La situación en las cárceles de la provincia de Santa Fe vuelve a encender señales de alarma y pone en evidencia un problema estructural que atraviesa la gestión del gobierno de Maximiliano Pullaro. Reclamos del personal penitenciario, denuncias sobre condiciones operativas y cuestionamientos políticos configuran un escenario que combina riesgos de seguridad, deterioro institucional y tensiones crecientes.
Uno de los casos más preocupantes se registra en la Unidad Penitenciaria N°1 de Coronda, donde fuentes del propio servicio penitenciario advierten sobre un esquema de trabajo que consideran insostenible. Según los testimonios, un solo agente sin armamento debe custodiar a un grupo de hasta 24 internos que realizan tareas en un sector extramuros, manipulando herramientas de gran porte y con condiciones edilicias deficientes.
La descripción es contundente: “son 24 contra uno”, una ecuación que, según el personal, expone tanto a los trabajadores como a la seguridad pública. A esto se suman falencias en la infraestructura, como ventanas sin rejas y accesos vulnerables, que incrementan el riesgo de fuga.
Reclamos del personal y deterioro laboral
El cuadro se agrava con un conjunto de reclamos que se repiten en distintas unidades penitenciarias. Entre ellos, la falta de equipamiento básico —como chalecos balísticos y uniformes—, restricciones para acceder a elementos de higiene, puestos de guardia sin condiciones adecuadas y una pérdida progresiva de autoridad institucional.
A esto se suma la cuestión salarial, un punto sensible dentro del sector estatal, donde los trabajadores denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo. La combinación de bajos ingresos, condiciones laborales deficientes y alta exposición al riesgo genera un clima de malestar creciente.
Incluso, se reportan problemas en la provisión de insumos básicos de limpieza, lo que deriva en condiciones sanitarias precarias dentro de las unidades. En algunos casos, los propios agentes evalúan cubrir esas carencias con recursos propios.
Cuestionamientos legales y operativos
Otro eje de preocupación está vinculado a la asignación de internos a tareas laborales bajo criterios que podrían no ajustarse plenamente a la normativa vigente, particularmente a lo establecido por la Ley 24.660. Según se advierte, decisiones operativas estarían flexibilizando requisitos que deberían ser estrictos, lo que añade un componente de riesgo adicional.
En paralelo, surgen dudas sobre el manejo de recursos internos, como los fondos provenientes de cantinas, sin que se traduzcan en mejoras visibles en infraestructura o equipamiento.
Piñero y el debate por la “violencia institucional”
El debate se amplía con lo ocurrido en la cárcel de Piñero, donde una campaña oficial generó controversia política. El diputado provincial Carlos del Frade solicitó explicaciones al Ejecutivo por la utilización de consignas como “El miedo cambió de lado” y referencias a “El Infierno”, al considerar que podrían configurar un mensaje de violencia institucional.
El legislador también pidió informes sobre la evolución de hábeas corpus presentados en los últimos años, denuncias por posibles malos tratos a internos y el estado de las investigaciones vinculadas a episodios ocurridos en 2024, que incluso tuvieron repercusiones fuera del ámbito carcelario.
Un sistema bajo presión
La acumulación de problemas —falta de personal, condiciones laborales deterioradas, cuestionamientos legales y tensiones políticas— expone un sistema penitenciario que no logra cumplir con estándares básicos de funcionamiento.
Más allá de los esfuerzos por mostrar firmeza en la política de seguridad, la realidad dentro de las cárceles revela grietas profundas. En ese contexto, crece la preocupación sobre las posibles consecuencias de un esquema que, según advierten desde el propio sistema, no es sostenible en el tiempo.
El diagnóstico que circula entre los trabajadores es claro: el problema ya no es si ocurrirá un incidente grave, sino cuándo.
