicto comenzó a trascender el ámbito exclusivamente sindical.
Jaimes aseguró que durante los últimos meses la percepción social sobre los reclamos docentes empezó a modificarse.
La Carpa Blanca, los semaforazos y las distintas acciones gremiales, según explicó, permitieron que muchas familias comenzaran a observar el deterioro cotidiano que atraviesan las escuelas públicas.
«La comunidad educativa empezó a cambiar su mirada porque encuentra una escuela peor. Ve menos recursos, más problemas de infraestructura, docentes agotados y cada vez menos herramientas para enseñar», señaló.
Para el dirigente, ese cambio de percepción ya no involucra únicamente a los maestros.
También alcanza a padres, madres, estudiantes y al conjunto de quienes forman parte del sistema educativo.
«Le va a salir muy caro»
En ese contexto, Jaimes dejó una de las definiciones políticas más fuertes de toda la entrevista.
A su entender, el enfrentamiento permanente con la docencia ya comenzó a tener consecuencias electorales para el oficialismo y podría profundizarse en los próximos años.
«Esto le va a salir caro al gobierno. Ya le salió caro electoralmente y le va a seguir saliendo caro. En cada pueblo hay una maestra, en cada barrio hay un docente. Son miles de trabajadores con familias, amigos y vecinos», afirmó.
Incluso sostuvo que hoy las principales autoridades provinciales prácticamente no recorren escuelas porque el clima de conflictividad permanece intacto.
Un conflicto que sigue creciendo
Mientras la Provincia avanza hacia la implementación del nuevo sistema privado de control de licencias médicas, el conflicto docente incorpora un nuevo elemento de tensión.
Para el Gobierno se trata de una herramienta destinada a mejorar los controles sobre el ausentismo.
Para AMSAFE, en cambio, representa un nuevo capítulo dentro de una política que —según denuncian— prioriza el ajuste sobre las condiciones laborales y la salud de los trabajadores.
Con la paritaria todavía sin resolverse y el debate sobre el nuevo esquema de control médico cada vez más instalado, el conflicto educativo santafesino parece ingresar en una etapa aún más compleja, donde ya no solamente discuten salarios y condiciones laborales, sino también el modelo de escuela pública y el costo político que esa discusión puede tener para el gobierno de Maximiliano Pullaro.
