La diputada provincial cuestionó el nivel de gasto asociado a los Juegos Suramericanos y reclamó información sobre el destino que tendrán las viviendas construidas para alojar a los deportistas. Aseguró que, pese a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no cuenta con el detalle que reclama y afirmó que ninguno de sus pedidos de comunicación fue respondido durante sus dos años y ocho meses de mandato. También disparó contra el funcionamiento de Diputados: “Nunca hubo una Cámara con tan formato de escribanía como esta”. En el cierre habló de la Reforma Constitucional y aseguró que Amalia Granata está “lejísimos” de abandonar la política.
Los Juegos Suramericanos representan para Santa Fe mucho más que dos semanas de competencia deportiva.
Dejarán estadios, infraestructura, viviendas, inversiones y una exposición internacional difícil de conseguir mediante cualquier otra política pública. Pero también implican desembolsos extraordinarios, endeudamiento y decisiones sobre bienes construidos con participación del Estado que deberían sobrevivir largamente al encendido de la llama inaugural. Y es precisamente allí donde la diputada provincial Alicia Azanza decidió poner el foco.
Entrevistada en Democráticamente, el programa que conduce Juan Francisco por AGOFA TV, la legisladora de Somos Vida planteó una serie de interrogantes alrededor de los recursos destinados al evento y, fundamentalmente, reclamó que el Gobierno provincial explique con precisión qué ocurrirá después de los Juegos con las viviendas construidas para alojar a los deportistas.
Azanza no cuestionó la importancia deportiva del acontecimiento. Su discusión es otra. ¿Era este el momento para realizar semejante inversión?, ¿Cuánto dinero público terminó destinado específicamente a cada componente?, ¿Quién recuperará posteriormente esos recursos?, ¿Cómo serán comercializadas las viviendas?, ¿Qué participación tendrá el Estado en los ingresos que eventualmente genere su venta?. Preguntas que, según la diputada, hasta ahora no consiguieron respuestas suficientes.
“¿Quién va a pagar estos 96 millones?”
Azanza integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y desde allí siguió parte de las autorizaciones financieras vinculadas al proceso. Durante la entrevista puso especialmente el foco sobre US$96 millones tomados a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). “Los Juegos Suramericanos hay que hacerlos, eso está planteado, viene de la gestión anterior”, aclaró.
Pero inmediatamente introdujo su diferencia: “¿Quién va a pagar estos 96 millones? ¿Este era el momento para hacerlo?”. La legisladora dijo haber votado en contra y vinculó esa decisión con una cuestión de prioridades.
Para Azanza, la Provincia debe discutir si era conveniente acelerar semejante volumen de inversión cuando simultáneamente existen dificultades vinculadas con salarios, infraestructura, vivienda, educación y las consecuencias de emergencias que todavía atraviesan diferentes regiones santafesinas. Es una discusión que excede los Juegos. La pregunta de fondo es cómo determina un Estado sus prioridades cuando los recursos son finitos.
Los Juegos sí, pero ¿a cualquier costo?
Azanza no construyó durante la entrevista una posición contraria al deporte ni desconoció el legado de infraestructura que puede dejar una competencia internacional. Incluso diferenció expresamente los estadios y gimnasios de su principal preocupación. “El estadio queda, el gimnasio queda”, reconoció hacia el final.
Su crítica apunta principalmente al costo, al momento elegido para realizar determinadas inversiones y a la falta de información que, según sostiene, encuentra cuando intenta reconstruir el recorrido del dinero público. “Yo veo despilfarro, yo veo negocio”, afirmó en uno de los pasajes más duros de la entrevista.
La expresión pertenece a la valoración política de Azanza y no constituye, por sí misma, evidencia de una irregularidad. Ella misma se encargó de marcar esa diferencia durante la conversación. “No doy nada por hecho”, explicó al plantear sus interrogantes sobre las viviendas. Y esa precisión resulta importante.
Azanza no presentó durante la entrevista documentación que pruebe un negocio irregular. Lo que hizo fue exigir información para poder determinar cómo se estructuraron las inversiones y qué ocurrirá con los activos después de finalizada la competencia.
La pregunta de las viviendas
Este es probablemente el punto más interesante de su planteo. Para albergar a los deportistas se construyeron cientos de unidades habitacionales vinculadas a las sedes de los Juegos.
Azanza puso especialmente la mirada sobre las correspondientes a Rosario y sostuvo que parte de la inversión involucró recursos públicos. Su pregunta comienza cuando termina el evento. ¿Qué ocurrirá con esos departamentos?.
Según explicó, fue obteniendo información a través de diferentes publicaciones periodísticas sobre valores de comercialización que podrían oscilar —de acuerdo con las referencias que mencionó— entre US$80.000 y US$150.000.
Pero la propia diputada reconoció no disponer de la documentación completa que le permita establecer las condiciones definitivas de esas operaciones. Y justamente ese desconocimiento es el núcleo de su reclamo. “Después no tengo información. La información la voy sacando de distintos medios periodísticos”, cuestionó.
Para una legisladora que integra Presupuesto y Hacienda, el dato resulta políticamente significativo.
¿Quién recupera la inversión pública?
Azanza formuló una hipótesis sencilla.
Si parte de esas viviendas fue construida con recursos públicos y posteriormente las unidades son comercializadas por empresas privadas, la Provincia debería explicar qué mecanismo existe para recuperar la participación estatal en esa inversión. ¿El dinero vuelve al Estado?, ¿Existe una distribución entre las partes? ,¿El aporte público estuvo destinado exclusivamente a infraestructura complementaria?, ¿Las viviendas serán adjudicadas mediante algún mecanismo público?, ¿Existe un convenio que establezca cómo se distribuyen los ingresos?, Son preguntas. No respuestas. Y la diferencia importa.
“A lo mejor estoy diciendo algo y puede venir alguien del Ejecutivo y decirme: ‘Mire, doctora Azanza, esto es así, así y así’. Yo estaría muy agradecida”, reconoció.
Es probablemente una de las frases más importantes de toda la entrevista. Porque transforma una denuncia política en algo mucho más sencillo de resolver institucionalmente: mostrar los números.
“¿Es necesario que haya departamentos de 150 mil dólares?”
La diputada introdujo además una discusión social sobre el tipo de viviendas construidas. Santa Fe tiene déficit habitacional. Miles de familias encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda propia.
Por eso Azanza cuestionó que, si efectivamente existen unidades cuyos valores alcanzarán los US$150.000, no se haya priorizado una tipología más accesible. “¿Es necesario que haya departamentos de 150.000 dólares? ¿No se pudieron haber hecho departamentos de 50, 60, 70?”, preguntó. Y agregó: “¿A qué persona humilde que quiere acceder a una casa la vas a meter en un crédito de un departamento en ese lugar de 150.000 dólares?”.
Nuevamente, la pregunta excede la obra. ¿Qué legado habitacional deberían dejar unos Juegos financiados en parte por el Estado?, ¿Un activo inmobiliario comercial?, ¿Viviendas accesibles?, ¿Una combinación de ambas cosas?, ¿Quién decidió ese modelo?. Ese es el debate que Azanza pretende abrir.
El punto débil de su denuncia: información que todavía necesita corroborar
Azanza también hizo una distinción relevante respecto de otras sedes. Dijo haber recibido información de un compañero de Cámara según la cual las viviendas correspondientes a Rafaela habrían sido realizadas con fondos privados y que existiría documentación respaldatoria.
Pero inmediatamente aclaró que todavía quiere verla. Es una prudencia necesaria. Porque no todas las obras vinculadas a los Juegos tienen necesariamente el mismo esquema financiero. Por eso cualquier evaluación seria deberá distinguir cuánto aportó el Estado en cada ciudad, qué financió concretamente, qué aportaron los privados y cuáles son las condiciones posteriores de explotación o comercialización. Ese detalle es precisamente el que Azanza reclama.
Una diputada que dice preguntar y no recibir respuestas
Pero la entrevista rápidamente dejó de ser exclusivamente sobre los Juegos. Porque detrás de sus dudas apareció una crítica mucho más profunda sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura.
Azanza aseguró que lleva dos años y ocho meses como diputada provincial y que durante ese período no recibió respuesta a ninguno de sus proyectos de comunicación. “Tengo presentado más de ciento y pico”, sostuvo.
Según explicó, buena parte de esas iniciativas tiene una característica común: preguntar qué se hace con el dinero. “Uno de los temas que a mí más me aboca en la Cámara es ver qué hacen con el dinero”, resumió.
Mencionó endeudamiento, obras públicas, partidas presupuestarias y gastos de publicidad como algunos de los asuntos sobre los que asegura haber requerido información. Y allí apareció la segunda gran definición de la entrevista.
“Nunca hubo una Cámara con tan formato de escribanía como esta”
Azanza fue particularmente crítica con Diputados. Reconoció como positivo que la nueva Constitución haya eliminado hacia el futuro el sistema que otorgaba automáticamente 28 bancas a la fuerza más votada. Pero sostuvo que la actual composición continuará funcionando bajo esas reglas hasta el próximo recambio legislativo. Y disparó: “Nunca hubo una Cámara con tan formato de escribanía como esta”.
La palabra “escribanía” tiene un significado político muy concreto. Es la acusación habitual contra una Legislatura que, en lugar de controlar al Ejecutivo, se limitaría a certificar sus decisiones.
Azanza sostiene que Unidos posee una mayoría que reduce considerablemente la capacidad de incidencia de los bloques opositores. Pero fue más allá. También cuestionó al peronismo y al socialismo.
Según su interpretación, existen sectores que manifiestan diferencias fuera del recinto pero que finalmente terminan acompañando iniciativas del Gobierno. Es una mirada partidaria y discutible —cada fuerza podrá explicar sus votos—, pero refleja cómo la diputada interpreta la dinámica legislativa santafesina.
Proyectos opositores que, según Azanza, sólo avanzan cuando los presenta el oficialismo
La legisladora puso un ejemplo. Mencionó iniciativas sobre educación financiera que, según relató, habían sido presentadas anteriormente por Amalia Granata y habían perdido estado parlamentario. Posteriormente apareció un proyecto oficialista sobre esa temática y el bloque terminó adjuntando su iniciativa original.
Para Azanza, ese tipo de episodios demuestra que el problema no siempre está en el contenido. Está en quién lo propone. “Nuestros proyectos de ley no sirven”, cuestionó, antes de volver sobre su definición: “Entonces nosotros estamos en una escribanía”.
La acusación merece una discusión más amplia. Una mayoría legislativa tiene derecho a impulsar su programa de gobierno. Para eso ganó las elecciones. Pero una Legislatura no existe únicamente para transformar el programa del Ejecutivo en leyes. También debe controlar, pedir información, modificar proyectos, abrir debates y permitir que una buena iniciativa pueda avanzar independientemente del bloque que la haya presentado. El equilibrio está justamente allí.
La información pública también es una forma de control
La discusión adquiere todavía mayor relevancia cuando se habla de dinero. Una diputada puede equivocarse en una hipótesis. Puede partir de información incompleta. Puede interpretar políticamente una partida. Pero si pregunta oficialmente cómo se utilizaron fondos públicos, la mejor respuesta institucional no debería ser el silencio.
Debería ser la documentación. Porque responderle a un legislador opositor no significa concederle razón. Significa permitir que ejerza su función de control. Y en el caso de las viviendas de los Juegos, incluso puede convertirse en una oportunidad para el Ejecutivo.
Si el esquema es transparente, si está establecido cómo se recupera la inversión pública y si existe un destino social o económicamente conveniente para las unidades, explicarlo despejaría buena parte de las sospechas. La ausencia de información, en cambio, deja que las preguntas crezcan.
“La reforma a la gente no le cambió nada”
Hacia el final, Azanza volvió sobre otro tema que atravesó la entrevista: el primer aniversario de la Reforma Constitucional. Su balance fue durísimo.
Recordó que se opuso a la Ley de Necesidad de la Reforma porque consideraba que no era el momento y, aunque definió como enriquecedora y motivo de orgullo su experiencia como convencional constituyente, separó la dimensión personal del resultado político. “Hoy, a esta hora y un año después, la reforma de la Constitución a la gente no le cambió nada”, afirmó.
Cuestionó que continúen emergencias, señaló la falta de una nueva discusión integral sobre coparticipación y sostuvo que numerosos derechos incorporados al texto todavía no produjeron modificaciones concretas en la vida cotidiana. También volvió sobre uno de los debates centrales de aquella Convención: el Poder Judicial.
Azanza recordó que participó especialmente de la comisión vinculada con Justicia. Según relató, allí encontró inicialmente puntos de coincidencia con propuestas elaboradas por el socialismo respecto de la independencia judicial. Su conclusión posterior fue extremadamente crítica.
Sostuvo que la Reforma terminó configurando, desde su perspectiva, un esquema que aumenta la influencia del Poder Ejecutivo sobre la Justicia. Es una interpretación política de la diputada, no un hecho institucional indiscutido. Pero resulta relevante porque permite entender por qué su bloque mantuvo una oposición tan dura durante la Convención.
Azanza sostuvo que Somos Vida y La Libertad Avanza fueron los espacios que prácticamente no acompañaron el articulado, con la excepción que mencionó respecto de la cláusula Malvinas. También cuestionó al socialismo por haber terminado acompañando disposiciones diferentes de sus planteos iniciales.
¿Granata se baja? Azanza fue terminante
La última definición fue electoral. Desde hace meses circulan versiones sobre el futuro político de Amalia Granata y la posibilidad de que eventualmente abandone la competencia provincial.
Azanza, una de sus dirigentes más cercanas, prácticamente descartó esa posibilidad. “Lejísimos está Amalia de bajarse de la política”, aseguró.
La describió como una dirigente que maneja sus propios tiempos, que evita anticipar decisiones y que, según su mirada, está cada vez más fortalecida territorialmente. “Creo que la provincia tiene Granata para rato”, sentenció.
No confirmó una candidatura. Tampoco anticipó qué cargo podría disputar. Y esa diferencia es importante frente a las especulaciones que ya empiezan a circular sobre 2027. Lo único que Azanza dejó prácticamente descartado es un retiro.
Los Juegos terminarán, las preguntas quedarán
Los Juegos Suramericanos tendrán inauguración, competencias, medallas y una ceremonia de cierre. Después se apagarán las luces. Y allí comenzará probablemente el verdadero balance sobre la inversión.
Los estadios seguirán. Los gimnasios seguirán. Las obras de infraestructura quedarán. Y también quedarán cientos de viviendas construidas para albergar deportistas.
Por eso la pregunta formulada por Azanza merece una respuesta independientemente de cualquier posición política: ¿qué ocurrirá con esas viviendas y cómo se recuperará —si corresponde— el dinero público invertido en ellas?
El Gobierno puede demostrar que la diputada está equivocada en sus sospechas. Puede explicar los contratos. Desglosar los aportes. Diferenciar inversión pública y privada. Precisar el mecanismo de comercialización. Informar quién recibe el producido de las ventas. Y mostrar cuál será el beneficio final para la Provincia. Pero para hacerlo hay una condición elemental. Responder.
Porque si algo dejó la entrevista de Alicia Azanza en Democráticamente no fue una certeza sobre la existencia de una irregularidad. Fue algo institucionalmente mucho más sencillo: una diputada que pregunta qué se hará con bienes construidos con participación de recursos públicos y que reclama que el Ejecutivo le muestre los números. Y en una República, controlar qué hace el poder con el dinero no debería ser una molestia. Debería ser exactamente una de las razones por las que existe una Legislatura.
