Mientras el Gobierno provincial impulsa un paquete de reformas que amplía las facultades operativas de la Policía y endurece el régimen penitenciario, el oficialismo presentó otro proyecto que propone quitarle a las propias fuerzas el control de sus sanciones disciplinarias más graves. La iniciativa de la diputada socialista Lionella Cattalini crea organismos civiles autónomos para investigar y castigar inconductas policiales. El contraste abre un nuevo debate político e institucional sobre el modelo de seguridad que pretende construir Santa Fe.
La discusión sobre la reforma de la seguridad en Santa Fe acaba de sumar un nuevo capítulo. Y, quizás, uno de los más complejos desde el punto de vista político.
Mientras la Legislatura continúa analizando el paquete de reformas impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro para fortalecer la investigación penal, ampliar herramientas para las fuerzas de seguridad y endurecer el régimen carcelario, el oficialismo decidió avanzar paralelamente con otra iniciativa que parece recorrer un camino distinto.
Se trata del proyecto presentado por la diputada provincial Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, que propone modificar de manera integral el sistema disciplinario de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario.
La pregunta aparece de inmediato. ¿Cómo convive un proyecto que le otorga mayores herramientas operativas a la Policía con otro que parte de la premisa de que esa misma institución no debería controlar ni juzgar sus propias inconductas?
El proyecto de Cattalini: el control sale de la Policía
La iniciativa propone reemplazar el actual sistema de sumarios internos para las faltas graves y gravísimas por un esquema de control completamente externo.
El corazón del proyecto pasa por la creación de un Tribunal de Conducta, integrado por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio Público de la Acusación, una universidad nacional, el Ministerio de Justicia y Seguridad y ambas cámaras de la Legislatura.
A ese organismo se sumaría una Dirección General de Control e Investigación, que recibiría denuncias, impulsaría investigaciones disciplinarias y promovería las sanciones correspondientes.
El proyecto, además, impide expresamente que policías o penitenciarios —en actividad o retirados— integren esos organismos.
La filosofía de la iniciativa es clara: reforzar el control civil sobre las fuerzas de seguridad, prevenir hechos de corrupción, violencia institucional y abuso de autoridad, además de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Entre otras medidas, también incorpora la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales y amplía el listado de faltas disciplinarias graves y gravísimas.
Más herramientas para la Policía
Sin embargo, el debate no puede analizarse de manera aislada. Porque el mismo oficialismo impulsa otra reforma que avanza exactamente sobre el funcionamiento operativo de las fuerzas.
Ese proyecto incorpora modificaciones sensibles al proceso penal.
Entre ellas:
- amplía la posibilidad de que la Policía tome declaraciones informativas en etapas iniciales de las investigaciones;
- flexibiliza algunos supuestos para realizar allanamientos sin orden judicial;
- incorpora excepciones para admitir determinadas pruebas obtenidas con irregularidades cuando existan criterios de buena fe, urgencia o proporcionalidad;
- endurece el régimen penitenciario para internos considerados de alto riesgo;
- fortalece herramientas de inteligencia criminal y actuación frente a organizaciones complejas.
Desde el Gobierno sostienen que todas esas medidas buscan dotar al Estado de mayores capacidades para enfrentar el crimen organizado.
Sin embargo, parte del mundo jurídico advierte que algunas de esas modificaciones reducen controles preventivos sobre la actuación policial.
Dos modelos que parecen convivir
La convivencia de ambos proyectos abrió rápidamente un debate conceptual. Por un lado, el oficialismo sostiene que la Policía necesita mayores herramientas para combatir el delito. Por otro, afirma que esa misma institución no debería conservar el control disciplinario de sus integrantes cuando se investigan las faltas más graves.
En términos políticos aparece una tensión difícil de ignorar. Mientras una reforma fortalece la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, la otra parte de una desconfianza estructural respecto de su capacidad para controlarse a sí mismas.
El resultado es un modelo híbrido. Más poder operativo. Pero también más supervisión institucional.
El riesgo de trasladar el poder disciplinario
La propuesta de Cattalini también abre otro interrogante.
Si las sanciones dejan de depender de las propias fuerzas y pasan a organismos integrados por representantes designados desde distintos ámbitos del poder político e institucional, la independencia de esos procesos también quedará bajo observación.
La experiencia reciente con otros organismos públicos muestra que las decisiones disciplinarias muchas veces terminan atravesadas por discusiones políticas.
El funcionamiento de los mecanismos de control sobre fiscales constituye un antecedente que suele aparecer en este tipo de debates.
En distintos casos, las sanciones impulsadas contra integrantes del Ministerio Público de la Acusación generaron fuertes discusiones sobre la oportunidad política de las decisiones, los criterios utilizados y el grado de independencia de quienes las resolvieron.
Ese antecedente lleva a algunos especialistas a preguntarse si trasladar el control disciplinario de la Policía hacia organismos externos elimina el riesgo de arbitrariedad o simplemente cambia de manos el poder de sancionar.
¿Contradicción o estrategia?
La discusión no tiene una respuesta sencilla. Puede interpretarse que ambas reformas buscan objetivos distintos.
Una intenta fortalecer la capacidad operativa frente al delito. La otra procura reforzar los mecanismos institucionales de control.
Sin embargo, vistas en conjunto, dejan una sensación difícil de ignorar.
Mientras el Gobierno amplía las facultades policiales durante la investigación penal, simultáneamente decide limitar la autonomía institucional de esas mismas fuerzas cuando se trata de juzgar su propia conducta.
En otras palabras, flexibiliza algunos controles previos sobre la actuación policial, pero endurece los controles posteriores.
El desafío del modelo de seguridad
La verdadera discusión probablemente exceda ambos proyectos. Lo que comienza a debatirse en Santa Fe es qué modelo de seguridad pretende consolidar la administración Pullaro.
Uno centrado en la eficacia operativa inmediata. Otro basado en mayores controles institucionales. O una combinación de ambos.
El problema aparece cuando ambas filosofías parecen avanzar sin una síntesis política clara.
Porque el mismo Estado que sostiene que necesita empoderar a la Policía para enfrentar organizaciones criminales también afirma que esa institución requiere un control externo permanente porque no resulta suficiente confiar en sus propios mecanismos disciplinarios.
Más que una contradicción absoluta, el escenario deja al descubierto una tensión conceptual que seguramente dominará buena parte del debate legislativo. Y cuya resolución terminará definiendo no sólo cómo actuará la Policía santafesina, sino también cuál será el delicado equilibrio entre autoridad, control y garantías dentro del nuevo sistema de seguridad provincial.
