La intendenta de San Javier describió una situación financiera crítica: el municipio necesita alrededor de $400 millones mensuales para salarios, pero entre coparticipación e ingresos propios reúne apenas entre $180 y $200 millones. Con empleados que todavía no cobraron y aguinaldos pendientes, González reconoció diferencias con el senador Oscar Dolzani, cuestionó la idea de intervenir el municipio y admitió que el acompañamiento provincial existe, aunque “no alcanza”. El plan para salir de la crisis incluye aumento de tasas, reducción de gastos, jubilaciones y una reestructuración que podría llegar al personal.
San Javier atraviesa probablemente uno de los momentos económicos e institucionales más delicados de los últimos años. No se trata solamente de una administración con dificultades para financiar obras o postergar inversiones. La crisis llegó al corazón mismo del funcionamiento municipal: pagar salarios, sostener los servicios básicos y garantizar la continuidad cotidiana del Estado local.
La intendenta Maribel González expuso la dimensión del problema durante una extensa entrevista en Democráticamente, conducido por Juan Francisco por AGOFA TV.
Hay un número que permite comprender rápidamente la gravedad del escenario. El municipio necesita aproximadamente $400 millones mensuales para afrontar salarios. Entre coparticipación e ingresos propios, según González, actualmente consigue reunir entre $180 y $200 millones. Es decir, enfrenta todos los meses un agujero cercano a los $200 millones. Pero detrás de los números existe además una disputa política.
González reconoció diferencias con el senador departamental Oscar Dolzani, admitió que esas tensiones en algunos momentos terminaron afectando la situación del municipio y reveló cuánto le molestó que llegara a plantearse políticamente la posibilidad de una intervención.
En paralelo, la asistencia extraordinaria de la Provincia estuvo lejos de resolver el problema: hubo un aporte de $250 millones a fines de 2025 destinado a aguinaldos y el municipio esperaba una nueva ayuda al momento de la entrevista. El resto depende de un plan de reestructuración que la propia intendenta define, sin rodeos, como un “plan de ajuste”.
“No poder cubrir los sueldos es lo fundamental”
González comenzó describiendo una situación que ya tiene consecuencias visibles. El municipio lleva semanas atravesado por medidas de fuerza y dificultades para afrontar los salarios. Eso repercute también sobre la economía de una ciudad donde el sueldo municipal tiene un peso considerable. “El no pagar los sueldos ya afecta a San Javier, porque ese dinero no ingresa”, explicó.
La situación obliga además a prestar servicios con recursos mínimos en un momento especialmente sensible para una localidad costera que debe prepararse ante eventuales contingencias hídricas.
Para la intendenta existen dos problemas superpuestos. Uno es coyuntural: la fuerte caída de los recursos. El otro es estructural: el modelo de municipio que San Javier sostuvo durante años ya no resulta financieramente compatible con la nueva realidad económica.
La coparticipación
Otro número aportado por González permite dimensionar la transformación. Cuando inició su gestión, aseguró, la coparticipación alcanzaba para cubrir aproximadamente el 94% de la masa salarial municipal. Actualmente, con suerte, permite financiar entre el 30% y el 35%. A eso se suma una recaudación propia extremadamente limitada.
El municipio emite aproximadamente $77 millones en tasas, pero consigue cobrar alrededor del 30%. Incluso con planes de facilidades y distintas herramientas de regularización, explicó, históricamente el nivel de cobrabilidad se mueve entre el 30% y el 40%.
González admitió además que las tasas quedaron atrasadas y planteó que deberían incrementarse. Una tasa cercana a los $12.000, argumentó, debe financiar servicios que incluyen riego, iluminación, recolección domiciliaria, residuos gruesos, reciclables y barrido. “El vecino también tiene que entender que para prestar servicios tenemos que cobrarlo”, sostuvo.
Un municipio al que le faltan $200 millones todos los meses
El problema deja de ser abstracto cuando se confrontan ingresos y egresos. “Yo tengo 400 millones de sueldo; entre coparticipación e ingresos propios recibo juntos 180, 200. A la Municipalidad de San Javier todos los meses le faltan 200 millones de pesos”, detalló González. Con semejante diferencia, ningún ajuste menor alcanza.
No se trata de reducir algunos gastos administrativos, eliminar viáticos o postergar compras. El desequilibrio representa prácticamente la mitad de la masa salarial. Y allí aparece uno de los puntos políticamente más sensibles de la crisis. Si ya se ajustaron otros componentes del gasto y los ingresos continúan sin alcanzar, el próximo escalón es el que cualquier intendente intenta evitar: el personal municipal.
Dolzani y González: una interna que terminó atravesando la gestión
La situación financiera no puede separarse completamente de la política. González y el senador Oscar Dolzani pertenecen al esquema oficialista provincial, pero arrastran diferencias que tienen antecedentes electorales.
La intendenta recordó que ambos provienen de una interna en la que su sector había llevado como candidato al Senado al exintendente Mario Miño.
Consultada directamente sobre su actual relación con Dolzani, evitó convertir las diferencias en una ruptura definitiva, pero reconoció algo políticamente significativo: “Tenemos nuestras diferencias y esas diferencias muchas veces han afectado a la situación que a diario tenemos”.
La frase permite dimensionar un conflicto que excede las diferencias personales. En un municipio necesitado de asistencia extraordinaria, la relación entre la Intendencia, el senador departamental y la Casa Gris adquiere una importancia mucho mayor.
González aclaró que existió colaboración y que Dolzani incluso participó de instancias vinculadas con la negociación paritaria. Pero inmediatamente agregó: “No alcanza hoy”.
La intervención que abrió una herida política
El momento de mayor tensión apareció cuando comenzó a circular la posibilidad de una intervención municipal. González confirmó que el planteo la afectó personalmente y que se lo manifestó directamente al senador.
Su argumento parte de una distinción central: una cosa es discutir la situación económica y las decisiones administrativas de una gestión; otra muy diferente es sugerir que existe una anomalía institucional de tal magnitud que amerite desplazar a autoridades elegidas democráticamente. “A mí me cayó muy mal”, reconoció.
Y agregó una definición todavía más contundente: “Yo no tengo nada que esconder. La Provincia, el senador y el Concejo tienen a disposición los números”. González vinculó el planteo de intervención con una sospecha que rechazó terminantemente. “Maribel no se robó nada”, afirmó, y recordó que debe continuar viviendo en San Javier junto a su familia una vez finalizada su función pública.
Para la intendenta, si los ciudadanos consideran que su administración no fue buena, el mecanismo para reemplazarla debe ser el voto en 2027.
“No fue acertado lo de la intervención”
Más adelante volvió sobre el tema. Esta vez reveló que trasladó su posición directamente al Gobierno provincial. “No fue acertado lo de la intervención, yo lo planteé eso al Gobierno provincial”, sostuvo.
González insistió en que las cuentas municipales están disponibles para quien quiera revisarlas y rechazó cualquier interpretación que vincule la crisis con hechos de corrupción.
Según su diagnóstico, San Javier puede haber sido una de las primeras ciudades donde el problema alcanzó semejante profundidad, pero no necesariamente será la última. La diferencia está en su estructura económica.
Sin grandes empresas y con una fuerte dependencia de recursos estatales, una caída de la coparticipación impacta mucho más rápido que en localidades industriales del centro y sur santafesino. A eso se suma un efecto multiplicador: si los empleados municipales no cobran, ese dinero tampoco llega a comercios y servicios locales. La crisis del municipio empieza entonces a convertirse en una crisis de la economía de San Javier.
¿Y la Provincia?
Este es probablemente uno de los interrogantes políticos más importantes. González fue prudente al hablar de Pullaro.
Cuando se le planteó que la asistencia provincial había sido demasiado tibia para la magnitud del problema, evitó confrontar directamente con el gobernador. “El gobernador sabe la situación, el gobernador está atento y está el apoyo”, respondió.
Sin embargo, inmediatamente introdujo un matiz: “A veces lo buscaría de otra forma”. Y los números muestran que, hasta ahora, no existió una transferencia extraordinaria capaz de cerrar el déficit.
La intendenta informó que el municipio recibió $250 millones a finales del año pasado para afrontar aguinaldos y que actualmente espera otro aporte.
Frente a un déficit estimado en $200 millones cada mes, aquella asistencia equivale apenas a algo más de un mes del desbalance que González describe.
La propia intendenta termina reconociendo la dificultad estructural: la Provincia puede asistir, pero sostener indefinidamente ese rojo implicaría destinar recursos mensualmente a San Javier mientras otros municipios podrían reclamar el mismo tratamiento.
Una ayuda que existe, pero “no alcanza”
Por eso sería incorrecto afirmar que la Provincia abandonó completamente a San Javier. Hubo asistencia económica y existe acompañamiento técnico. Pero también sería difícil sostener que esa ayuda consiguió modificar la gravedad de la situación. La propia González lo sintetizó: “El acompañamiento de la Provincia está, pero no alcanza”.
Esa frase probablemente sea la definición política más precisa del vínculo actual. La Casa Gris exige paralelamente un programa de reorganización. San Javier debe revisar tasas, gastos, categorías, estructura administrativa y personal.
El mensaje provincial parece ser que cualquier asistencia financiera debe ir acompañada por cambios estructurales que eviten que, algunos meses después, el municipio vuelva exactamente al mismo lugar.
González no intentó esconder la palabra. Cuando durante la entrevista se definió el programa como un plan de ajuste, respondió afirmativamente. “Es un plan de ajuste”. Y reconoció que buena parte de las medidas posibles ya fueron tomadas. “Hoy ya nos queda solo ajustar personal”, afirmó.
La frase representa el punto más delicado de toda la entrevista. San Javier tiene actualmente unos 247 empleados municipales, según los números proporcionados por la intendenta.
González discutió, sin embargo, la idea de que exista simplemente una sobredimensión de personal. El municipio no solamente presta alumbrado, barrido y limpieza. También administra cloacas y sostiene áreas de cultura, educación, niñez y otros servicios. Su diagnóstico es más complejo: puede existir margen para reorganizar determinadas áreas, pero también existen sectores donde faltan recursos humanos.
La discusión, por lo tanto, no debería limitarse a determinar cuántas personas trabajan, sino qué servicios debe prestar el municipio y de qué manera puede hacerlo de forma sostenible.
Algunas decisiones ya comenzaron. González explicó que puso en marcha un esquema para avanzar con jubilaciones de quienes se encuentran en condiciones de hacerlo. También eliminó una práctica histórica: cuando un trabajador se jubilaba o fallecía, podía incorporarse un familiar. “Durante lo que quede de la gestión no va a pasar porque no podemos ingresar a más nadie”, afirmó.
La intendenta considera además que San Javier deberá empezar a analizar modalidades diferentes para prestar determinados servicios sin que cada nueva necesidad implique automáticamente contratar más empleados municipales. Allí aparece una discusión mucho más profunda que la coyuntura salarial.
Durante décadas, en muchas localidades pequeñas el municipio funcionó también como uno de los principales empleadores. El problema aparece cuando los recursos que financiaban ese modelo disminuyen abruptamente. “Hay que dejar de entender que el municipio es el único dador de trabajo porque se pagan caras las consecuencias”, sostuvo González.
San Javier como advertencia para otros municipios
La crisis puede exceder ampliamente las fronteras departamentales. Las localidades con grandes industrias poseen una capacidad recaudatoria y una dinámica económica completamente diferente. San Javier no tiene esa espalda. Y lo mismo ocurre con numerosos municipios y comunas del norte y la costa santafesina.
La reducción de transferencias nacionales repercute sobre las provincias; la caída de recursos provinciales impacta posteriormente sobre gobiernos locales y, finalmente, el municipio queda como la primera ventanilla a la que acude el ciudadano cuando necesita una respuesta.
El Estado nacional reduce su presencia, pero muchas de esas demandas no desaparecen. Simplemente bajan de nivel. Terminan en la Provincia o, con mayor frecuencia, en intendencias y comunas que tienen menos herramientas financieras para absorberlas. Por eso San Javier puede terminar funcionando como una señal de advertencia sobre una crisis municipal más amplia.
Ser mujer también tiene un costo político
La entrevista incorporó además una dimensión diferente. Consultada sobre si el planteo de intervención podía haber estado relacionado con el hecho de ser mujer, González no quiso establecer una relación directa. “No creo”, respondió.
Pero inmediatamente reconoció que el género sí modifica la manera en que se ejerce presión sobre una dirigente. “El hecho de ser mujer hace que busquen otro desgaste que a un hombre no se lo dirían”, sostuvo.
Habló de agresiones personales y de cuestionamientos sobre su capacidad para administrar y tomar decisiones que, considera, adquieren características diferentes cuando quien gobierna es una mujer. Y dejó en claro que la presión no modificará su decisión: “No me voy a ir. Hasta el 10 de diciembre de 2027 uno tiene que respetar las instituciones”.
Para González, los costos políticos forman parte del cargo, incluso cuando las decisiones que deban adoptarse sean impopulares.
“Estamos haciendo cirugía en todos los lugares”
El último tramo de la entrevista estuvo dedicado a la salida. ¿Existe realmente una?
González cree que sí, aunque descartó una solución inmediata. El municipio trabaja con asistencia técnica provincial en un programa integral. “Estamos haciendo cirugía en todos los lugares”, definió.
El plan contempla revisar costos, modificar la forma de prestar servicios, actualizar la tributaria, mejorar la recaudación, reorganizar personal y establecer una estructura municipal compatible con los ingresos reales.
La intendenta considera que el problema debe resolverse ahora aunque el beneficio político eventualmente lo reciba quien gobierne después de 2027. Porque, de no realizarse modificaciones estructurales, advirtió, su sucesor podría encontrarse en una situación igual o incluso peor.
Una crisis que necesita de todos
González terminó trazando una especie de mapa de responsabilidades.
Necesita al gobernador. Necesita al senador. Necesita a los ministros. Necesita al Concejo Municipal. Necesita a los empleados. Y también necesita a los vecinos. Porque si las tasas deben aumentar, el ciudadano tendrá que pagarlas. Pero, como contrapartida, el municipio deberá demostrar que esos recursos se traducen en servicios. “Creo que hay una luz en el camino, solo que tenemos que transitar por toda esta oscuridad”, sostuvo. La frase resume bastante bien el momento de San Javier.
Existe un problema económico que difícilmente pueda explicarse exclusivamente por una administración municipal. Hay caída de ingresos, dependencia de la coparticipación, una estructura económica local débil y un Estado municipal que durante años asumió funciones y compromisos que hoy resultan cada vez más difíciles de financiar.
Pero también existe una responsabilidad local: revisar esa estructura y encontrar una forma sostenible de funcionamiento. En el medio aparece la política.
Una intendenta y un senador del mismo esquema provincial que admiten diferencias. Una propuesta de intervención que dejó heridas. Una Provincia que acompaña, pero cuyo aporte económico extraordinario hasta ahora no logra cubrir el agujero. Y empleados que esperan cobrar mientras las discusiones continúan.
San Javier necesita aproximadamente $200 millones adicionales cada mes para cubrir únicamente la brecha salarial que describe su intendenta. Ese número explica por qué la solución no llegará solamente con discursos, internas o pedidos de paciencia. Y también explica por qué lo que ocurra allí merece ser observado más allá de San Javier: puede ser el primer municipio donde la crisis quedó completamente expuesta, pero no necesariamente será el último.
