La Asamblea Provincial del gremio desestimó de manera contundente la propuesta salarial del Gobierno de Santa Fe, cuestionó la ausencia de una cláusula de actualización y denunció una pérdida acumulada superior al 30% desde el inicio de la actual gestión. El rechazo llegó después de un antecedente inédito y negativo: la difusión pública de la oferta antes de que comenzara formalmente la reunión paritaria. Frente al desgaste salarial, el presentismo, las modificaciones previsionales y el nuevo sistema de control de licencias médicas, la docencia pública resolvió volver a las calles con un extenso cronograma de protestas.
La docencia pública santafesina volvió a decirle que no al Gobierno de Maximiliano Pullaro.
La Asamblea Provincial Extraordinaria de AMSAFE resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo por considerarla insuficiente, carente de mecanismos que protejan los ingresos frente a la inflación y apoyada nuevamente sobre sumas que deterioran la calidad del salario.
La decisión fue acompañada por la aprobación de un amplio plan de lucha que comenzará durante los próximos días y se extenderá, al menos, hasta septiembre.
El resultado expresa mucho más que una diferencia de porcentajes.
También expone el cansancio acumulado entre trabajadores que cuestionan no solamente el contenido económico de las ofertas, sino la forma en que el Gobierno provincial viene relacionándose con quienes sostienen diariamente el funcionamiento de las escuelas.
La discusión paritaria volvió a estar rodeada de acusaciones cruzadas, estrategias comunicacionales y fuertes cuestionamientos sindicales a una administración que, según AMSAFE, consiguió ordenar sus cuentas públicas en buena medida a costa del salario de los trabajadores estatales.
Una oferta que volvió a quedar lejos
La propuesta del Gobierno contempla una suba acumulada del 10,1% para el segundo semestre.
Ese porcentaje se distribuye en aumentos mensuales decrecientes y no incluye una cláusula automática de actualización frente a una eventual aceleración de la inflación.
Para AMSAFE, ese esquema no solamente resulta insuficiente para los próximos meses, sino que tampoco reconoce lo perdido durante el primer semestre.
Según los datos presentados por el sindicato, la inflación acumulada durante los primeros seis meses de 2026 alcanzó el 17,1%, mientras que el incremento salarial docente fue del 12,5%.
Eso representaría una pérdida del 4,6% para los docentes activos y del 6,2% para los jubilados solamente durante ese período.
El gremio sostiene que, al tomar como referencia el inicio de la gestión de Pullaro, el deterioro es todavía más profundo: una caída del poder adquisitivo del 33,87% para los activos y del 35,47% para los jubilados.
A esos números, agregan, todavía deberían incorporarse la deuda correspondiente a la paritaria de 2023 y el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
El antecedente que tensó todavía más la relación
Esta negociación incorporó además una situación que AMSAFE calificó como un antecedente institucional sumamente negativo.
La propuesta salarial fue difundida públicamente antes de que comenzara formalmente la reunión paritaria.
Para el gremio, ese procedimiento vació de contenido la negociación colectiva.
La conducción sindical sostuvo que la decisión del Gobierno implicó presentar como diálogo una instancia en la que los números ya habían sido comunicados previamente a través de los medios.
En un documento difundido después del encuentro, AMSAFE acusó al Ejecutivo de reemplazar la discusión paritaria por una operación comunicacional.
«Resulta inadmisible que quienes convocan a una negociación colectiva pretendan reemplazar el debate paritario por operaciones de prensa», señalaron desde el sindicato.
La crítica apunta a uno de los aspectos que más viene deteriorando el vínculo entre el Gobierno y la docencia: la sensación de que las reuniones no funcionan como espacios reales de negociación, sino como escenarios utilizados para formalizar decisiones previamente adoptadas.
Una disputa también por el relato
El conflicto ya no se limita a cuánto ofrece el Gobierno y cuánto reclaman los docentes. También existe una disputa abierta sobre cómo se explican públicamente los números.
AMSAFE acusó a la Provincia de tergiversar los datos salariales e intentar instalar que los trabajadores de la educación consiguieron aumentos muy superiores a la inflación.
Según el gremio, la realidad es exactamente la contraria. «La inflación le ganó al salario durante el primer semestre de 2026», remarcaron.
Desde la organización sindical también cuestionaron el denominado salario garantizado.
Para el Ejecutivo, ese mecanismo permite que las categorías de menores ingresos reciban una mejora superior al porcentaje general.
AMSAFE, en cambio, sostiene que no representa un aumento salarial genuino porque esas sumas serán absorbidas por incrementos posteriores.
En otras palabras, el gremio considera que el Gobierno presenta como una recomposición actual una cantidad de dinero que posteriormente se descontará de las subas que deberían aplicarse en 2027.
El rechazo de una docencia cansada
La decisión de la Asamblea Provincial no puede analizarse de manera aislada. Se produce después de meses de protestas, reclamos salariales, movilizaciones y actividades en toda la provincia.
La Carpa Blanca de la Dignidad Docente recorrió 31 localidades de los 19 departamentos y buscó visibilizar una serie de planteos que exceden el ingreso mensual.
Los trabajadores también cuestionan el presentismo, la reforma previsional, el aporte solidario, las demoras para los jubilados, las condiciones del IAPOS, la falta de concursos y la tercerización del control de las licencias médicas mediante el SIPSAL.
El salario es el centro del conflicto, pero no es el único motivo del malestar.
Para AMSAFE existe una política general que deteriora las condiciones laborales, previsionales y profesionales de los trabajadores de la educación.
El presentismo, otra vez en el centro del conflicto
La Asamblea Provincial reafirmó su rechazo al denominado Premio a la Asistencia Perfecta.
El sindicato entiende que el sistema condiciona una parte de los ingresos al hecho de no utilizar licencias y que, en consecuencia, transforma derechos laborales en mecanismos de premio y castigo.
Desde el Gobierno defienden la herramienta porque consideran que contribuyó a reducir el ausentismo y garantizar una mayor continuidad pedagógica.
Para la docencia, en cambio, se trata de una política que castiga la enfermedad y obliga a los trabajadores a elegir entre cuidar su salud o conservar una porción de su salario.
El gremio exigió su derogación y volvió a ubicarlo como uno de los puntos centrales del conflicto.
Un extenso calendario de protestas
El rechazo vino acompañado por la aprobación de un plan de lucha provincial.
La primera actividad será una jornada de protesta el 30 de julio, con acciones locales y regionales.
Luego, AMSAFE adherirá al paro nacional docente de 24 horas convocado para el 3 de agosto junto con CTERA y organizaciones de todo el país.
El cronograma continuará con una jornada de lucha el 7 de agosto para visibilizar la situación general de los trabajadores.
El 12 de agosto se realizará una actividad en defensa de los derechos previsionales.
El 20 será el turno de una jornada destinada a respaldar a las escuelas técnicas.
Para el 25 de agosto se convocó a una protesta por las problemáticas del IAPOS y del sistema de salud.
Además, el gremio impulsará un denominado «Septiembre Blanco», pensado como el mes de la dignidad docente.
Durante esas semanas se desarrollarán radios abiertas, caravanas, movilizaciones, concentraciones, ruidazos, semaforazos y plenarios en distintos puntos de la provincia.
AMSAFE también se declaró en estado de movilización y asamblea permanente.
Los principales reclamos
Además de exigir una nueva propuesta salarial, la organización docente reclamó una cláusula automática que impida que los ingresos vuelvan a quedar por debajo de la inflación.
También pidió recuperar el 35% del poder adquisitivo que, según sus cálculos, se perdió desde el inicio de la actual gestión.
Entre las demandas aparecen el pago simultáneo de los aumentos para activos y jubilados, la derogación del aporte solidario y la revisión de las medidas adoptadas en el marco de la reforma previsional.
El gremio también reclamó concursos de titularización y traslados en todos los niveles y modalidades, políticas de salud laboral elaboradas con participación sindical y el fortalecimiento del IAPOS.
Otro de los puntos centrales es el rechazo a la tercerización del control de las licencias médicas mediante el nuevo sistema contratado por la Provincia.
La educación y el lugar de sus trabajadores
Desde el inicio de su gestión, el Gobierno provincial convirtió a la educación en uno de los principales ejes de su discurso.
La recuperación de días de clases, la alfabetización y la evaluación fueron presentadas como prioridades de la administración.
Sin embargo, el vínculo con los trabajadores que sostienen diariamente esas políticas se encuentra atravesado por un conflicto prácticamente permanente.
La sucesión de ofertas rechazadas, el presentismo, la reforma previsional y los cambios en el control de licencias construyeron una relación cada vez más distante.
La docencia entiende que existe una contradicción entre reivindicar públicamente el aprendizaje y, al mismo tiempo, deteriorar las condiciones salariales y laborales de quienes tienen la responsabilidad de enseñar.
Ese malestar comienza a expresarse no solamente en las votaciones sindicales, sino también en las medidas que regresarán a las calles durante las próximas semanas.
El ajuste sobre los salarios
La administración Pullaro suele destacar el orden de las cuentas provinciales y la recuperación de la obra pública.
Los gremios, en cambio, cuestionan cuál fue el costo social de ese equilibrio.
Para AMSAFE, buena parte del ajuste fiscal recayó sobre los salarios de los trabajadores estatales y, particularmente, sobre los docentes activos y jubilados.
La ausencia de cláusulas automáticas, las sumas no remunerativas y los incrementos inferiores a la inflación son señalados como elementos de una misma política.
El sindicato considera que la Provincia logró mejorar sus números trasladando una parte significativa del esfuerzo hacia quienes dependen de un ingreso estatal.
Un conflicto que volverá a las calles
La Asamblea Provincial dejó dos definiciones claras. La primera es que la oferta fue rechazada porque no recompone lo perdido ni garantiza que los salarios puedan sostenerse durante los próximos meses. La segunda es que el conflicto continuará.
La docencia pública volverá a movilizarse con un calendario que combinará acciones provinciales, reclamos nacionales y actividades específicas por salarios, jubilaciones, salud y condiciones laborales.
El Gobierno podrá insistir en que sus números son responsables y compatibles con la situación financiera de la Provincia. Pero el rechazo vuelve a mostrar que esos argumentos no alcanzan para convencer a quienes sienten que sus ingresos se deterioran y que la negociación colectiva fue reemplazada por decisiones unilaterales.
Después de la Carpa Blanca, las jornadas de protesta y las advertencias previas, AMSAFE resolvió profundizar su estrategia. El cansancio docente comenzará a expresarse nuevamente en las escuelas y en las calles. Y el modo en que responda la administración de Maximiliano Pullaro mostrará, una vez más, cuál es el verdadero lugar que ocupan los educadores dentro de su política educativa.
