El proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches volverá a discutirse el 2 de julio en la Cámara alta. Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron que la iniciativa es inconstitucional y podrían complicar el avance de una norma que ya había sido modificada por Diputados.
La denominada Ley Anti Trapitos, una de las iniciativas más debatidas en la Legislatura santafesina, ingresó en una etapa de máxima incertidumbre. A pocos días de volver al Senado provincial para su tratamiento definitivo, comenzaron a multiplicarse las objeciones jurídicas y políticas que podrían trabar o incluso frustrar su sanción.
El proyecto, que originalmente fue impulsado por el senador rosarino Ciro Seisas, ya había obtenido media sanción en la Cámara alta. Sin embargo, la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó una versión modificada del texto con apenas 25 votos afirmativos, incorporando cambios que buscaron atender algunos cuestionamientos constitucionales planteados durante el debate.
Ahora, la iniciativa deberá regresar al Senado, donde tiene previsto ser tratada el próximo 2 de julio, aunque el escenario aparece mucho más complejo de lo esperado.
Presentaciones por presunta inconstitucionalidad
En las últimas horas, distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y entidades vinculadas al ámbito jurídico presentaron un documento ante el Senado provincial advirtiendo que la norma vulneraría garantías constitucionales y tratados internacionales.
Entre los espacios que impulsaron el planteo se encuentran el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe y la asociación Tramas – Derecho en Movimiento, que además solicitaron participar de las comisiones legislativas encargadas de analizar el proyecto.
Según sostienen, la iniciativa continúa criminalizando una actividad de subsistencia ejercida por personas en situación de vulnerabilidad económica y social, afectando principios de igualdad y no discriminación, aun después de las modificaciones introducidas por Diputados.
Cambios que no convencieron a todos
Las reformas incorporadas por la Cámara Baja buscaron morigerar algunos aspectos de la redacción original y responder a observaciones realizadas durante el debate parlamentario, especialmente en torno a la compatibilidad de la norma con el artículo 19 de la Constitución Nacional.
No obstante, para las organizaciones que objetan el proyecto esas modificaciones resultan insuficientes y no eliminan los problemas de fondo que, a su criterio, podrían derivar en futuras impugnaciones judiciales si la ley finalmente es aprobada.
El planteo agrega un nuevo elemento de tensión a una discusión que ya divide opiniones tanto dentro como fuera del ámbito legislativo.
Una ley con amplio respaldo político, pero bajo fuerte discusión jurídica
Los impulsores de la iniciativa sostienen que la prohibición de los cuidacoches permitirá recuperar el orden en el espacio público y brindar herramientas para actuar frente a situaciones de extorsión, cobros compulsivos o conflictos con automovilistas, especialmente en las grandes ciudades de la provincia.
Sin embargo, desde sectores sociales, sindicales y de derechos humanos advierten que el Estado debería priorizar políticas de inclusión laboral antes que avanzar sobre actividades informales que representan el único sustento económico para muchas personas.
El 2 de julio, una fecha clave
Con las presentaciones ya ingresadas en la Cámara alta, el Senado santafesino enfrentará una definición trascendental cuando vuelva a tratar el proyecto el próximo 2 de julio.
Los legisladores deberán resolver si aceptan las modificaciones introducidas por Diputados o si insisten con la versión original aprobada meses atrás. Pero, más allá del resultado parlamentario, las objeciones de constitucionalidad abren la puerta a un escenario de posibles controversias judiciales que podrían complicar la aplicación de una ley que, incluso antes de ser sancionada definitivamente, ya se encuentra en el centro de una intensa disputa jurídica y política.
