El debate por el paquete de reformas de seguridad impulsado por el gobierno provincial sumó una de las voces más críticas y contundentes del mundo jurídico santafesino. El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, José Nanni, cuestionó con dureza el proyecto que impulsa la gestión de Maximiliano Pullaro y advirtió que la iniciativa representa un cambio de paradigma que podría alterar principios centrales del sistema procesal penal vigente en la provincia.
Durante una extensa entrevista en el programa Democráticamente, conducido por Juan Francisco por AGOFA TV, el abogado sostuvo que el texto enviado a la Legislatura implica un retroceso institucional y procesal de décadas, y alertó sobre una expansión del poder estatal que, según su visión, pone en tensión garantías constitucionales construidas tras años de debate jurídico y democrático.
“Cada vez que releo el proyecto encuentro algo más preocupante”
Nanni contó que comenzó a estudiar el texto durante el fin de semana y aseguró que, lejos de tranquilizarlo, cada nueva lectura incrementó sus cuestionamientos.
“Lo leí cuatro o cinco veces y cada vez encuentro palabras, párrafos e interpretaciones que me siguen sorprendiendo y preocupando”, relató.
Desde el inicio dejó planteada una idea central que luego desarrolló durante toda la entrevista: para el penalista, la reforma no representa una modernización del sistema sino una vuelta atrás.
“Retrocede 40 años de legislación procesal penal en la provincia de Santa Fe”, afirmó.
El núcleo de la crítica: más poder para investigar, menos controles
Uno de los puntos que más cuestionó fue el cambio en el equilibrio institucional entre fiscales, jueces y defensa.
Según explicó, el actual Código Procesal Penal fue diseñado para establecer límites claros al poder de persecución penal del Estado mediante el control judicial permanente.
Para Nanni, el proyecto rompe esa lógica.
Sostuvo que la reforma amplía facultades investigativas del Ministerio Público de la Acusación y reduce instancias de autorización judicial previa para determinadas medidas.
En ese marco, ejemplificó con allanamientos, intervenciones sobre comunicaciones, acceso a dispositivos electrónicos y medidas de investigación que, según sostuvo, deberían continuar bajo control judicial estricto.
“El juez es el que pone freno. La reforma elimina gran parte de ese control y habilita avanzar mucho más rápido sin autorizaciones que hoy exige el sistema”, cuestionó.
El debate sobre garantías: “No son privilegios para delincuentes”
Otro de los ejes donde Nanni hizo más docencia jurídica estuvo vinculado al concepto de garantismo.
Planteó que existe una utilización política del término que genera confusión en la sociedad.
Para el abogado, las garantías constitucionales no son beneficios para acusados ni herramientas ideológicas.
Son límites al poder estatal.
“La garantía es que no puedan entrar a tu casa porque sí, intervenir tus comunicaciones o investigarte sin reglas. Son garantías para todos los ciudadanos”, explicó.
Incluso cuestionó el argumento de que reforzar garantías implica debilitar la lucha contra el delito.
“Mezclar garantías constitucionales con beneficios para delincuentes es un juego de palabras perverso”, sostuvo.
La comparación histórica y el origen del sistema actual
Nanni recordó además que el Código Procesal Penal santafesino no surgió de una decisión aislada sino de un proceso de discusión técnica que comenzó años antes de su implementación.
Explicó que el modelo vigente empezó a diseñarse entre 2008 y 2009, tomó referencias internacionales —especialmente del sistema acusatorio chileno— y recién terminó implementándose en febrero de 2014 luego de años de trabajo académico, institucional y legislativo.
Por eso cuestionó que una reforma de semejante profundidad pueda discutirse y aprobarse en tiempos reducidos.
“Modificar un código procesal requiere estadísticas, consenso político y mucho debate”, remarcó.
La seguridad y la política
Otro de los conceptos fuertes apareció cuando diferenció política criminal de política de seguridad.
Nanni sostuvo que la inseguridad no se resuelve modificando reglas procesales.
“La seguridad no se combate con reformas procesales penales. El código empieza a intervenir cuando el delito ya ocurrió”, señaló.
También cuestionó que la discusión termine planteándose en términos electorales.
“Es triste hacer campaña política con estas cuestiones cuando lo que está en juego son las garantías de todos los santafesinos”, afirmó.
Lo que sí rescata del proyecto
Aunque el tono general fue extremadamente crítico, Nanni aclaró que encuentra algunos aspectos rescatables.
Mencionó positivamente la intención de ordenar normativamente el esquema de recompensas e incentivos para investigaciones, aunque aclaró que considera alarmante el núcleo central de la reforma.
Según dijo, la gran mayoría del articulado debería atravesar un debate mucho más amplio antes de avanzar legislativamente.
El pedido final: volver a discutir desde cero
Sobre el cierre de la entrevista dejó una definición política e institucional que resume su posición.
Lejos de pedir cambios puntuales, sostuvo que el Ejecutivo debería retirar el texto y volver a abrir una discusión con especialistas, operadores judiciales y sectores técnicos.
Para el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, el sistema actual tiene problemas y necesita mejoras, pero el camino no debería ser desarmar los equilibrios institucionales que —según plantea— costaron años construir.
Y dejó una advertencia que probablemente siga alimentando el debate en las próximas semanas:
“No tiremos a la basura el Código Procesal Penal que tanto costó construir”.
