El Ejecutivo santafesino está a un paso de adjudicar el nuevo sistema de control del ausentismo estatal. Sólo se presentó una empresa vinculada al poderoso Grupo Werthein, uno de los conglomerados económicos más influyentes del país. Mientras el Gobierno apuesta a un ahorro de $170.000 millones, en la política ya aparecen dudas sobre la transparencia del proceso, los nexos con la Casa Rosada y el impacto que podría tener sobre el futuro del IAPOS.
La decisión del gobierno de Maximiliano Pullaro de avanzar con la licitación del nuevo Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (SIPSAL) comenzó a generar un fuerte debate político incluso antes de su adjudicación definitiva.
El objetivo oficial es claro: reducir el ausentismo del personal estatal, modernizar el sistema de control de licencias médicas y generar un ahorro estimado en 170 mil millones de pesos durante los próximos doce meses. Aunque no gusta como suena pero es terminar de legalizar el presentismo.
Sin embargo, detrás del discurso de la eficiencia administrativa comenzó a instalarse otra discusión mucho más profunda.
¿Por qué una licitación de semejante magnitud terminó con un único oferente? ¿Hasta dónde está dispuesto a avanzar el gobierno santafesino en la tercerización de funciones sensibles del Estado? ¿Y qué lectura política puede hacerse cuando la empresa que aparece como futura adjudicataria pertenece a uno de los grupos económicos con mayores vínculos con el poder nacional?
Un único oferente para un contrato estratégico
El proceso licitatorio comenzó a fines del año pasado, cuando la administración Pullaro puso en marcha el diseño del nuevo sistema destinado a administrar las licencias médicas de los aproximadamente 150.000 trabajadores del Estado provincial.
La propuesta contempla que la empresa adjudicataria administre el control del ausentismo, las licencias por enfermedades de corta duración, los accidentes laborales y buena parte de la información sanitaria vinculada al empleo público.
Tras las distintas etapas de la licitación, solamente quedó en carrera SML Consultores Médicos, firma que integra el poderoso Grupo Werthein.
Es decir, si la oferta económica supera las evaluaciones finales, el Gobierno adjudicará un contrato millonario sin competencia efectiva.
Ese dato, por sí solo, comenzó a despertar preguntas dentro de distintos sectores políticos.
¿Quiénes son los Werthein?
Hablar del Grupo Werthein significa hablar de uno de los holdings empresarios más importantes de la Argentina.
Su historia comenzó en 1928 con la empresa agropecuaria Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A., fundada por los descendientes de León Werthein, inmigrante llegado al país desde Europa del Este a comienzos del siglo pasado.
Con el paso de las décadas el grupo diversificó sus inversiones hasta transformarse en un verdadero conglomerado multisectorial.
Hoy controla negocios vinculados a: telecomunicaciones; seguros; medicina laboral; agroindustria; alimentos y bebidas; desarrollos inmobiliarios; medios deportivos; tecnología e internet satelital.
Actualmente posee, entre otras compañías, DIRECTV para América Latina, Torneos, TyC Sports, Experta Seguros, Experta ART, Cachamai, Valley y diferentes emprendimientos agropecuarios y financieros.
Según datos difundidos por la propia compañía, el grupo administra un ecosistema de más de 42 millones de usuarios y alrededor de 60.000 colaboradores.
Los vínculos con el Gobierno de Milei
Aunque desde el holding remarcan que Gerardo Werthein se desvinculó de las empresas familiares en 2019, el apellido continúa inevitablemente asociado al poder político nacional.
Gerardo Werthein es actualmente ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del gobierno de Javier Milei.
Antes fue embajador argentino en Estados Unidos y durante décadas fue la cara visible del grupo empresario.
Si bien la conducción empresarial quedó en manos de su primo Darío Werthein, dentro del mundo político pocos dejan de observar el peso institucional que mantiene el apellido.
Por eso, la eventual adjudicación del contrato comenzó a despertar interrogantes dentro de distintos sectores de la oposición santafesina, donde algunos dirigentes consideran que la coincidencia política entre el gobierno nacional y la administración Pullaro vuelve inevitable que el proceso sea observado con especial atención.
Hasta el momento no se presentó evidencia pública de irregularidades en la licitación ni de intervención del canciller en este proceso. Sin embargo, el contexto político y los vínculos institucionales alimentan el debate sobre la conveniencia de avanzar con un contrato de esta magnitud cuando sólo existe un oferente.
El ahorro que busca Pullaro
Desde el Ministerio de Economía sostienen que el sistema actual resulta obsoleto.
Funcionarios provinciales lo califican como «anacrónico y desordenado» y aseguran que hoy el Estado ni siquiera cuenta con información uniforme sobre muchas de las patologías que generan licencias médicas.
El nuevo esquema pretende reducir el ausentismo del 15% actual a prácticamente la mitad en un plazo de dos años.
El pliego establece metas concretas para la empresa adjudicataria.
Durante los primeros seis meses deberá reducir dos puntos porcentuales el nivel de ausentismo y alcanzar una baja de tres puntos al cabo del primer año.
Según los cálculos oficiales, ese objetivo permitiría ahorrar aproximadamente 170 mil millones de pesos.
El otro debate: ¿empieza una privatización por etapas?
Más allá del control del ausentismo, existe otro aspecto que comienza a observarse con preocupación dentro del sistema sanitario provincial.
El nuevo prestador también administrará licencias por enfermedades comunes de corta duración —hasta 14 días— aun cuando no se trate de accidentes laborales.
En la práctica, eso supone que una parte importante de la gestión vinculada a la salud laboral dejará de depender exclusivamente del Estado.
Aunque el Gobierno insiste en que la medida sólo busca descomprimir el funcionamiento administrativo y optimizar recursos, algunos sectores políticos y sindicales ya advierten que este mecanismo podría transformarse en el primer paso hacia una creciente participación privada en áreas que históricamente estuvieron bajo la órbita estatal.
Entre ellas aparece inevitablemente el IAPOS.
Si bien el Ejecutivo niega cualquier intención de modificar el carácter de la obra social provincial, varios dirigentes reconocen que seguirán muy de cerca la implementación del nuevo sistema por el eventual impacto que podría tener sobre futuras discusiones vinculadas a la prestación de salud de los empleados públicos.
Más preguntas que respuestas
La licitación todavía debe atravesar su etapa final de evaluación económica. Pero el debate político ya comenzó.
La administración Pullaro sostiene que busca eficiencia, digitalización y ahorro para las cuentas públicas.
Del otro lado, la oposición, algunos gremios y distintos actores políticos empiezan a preguntarse si el ahorro justifica avanzar con un esquema que concentra una función tan sensible en un único operador privado.
También aparecen interrogantes sobre las consecuencias institucionales que podría dejar una decisión de esta magnitud si en el futuro cambia el signo político del gobierno provincial.
Por ahora no existen cuestionamientos formales sobre la capacidad técnica del Grupo Werthein, cuya trayectoria empresarial es ampliamente reconocida.
Sin embargo, la combinación entre un único oferente, la importancia estratégica del servicio, los vínculos políticos que rodean al holding y el eventual impacto sobre organismos como el IAPOS conforman un escenario que deja abiertas más preguntas que respuestas y que seguramente seguirá ocupando un lugar central en la agenda política santafesina durante los próximos meses.
