La inauguración de la Unidad Penitenciaria N° 9 estuvo precedida por una fuerte disputa política y social. Los concejales peronistas Noelia Formento y Horacio Grisetti intentaron declarar persona no grata al gobernador Maximiliano Pullaro por avanzar con el complejo pese al rechazo local y una ordenanza municipal. La iniciativa no consiguió los votos necesarios. Ese mismo jueves se inauguró el penal y comenzó un acelerado traslado de detenidos: en menos de 24 horas ya habían ingresado 380. La obra tiene 891 plazas, 475 celdas y demandó una inversión de 80 millones de dólares.
La fotografía institucional mostró una de las obras que el Gobierno de Maximiliano Pullaro pretende convertir en símbolo de su política de seguridad. Pero algunas horas antes, a pocos kilómetros de las rejas, los muros, las cámaras y los sistemas tecnológicos que la Provincia presentó como parte de la cárcel más moderna del país, en el Concejo Municipal de Recreo se estaba desarrollando una discusión completamente diferente.
Dos concejales pretendían que el gobernador fuera declarado persona no grata. No fue una reacción improvisada frente al acto inaugural. Detrás existe un conflicto que lleva tiempo y que expone dos miradas contrapuestas sobre una misma obra.
Para el Gobierno santafesino, la Unidad Penitenciaria N° 9 representa una pieza fundamental de su plan de infraestructura carcelaria: permite trasladar detenidos desde comisarías, liberar policías destinados a custodias y mejorar las condiciones de control penitenciario.
Para un sector político y vecinal de Recreo, en cambio, la cárcel representa una decisión tomada desde la Provincia sin contemplar suficientemente la voluntad de la comunidad que debe convivir cotidianamente con un establecimiento capaz de albergar a casi 900 personas privadas de su libertad. La discusión llegó esta semana a su punto de mayor tensión.
Dos concejales quisieron declarar persona no grata a Pullaro
Los concejales peronistas Noelia Formento y Horacio Grisetti presentaron un proyecto para declarar persona no grata a Pullaro. La iniciativa estuvo directamente relacionada con la construcción y puesta en funcionamiento del nuevo complejo penitenciario.
Los ediles sostienen que el Gobierno provincial avanzó desconociendo una decisión institucional adoptada en Recreo: la Ordenanza N° 2.648/2024, aprobada por el Concejo y posteriormente promulgada por el intendente Omar Colombo, que estableció una prohibición sobre la instalación o ampliación de dependencias de encarcelamiento dentro del ejido urbano.
Para Formento y Grisetti, el conflicto excede incluso la discusión sobre si Recreo necesita o no una cárcel de estas dimensiones. Lo que está en juego, según argumentaron, es la capacidad del municipio para intervenir sobre decisiones que modifican profundamente su territorio. “La ciudadanía de Recreo recorrió todos los caminos democráticos y legales para fijar una postura clara: no queremos megaestructuras penitenciarias en nuestro territorio”, expresaron los concejales al fundamentar la iniciativa. También calificaron la actuación provincial como “autoritaria y unilateral” y reclamaron respeto por la autonomía municipal.
La propuesta llegó al recinto, pero no consiguió los votos necesarios. Formento y Grisetti quedaron en minoría.
Los otros cuatro integrantes del cuerpo no acompañaron la declaración contra Pullaro. Entre quienes rechazaron la iniciativa estuvieron los dos representantes de Unidos. De esta manera, el gobernador no fue declarado persona no grata.
La votación, sin embargo, dejó expuesta una fractura política que existe en Recreo alrededor de una obra que ya no pertenece al terreno de las posibilidades. La cárcel está terminada. Fue inaugurada. Y ya tiene detenidos en su interior.
La secuencia tuvo incluso una particularidad. La sesión del jueves fue programada para las 8 de la mañana, de modo que los concejales que pretendían participar posteriormente del acto de inauguración pudieran hacerlo.
Poco después, Pullaro encabezó formalmente la apertura de la Unidad Penitenciaria N° 9, acompañado por funcionarios provinciales, autoridades políticas y representantes institucionales.
Entre los presentes estuvo también el intendente de Recreo, Omar Colombo, además del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; la presidenta de Diputados, Clara García; el diputado Antonio Bonfatti y el senador Paco Garibaldi, entre otras autoridades.
Así, en cuestión de horas, Recreo tuvo dos imágenes completamente contrapuestas. Por un lado, concejales intentando declarar persona no grata al gobernador por la cárcel. Por otro, el gobernador inaugurándola junto a autoridades locales y provinciales.
Una cárcel para 891 personas
La magnitud de la obra permite comprender parte de la discusión. La nueva UP N° 9 fue construida en el predio conocido como Colonia Penal de Recreo, sobre calle Alberdi, entre Solís y la Ruta Nacional 11. Tiene 475 celdas y capacidad para 891 personas privadas de su libertad.
La estructura está dividida en tres subunidades penitenciarias: dos destinadas a hombres, con capacidad conjunta para 640 internos, y una para mujeres, con 251 plazas. Entre construcción y equipamiento tecnológico, el Gobierno provincial informó una inversión de 80 millones de dólares. No se trata, por lo tanto, de una ampliación menor de una dependencia existente.
Es un complejo penitenciario de dimensiones considerables integrado a una estrategia provincial mucho más amplia.
Pullaro hizo de las cárceles una bandera de gestión
Para comprender la decisión de Recreo hay que mirar la política penitenciaria completa de la Casa Gris. Desde que asumió, Maximiliano Pullaro convirtió la construcción de cárceles, el endurecimiento de las condiciones de detención y la ampliación de plazas penitenciarias en una de las imágenes más fuertes de su política de seguridad.
El Gobierno provincial proyecta sumar más de 7.000 nuevas plazas durante la actual administración. La explicación oficial es concreta: los presos deben estar en cárceles y no durante períodos prolongados en comisarías, mientras que los policías afectados a su custodia deberían regresar a las calles.
Sin embargo, detrás de esa lógica aparece una discusión bastante más profunda que la cantidad de celdas que necesita Santa Fe.
¿Hasta dónde puede llegar una política de seguridad cuyo éxito también se mide por la capacidad del Estado para encerrar cada vez a más personas? ¿Y cuánto de ese esfuerzo presupuestario, político e institucional está acompañado por políticas destinadas a evitar que los sectores más vulnerables terminen ingresando al circuito del delito y posteriormente al sistema penitenciario?
La administración de Pullaro hizo de las cárceles una bandera visible. Hay inauguraciones, anuncios de nuevas plazas, pabellones de alto perfil y un discurso que reivindica el control estatal sobre los detenidos. Sus críticos podrían describir esa insistencia como una suerte de “fetiche carcelario”, con una estética política que por momentos recuerda al modelo que convirtió en emblema el presidente salvadoreño Nayib Bukele: mostrar cárceles y endurecimiento como representación de autoridad, orden y recuperación del territorio.
La comparación, naturalmente, tiene límites: Santa Fe funciona dentro de un marco institucional, constitucional y penal diferente al salvadoreño. Pero el interrogante político permanece. Porque construir cárceles administra una consecuencia; no necesariamente modifica las causas que alimentan el delito.
En una provincia atravesada por profundas desigualdades sociales y territoriales, la discusión debería incluir también qué ocurre antes de que una persona llegue a una celda: la permanencia de los jóvenes en la escuela, las oportunidades laborales, la capacitación, el acceso a la vivienda, la urbanización de barrios vulnerables, la prevención de consumos problemáticos y la posibilidad concreta de construir un proyecto de vida por fuera de las economías ilegales.
Hay además otro fenómeno que suele quedar relegado detrás de la discusión estrictamente policial: la desigualdad entre los territorios santafesinos. Rosario y Santa Fe reciben desde hace décadas ciudadanos provenientes de localidades más pequeñas que llegan buscando trabajo, educación, salud y mejores condiciones de vida. Pero muchas veces ese desplazamiento termina encontrándose con ciudades que tampoco tienen capacidad suficiente para garantizar vivienda, empleo formal o integración social.
El resultado puede ser la expansión de asentamientos precarios y una mayor concentración de vulnerabilidades en las grandes áreas urbanas.
Por eso existe una discusión anterior a la cárcel: qué políticas permiten que un joven pueda desarrollarse en el lugar donde nació sin verse obligado a abandonar su localidad para buscar oportunidades que el Estado y la economía no consiguen ofrecerle allí.
Rutas, conectividad, educación, universidades y formación profesional, acceso al suelo, infraestructura productiva y empleo en el interior también pueden formar parte de una política de seguridad, aunque no aparezcan detrás de un alambrado ni produzcan una fotografía políticamente tan contundente como la inauguración de un penal.
El problema no es necesariamente construir cárceles. Un Estado necesita establecimientos adecuados para quienes deben cumplir una condena y también necesita terminar con detenidos hacinados en comisarías.
La discusión es si la cárcel constituye el último eslabón de una política integral o termina transformándose en el principal símbolo de esa política.
La gestión radical que conduce la Provincia parece sentirse particularmente cómoda en ese último terreno: más cárceles, más plazas y mayor control penitenciario. Mucho menos visible resulta, en cambio, una narrativa gubernamental de semejante intensidad alrededor de la educación, la integración social y la generación de oportunidades para los jóvenes más vulnerables. Y allí aparece una paradoja difícil de ignorar.
Santa Fe puede construir cárceles cada vez más grandes y modernas. Pero si simultáneamente no consigue evitar que nuevas generaciones encuentren en la marginalidad, las economías ilegales o el delito una alternativa frente a la falta de oportunidades, el Estado corre el riesgo de inaugurar hoy las celdas que mañana necesitará volver a ampliar.
Ese es, posiblemente, el debate que debería acompañar cada corte de cinta penitenciario: no solamente cuántas personas puede encerrar Santa Fe, sino qué está haciendo para que cada vez menos santafesinos terminen necesitando una cárcel como destino.
Recreo nunca quiso esa cárcel
El problema es que el entusiasmo provincial nunca fue compartido de manera uniforme dentro de la ciudad. El rechazo antecede largamente a la inauguración.
Hubo reuniones, reclamos y movilizaciones de vecinos que plantearon interrogantes sobre el impacto territorial del establecimiento. A pocos días de la apertura, un sector volvió a manifestarse públicamente y definió la jornada inaugural como un “día gris” para Recreo.
Los cuestionamientos no se limitaron a una percepción genérica de inseguridad. Entre los argumentos históricos de quienes rechazaron la ampliación estuvieron el crecimiento de la población penitenciaria dentro del ejido urbano, la infraestructura disponible en la ciudad, los servicios públicos y las consecuencias que una instalación de semejantes dimensiones podría producir sobre su entorno.
Ese es el contexto que explica por qué Formento y Grisetti llevaron la discusión hasta el extremo institucional de pretender declarar persona no grata al gobernador.
La discusión que comienza después de cortar la cinta
Ese probablemente sea el punto más importante. La inauguración cerró la etapa de construcción. Pero abrió otra.
Durante los últimos años, vecinos y dirigentes locales advirtieron que su preocupación no terminaba en los muros de la prisión. El interrogante siempre estuvo puesto en cómo una cárcel de semejantes dimensiones modificaría la dinámica de una ciudad como Recreo. Ahora esa discusión dejará de ser hipotética.
El complejo tiene capacidad para 891 detenidos. A eso se suman trabajadores penitenciarios, movimientos logísticos y de seguridad, proveedores y el flujo periódico de familiares y visitantes. Qué impacto tendrá efectivamente esa nueva dinámica sobre Recreo deberá medirse con el funcionamiento del establecimiento y no puede darse por demostrado de antemano. Pero tampoco puede desconocerse que ese fue uno de los argumentos que alimentó el rechazo desde el comienzo.
Pullaro no fue persona no grata, pero el conflicto quedó
El intento de Formento y Grisetti fracasó. Los cuatro votos restantes impidieron que el Concejo declarara persona no grata al gobernador. Pero la derrota legislativa de los dos concejales peronistas no elimina la discusión que dio origen a la propuesta.
Tampoco puede confundirse el rechazo de una parte de la comunidad con una posición unánime de Recreo: el proyecto no obtuvo mayoría en el Concejo y el propio intendente participó del acto oficial. Eso también forma parte de la fotografía política. La ciudad está dividida frente a una obra que, independientemente de esa división, ya comenzó a funcionar.
Para Pullaro, la UP N° 9 será exhibida como una de las piezas de una política de seguridad que hizo de la construcción de cárceles una prioridad. Para sus detractores locales, será la demostración de que la Provincia avanzó pese a una resistencia institucional y vecinal que llevaba años manifestándose.
La cárcel ya está abierta. Los primeros cientos de detenidos ya llegaron. Y desde ahora comienza la etapa que probablemente termine resolviendo la discusión más importante: si los temores que durante tanto tiempo expresaron sectores de Recreo tenían fundamento o si el funcionamiento del complejo logra convivir con la ciudad sin producir los problemas que sus opositores anticiparon.
