La revuelta policial que sacudió a la provincia de Santa Fe durante el mes de febrero dejó consecuencias que todavía siguen abiertas. Si bien el gobierno provincial terminó cediendo con una recomposición salarial para parte de la fuerza, el conflicto dejó expuesto un problema estructural: el deterioro de las condiciones laborales dentro de la Policía y la ausencia de canales institucionales para discutir salarios y derechos laborales.
A más de un mes del episodio que puso en tensión al sistema de seguridad provincial, el escenario sigue cargado de dudas e incertidumbre. El aumento anunciado por la administración de Maximiliano Pullaro todavía no terminó de impactar de manera uniforme en todos los escalafones, lo que mantiene el malestar dentro de distintos sectores de la fuerza.
Pero la preocupación ya no se limita solo a los uniformados. El conflicto abrió un nuevo debate político dentro de la Legislatura santafesina, donde distintos bloques comenzaron a presentar proyectos que buscan modificar el marco institucional en el que trabajan las fuerzas de seguridad.
Un aumento que no terminó de cerrar el conflicto
Tras la protesta policial que obligó al gobierno a reaccionar, la administración provincial anunció una recomposición salarial que comenzará a completarse con la liquidación de una planilla complementaria prevista para el 16 de marzo.
Según explicó la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, en esa liquidación se incluirán retroactivos correspondientes a diciembre, diferencias del medio aguinaldo, ajustes de enero y el incremento salarial correspondiente a febrero.
De acuerdo con los números difundidos por el gobierno, un suboficial ingresante pasó de percibir alrededor de 980 mil pesos a un piso garantizado de 1.360.000 pesos, mientras que las jerarquías superiores también registran aumentos que superan los 200 mil pesos.
Sin embargo, dentro de la fuerza muchos efectivos señalan que el esquema continúa siendo desigual, ya que buena parte de la recomposición se sostiene en suplementos y adicionales que no alcanzan a todos los agentes. Esa situación alimenta la sensación de que el conflicto salarial todavía no está completamente resuelto.
El debate llegó a la Legislatura
La crisis policial también generó movimientos en la Legislatura provincial. Diputados de distintos bloques comenzaron a impulsar proyectos para crear mecanismos institucionales que permitan canalizar los reclamos de la fuerza.
Uno de los más resonantes es el que volvió a presentar el diputado radical Fabián Palo Oliver. El legislador reingresó un proyecto de “Bienestar Policial” que propone crear un estatuto laboral para los efectivos y habilitar la posibilidad de sindicalización dentro de la fuerza.
La iniciativa plantea la creación de un sindicato policial que permita discutir salarios, condiciones laborales y derechos laborales en un ámbito formal, aunque con restricciones claras: las manifestaciones deberían realizarse fuera del horario de servicio, sin uniforme ni armas, y quedarían prohibidas medidas de fuerza que afecten el funcionamiento institucional.
Un proyecto de características similares ya había sido presentado anteriormente por la diputada Beatriz Brouwer, quien también había planteado la necesidad de avanzar hacia un sistema que permita la organización gremial de los efectivos.
El peronismo propone una “paritaria policial”
Desde el peronismo también surgió una iniciativa que apunta a ordenar institucionalmente el debate salarial dentro de la policía.
El diputado Marcos Corach, uno de los principales referentes del perottismo en la Cámara baja, presentó un proyecto para crear la Comisión Provincial de Bienestar y Régimen Laboral de las Fuerzas de Seguridad.
La propuesta busca establecer un ámbito permanente de diálogo donde se analicen salarios, condiciones de trabajo y bienestar del personal policial y penitenciario.
A diferencia del proyecto de sindicalización, la iniciativa del peronismo no habilita la organización gremial, pero sí propone una instancia similar a una paritaria técnica que permita discutir periódicamente la situación laboral de los efectivos.
La comisión estaría integrada por representantes del Poder Ejecutivo, miembros de las fuerzas en actividad elegidos por voto directo, personal retirado y representantes del Ministerio de Trabajo.
Según el texto presentado por Corach, el objetivo es institucionalizar un canal formal de diálogo que evite que los conflictos emerjan por vías informales, como ocurrió durante la revuelta de febrero.
Una relación quebrada con la conducción política
Más allá de los anuncios salariales y de las iniciativas legislativas, el conflicto dejó una marca profunda en la relación entre la fuerza policial y la conducción política del área de seguridad.
Distintas fuentes coinciden en que el vínculo entre la policía y el gobierno provincial quedó severamente deteriorado después de los episodios de febrero.
El propio ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, aparece como uno de los funcionarios más golpeados por la crisis. Aunque el gobernador Pullaro decidió sostenerlo en el cargo, dentro de la estructura policial son cada vez más las voces que señalan que el ministro perdió capacidad de interlocución con sectores importantes de la fuerza.
En los hechos, la cadena de mando formal se mantiene, pero la conducción política enfrenta dificultades para reconstruir la confianza con un personal que durante semanas expresó su malestar por salarios, condiciones laborales y falta de reconocimiento institucional.
Un conflicto que todavía no se cerró
La revuelta policial de febrero terminó dejando más preguntas que respuestas. El aumento salarial permitió desactivar la crisis inmediata, pero no resolvió el problema de fondo.
La discusión sobre sindicalización, paritarias específicas y mecanismos institucionales para canalizar los reclamos recién empieza a instalarse en el debate político santafesino.
Mientras tanto, el gobierno provincial intenta sostener su estrategia de seguridad con una fuerza que todavía muestra señales de desgaste interno.
En ese contexto, el desafío para la gestión de Pullaro será doble: recomponer la relación con los uniformados sin perder el control político de la institución y, al mismo tiempo, evitar que los reclamos vuelvan a escalar hasta niveles de tensión como los que se vivieron a comienzos de este año.
