El juez de cámara en lo Civil y Comercial de Rosario Iván Kvasina, y actual Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe, cuestionó con dureza el estilo de comunicación política que atraviesa la relación entre poderes, advirtió sobre riesgos para la independencia judicial y puso bajo la lupa el proceso de renovación de la Corte Suprema santafesina. En una entrevista con Democráticamente, por AGOFA TV, también describió un Poder Judicial con cargos vacantes, mayor demanda y escasos recursos: “Estamos en una situación de estrés estructural”. Además, dejó una definición de fondo sobre las reformas impulsadas en Santa Fe: “No hay una claridad conceptual sobre qué modelo de Justicia hay”.
La relación entre el Gobierno de Santa Fe y el Poder Judicial atraviesa un período de transformaciones que excede ampliamente la discusión sobre nombres, cargos o expedientes.
Hay una nueva Corte en construcción, reformas legislativas, cambios introducidos por la Constitución provincial de 2025, vacantes sin cubrir y una discusión cada vez más intensa alrededor de la seguridad y las facultades de jueces y fiscales. Pero también existe otra tensión. La de las palabras.
Iván Kvasina, juez y presidente del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de Rosario, decidió ponerla sobre la mesa durante una extensa entrevista en Democráticamente, el programa que conduce Juan Francisco por AGOFA TV. Sus definiciones fueron particularmente fuertes.
Calificó de “nefasto” el uso del insulto y la descalificación como herramientas de comunicación política, cuestionó expresiones provenientes del Gobierno provincial contra decisiones judiciales y advirtió que desde 2024 la entidad viene señalando riesgos sobre la independencia de los jueces.
Al mismo tiempo, planteó un problema menos visible pero igualmente profundo: mientras aumenta la exigencia sobre la Justicia, existen organismos trabajando con un porcentaje importante de cargos sin cubrir y con una demanda que creció considerablemente.
Una Corte con un perfil diferente
La llegada de nuevos integrantes al máximo tribunal santafesino abrió inevitablemente la discusión sobre qué Corte está construyendo la política. Consultado particularmente por el perfil de Diego Maciel, Kvasina evitó reducir la cuestión a un nombre.
Para el magistrado, existe una tendencia que puede observarse no solamente en Santa Fe sino también en otras provincias: la política comenzó a privilegiar perfiles diferentes para integrar los tribunales superiores. “Es un perfil de ministros y ministras de Corte que hoy de alguna manera es el preferido de la política para ocupar esos lugares de máxima responsabilidad judicial”, explicó.
Kvasina recordó que Santa Fe estaba acostumbrada a ministros con extensas trayectorias dentro del Poder Judicial, la profesión jurídica o el ámbito académico. “Eso parece que ya ha pasado de moda”, señaló. Y agregó una consideración importante: la Corte, además de ser el máximo tribunal, cumple una función institucional que la convierte en el órgano con mayor contenido político dentro del Poder Judicial por su relación con los otros poderes del Estado.
Por eso, sostuvo, la pregunta verdaderamente importante aparecerá después de las designaciones: cómo actuarán los nuevos ministros cuando tengan que ejercer como jueces y convertirse en el último resguardo de derechos y garantías constitucionales.
Kvasina cuestionó cómo se hicieron las designaciones
Pero el Colegio de la Magistratura no solamente observó los perfiles elegidos. También planteó objeciones al procedimiento.
Kvasina explicó que la institución realizó una presentación ante la Legislatura por dos cuestiones que consideraba problemáticas. La primera fue la paridad de género. Con dos mujeres dentro de una Corte integrada por siete miembros, Kvasina sostuvo que, a criterio del Colegio, no se cumple acabadamente con el mandato constitucional de procurar la paridad.
La segunda objeción fue todavía más institucional: aprobar pliegos cuando las vacantes jurídicas todavía no se habían producido. “No es lo usual, nos parece una desprolijidad”, afirmó.
El argumento oficial fue que Santa Fe atraviesa una situación excepcional de transición después de la reforma constitucional de 2025 y la incorporación de un límite de edad para los magistrados. Kvasina reconoce esa particularidad. Pero advierte sobre el precedente.
¿Qué impediría que en el futuro un gobierno próximo a terminar su mandato deje aprobados decenas de pliegos correspondientes a cargos que todavía tienen titulares?. “Esto abre la puerta a que cualquier gobierno en los meses previos antes de irse pueda dejar 20, 30, 40 o 50 pliegos aprobados para cargos que no tienen vacantes”, planteó.
La preocupación, aclaró, no se limita a la coyuntura actual. Apunta al efecto que ese mecanismo podría generar sobre futuros gobiernos y sobre la independencia institucional del sistema.
“El lenguaje oficial del Estado no puede ser el insulto y la grosería”
El tono de la entrevista cambió cuando la conversación llegó a la relación entre el Gobierno y los jueces.
Kvasina utilizó allí una de sus definiciones más contundentes. “Yo creo que es nefasto que un jefe de Estado insulte a otro jefe de Estado o que un jefe de Estado insulte a legisladores, o que se maneje desde la grosería, desde la descalificación, desde la falta de respeto personal hacia cualquier interlocutor que no piense igual”, afirmó.
Para el magistrado, ese estilo resulta incompatible con lo que debería representar una democracia constitucional. Y sintetizó: “El lenguaje oficial del Estado no puede ser el insulto y la grosería”.
Kvasina aclaró que observa un cambio en la comunicación política desde 2023 tanto en el plano nacional como provincial. Pero cuando la conversación se trasladó específicamente a Santa Fe, cuestionó la reacción de la vocería gubernamental frente a una decisión de la jueza de menores María Dolores Aguirre Guarrochena. La frase cuestionada había sido: “Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas”.
Para Kvasina, allí se cruzó un límite. “La vocera del gobernador cometió ese pecado, querer jugar a comunicar de esa manera”, sostuvo.
Su crítica no se centró en impedir que el Gobierno cuestione decisiones judiciales. Apuntó al modo. Porque, desde su perspectiva, la discusión institucional entre poderes puede ser intensa, pero debe conservar reglas básicas de respeto.
La acusación de “corporación judicial”
Otra expresión gubernamental también generó reacción. La afirmación de que el Gobierno pondría “el interés de los santafesinos por encima del de las corporaciones” fue interpretada dentro del Poder Judicial como una referencia hacia ese sector.
Kvasina rechazó directamente esa caracterización. “Primero, no somos una corporación. Nosotros formamos parte del Estado y del Gobierno igual que ellos y es necesario que tengamos una comunicación fluida y respetuosa entre nosotros”, afirmó.
Para el juez, detrás de esas expresiones aparece una forma de comunicación que apela “a lo emocional” y “a lo demagógico” y termina instalando la discusión en el terreno de la chicana. Pero agregó algo más delicado.
Consideró que ese estilo contiene “cierta dosis de intolerancia” y se preguntó hasta qué punto resulta aceptable dentro de un régimen republicano y democrático. La seguridad, sostuvo, es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. La protección de derechos y garantías es una obligación de los jueces. No deberían ser tareas enfrentadas. “Cada uno tiene un rol que cumplir”, resumió.
Jueces con temor al “escrache”
La tensión política también tiene consecuencias hacia adentro del sistema. Durante la entrevista surgió una pregunta incómoda: ¿existen jueces condicionados por el poder político?
Kvasina fue cuidadoso. Reconoció que cada magistrado posee su propia cosmovisión e incluso opiniones políticas, aunque tiene prohibido desarrollar actividad partidaria o actuar de manera tendenciosa. También admitió que pueden existir jueces con perfiles más independientes y otros “más deferentes hacia el poder de turno”.
Pero inmediatamente introdujo otro fenómeno. El miedo a la exposición pública. “Hay algunos que tienen temor al escrache, a las redes sociales”, reconoció.
Allí, explicó, aparece una de las funciones del Colegio de la Magistratura: respaldar a aquellos jueces que puedan ser objeto de presiones indebidas mediante redes sociales, medios de comunicación u otros mecanismos.
Para Kvasina, la independencia judicial no solamente debe protegerse frente a una eventual intervención institucional directa. También debe preservarse frente a formas de presión pública capaces de condicionar el contexto en el que un magistrado toma decisiones.
“Desde 2024 venimos planteando riesgos para la independencia judicial”
Cuando se le preguntó directamente si considera que la independencia del Poder Judicial está en juego, Kvasina volvió a elevar el tono. “Desde el año 2024 venimos planteando los riesgos que viene teniendo la independencia judicial en este contexto”, respondió.
Recordó que aquel año estuvo atravesado por acusaciones contra la Justicia santafesina, especialmente alrededor de dos conceptos: que era cara e ineficiente. El Colegio salió entonces a discutir esas afirmaciones con números.
Según Kvasina, comparada con las demás provincias, Santa Fe se encuentra entre las jurisdicciones que menor proporción presupuestaria destinan al Poder Judicial. También afirmó que posee una de las plantas de personal judicial más reducidas del país en relación con su población.
En esas condiciones, consideró injustificada la caracterización de una Justicia cara e ineficiente. “Era directamente faltar a la verdad”, sostuvo. El juez amplió incluso el diagnóstico.
Para Kvasina, la institucionalidad actual ya no tiene “el grado de estabilidad y de respeto” que podía observarse una o dos décadas atrás. Y atribuyó parte de ese deterioro a los cambios producidos en la manera de hacer y comunicar política.
Menos cargos, más expedientes
Sin embargo, detrás de la discusión política existe un problema cotidiano mucho más concreto. Faltan jueces.
Kvasina utilizó como ejemplo la Cámara que él mismo integra. De 15 cargos, solamente 10 están cubiertos. Es decir, funciona con un tercio de sus integrantes faltantes. Al mismo tiempo, explicó que una reforma legislativa sancionada en 2024 prácticamente duplicó la cantidad de apelaciones que deben resolver.
La ecuación resulta sencilla: menos capacidad operativa y mayor demanda de trabajo. “Estamos en una situación de estrés estructural en cuanto a la demanda de respuestas y a la capacidad de respuesta que tenemos”, describió. Y dejó una frase que sintetiza el problema: “Sin jueces no hay Justicia”.
Kvasina reconoció incluso que esa situación provoca “angustia personal” entre quienes deben responder a una ciudadanía que demanda resoluciones más rápidas mientras el sistema funciona con cargos sin cubrir.
¿Justicia cercana o jueces a distancia?
Una de las soluciones que comenzó a discutirse es utilizar herramientas de Justicia telemática, permitiendo que magistrados ubicados en determinados puntos puedan intervenir en expedientes correspondientes a otras jurisdicciones.
Kvasina no descartó automáticamente esas alternativas. Pero detectó una contradicción. Por un lado, la política habla de construir una Justicia cercana, rápida, eficiente y de proximidad. Por otro, propone que determinados conflictos puedan ser resueltos por un juez ubicado a distancia, a quien el ciudadano posiblemente nunca conozca. “¿A qué modelo de Justicia queremos ir?”, preguntó.
La respuesta que dio inmediatamente después probablemente sea una de las definiciones políticas e institucionales más importantes de toda la entrevista.
“No hay claridad sobre qué modelo de Justicia queremos”
Para Kvasina, Santa Fe está discutiendo modificaciones importantes sin haber resuelto previamente una pregunta básica. Qué Justicia quiere construir. “No hay una claridad conceptual en punto a qué modelo de Justicia hay”, sostuvo. Y allí ubicó el “nudo de la cuestión”.
Antes de implementar herramientas, modificar estructuras o trasladar modelos, considera necesario estudiar qué servicio demanda la sociedad santafesina. No debería ocurrir al revés.
Kvasina advirtió que muchas veces prevalecen discusiones ideológicas, posiciones personales e incluso modelos provenientes de organizaciones extranjeras que responden a realidades e intereses diferentes. Su propuesta es comenzar por el destinatario. El ciudadano. “Hay que poner el énfasis en estudiar la demanda, ver qué tipo de servicio necesita la gente y quiere la gente y, a partir de ahí, elaborar una propuesta de reorganización de los sistemas de Justicia”, explicó.
Una discusión que ya no es solamente entre jueces y Gobierno
Las declaraciones de Kvasina dejan planteada una discusión que trasciende cualquier controversia puntual entre la Casa Gris y un magistrado. Santa Fe está modificando buena parte de su arquitectura institucional.
Renovó su Constitución. Está transformando la integración de la Corte. Discute nuevas herramientas vinculadas con la seguridad. Busca modificar procedimientos. Y simultáneamente enfrenta una Justicia que, según el diagnóstico del presidente del Colegio de la Magistratura rosarino, tiene vacantes, recursos limitados y una demanda creciente.
En ese contexto, la tensión discursiva entre poderes agrega otro problema. Kvasina no plantea que la Justicia deba quedar fuera de la crítica. Tampoco sostiene que los jueces no deban revisar su funcionamiento: durante la propia entrevista reconoció que dentro del Colegio existe un proceso permanente de autocrítica. El límite que marca es diferente.
La crítica política no puede transformarse en presión sobre quien debe resolver y la discusión entre poderes no debería convertirse en una sucesión de insultos y descalificaciones. Porque detrás de todas esas discusiones permanece una pregunta que Santa Fe todavía debe responder. No solamente quiénes serán sus jueces. Sino qué Justicia quiere tener.
