Después de que Aguas Santafesinas llevara a la Justicia una deuda municipal superior a los $6.000 millones, el Gobierno provincial anunció que la empresa estatal asumirá progresivamente la prestación del servicio de agua potable de Santo Tomé y proyecta invertir entre $6.000 y $9.000 millones. La solución puede ordenar el problema hacia adelante, pero todavía deja sin una explicación detallada cómo se acumuló semejante pasivo y qué ocurrió con los recursos efectivamente pagados por los contribuyentes. La oposición lo resume en una pregunta: “¿Qué hicieron con la plata de los vecinos?”.
La conferencia de prensa permitió conocer finalmente la salida política que Provincia y Municipalidad encontraron para uno de los conflictos más delicados que enfrenta la administración de Miguel Weiss Ackerley en Santo Tomé.
Aguas Santafesinas absorberá progresivamente la prestación del servicio de agua potable que actualmente administra el Municipio. Antes deberá intervenir el Concejo Municipal. Después llegará un convenio que establecerá obligaciones, derechos, bienes involucrados, condiciones de la transición y, necesariamente, qué ocurrirá con una deuda que ya terminó en los tribunales.
Porque detrás del anuncio existe un número imposible de ignorar: más de $6.000 millones.
Es el monto que ASSA reclama judicialmente a la Municipalidad por el agua suministrada desde el Acueducto Desvío Arijón. Y aunque el Gobierno provincial encontró una salida para el futuro del servicio, todavía queda pendiente reconstruir con precisión cómo Santo Tomé llegó hasta acá.
Provincia decidió intervenir
La decisión fue presentada como estructural. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, definió el traspaso como una decisión política “muy trascendente” y describió el actual sistema municipal como superado por el crecimiento de Santo Tomé.
Según el diagnóstico oficial, el esquema fue pensado para una localidad mucho más pequeña y ya no posee escala suficiente para atender las necesidades actuales.
La presidenta de ASSA, Renata Ghilotti, fue todavía más precisa. La red presenta deficiencias y años de falta de mantenimiento y necesitará una inversión estimada de entre $6.000 y $9.000 millones durante los próximos tres años.
El proceso será gradual. ASSA no comenzará a prestar el servicio de un día para otro. Primero deberá aprobarse la ordenanza y posteriormente avanzará una transición durante la cual la empresa provincial irá asumiendo progresivamente la operación.
Un rescate político que también necesita explicaciones
La Provincia decidió involucrarse. Y políticamente el dato no es menor. Porque ASSA es una empresa estatal. El Municipio mantiene con ella una deuda multimillonaria. La propia empresa debió acudir a la Justicia para reclamarla. Y pocos días después, el Gobierno de Maximiliano Pullaro apareció encabezando una solución integral que no solamente contempla absorber el servicio sino afrontar las inversiones necesarias para recuperar una infraestructura deteriorada.
Desde el punto de vista administrativo, existen argumentos para hacerlo. Santo Tomé necesita agua. Los vecinos no pueden transformarse en víctimas de un conflicto financiero entre administraciones públicas. Y si el sistema municipal está efectivamente colapsado, resolver el problema resulta una obligación estatal.
Pero desde el punto de vista político aparece inevitablemente otra discusión. ¿Con qué criterios decide Provincia cuándo intervenir para sostener a un municipio en problemas y cuándo exigirle que resuelva por sí mismo sus dificultades?
Santo Tomé y San Javier: dos respuestas diferentes
La comparación con San Javier aparece inevitablemente en la discusión política. Allí gobierna Maribel González, una intendenta radical que expuso públicamente una situación financiera extremadamente delicada y las dificultades para afrontar salarios y mantener servicios. La respuesta provincial no adquirió hasta ahora la dimensión estructural que muestra Santo Tomé.
En Santo Tomé gobierna el PRO, uno de los integrantes de Unidos. Y la Provincia decidió sentarse directamente a construir una salida junto al Municipio y una empresa estatal.
Aunque algunas fuentes afirman que hubo un pedido formal de apoyo por parte de altos dirigentes del PRO, eso no demuestra por sí solo que exista un acuerdo partidario para beneficiar a Weiss Ackerley, ni los materiales aportados permiten afirmar que el rescate sea producto de una negociación entre Pullaro y el PRO. Pero políticamente la diferencia de tratamiento merece ser señalada y explicada.
Sobre todo dentro de una coalición donde el reparto de poder entre radicales, socialistas, PRO y fuerzas menores comienza a formar parte de la discusión hacia la próxima etapa electoral.
Si existe una razón técnica, financiera o institucional que justifique respuestas diferentes, debería ser suficientemente clara para evitar que la asistencia provincial termine siendo interpretada como una herramienta de negociación política.
La deuda quedó en segundo plano
Uno de los momentos más significativos de la conferencia apareció cuando los funcionarios provinciales fueron consultados por los $6.000 millones.
Enrico planteó que todavía debe resolverse “la cuestión contable” y sostuvo que la deuda constituye solamente una parte del problema. “La deuda es una parte de la problemática pero no es la principal”, señaló.
Ghilotti explicó que su obligación como presidenta de ASSA era reclamar judicialmente lo adeudado, pero anticipó que la resolución del pasivo será parte de la negociación que acompañará al convenio.
En otras palabras: la demanda existe, pero la deuda también ingresó ahora en una negociación política e institucional mucho más amplia.
La explicación del Gobierno: una deuda “en espejo”
El ministro de Economía, Pablo Olivares, aportó una explicación que debe ser incorporada al análisis porque modifica parcialmente la interpretación del problema.
Según sostuvo, existe una relación prácticamente “en espejo” entre la morosidad de los usuarios y la deuda que el Municipio mantiene con ASSA. Santo Tomé administra aproximadamente 28.000 o 29.000 cuentas. ASSA, alrededor de 800.000. La escala importa.
Si una proporción considerable de los contribuyentes santotomesinos deja de pagar, la Municipalidad posee menos capacidad financiera para absorber esa morosidad mientras continúa obligada a pagar regularmente el agua que compra en bloque. ASSA, en cambio, puede distribuir ese impacto dentro de una estructura muchísimo mayor. Ese es uno de los fundamentos económicos utilizados para justificar el traspaso.
Una explicación posible no es todavía una rendición de cuentas
El argumento de Olivares merece ser considerado. Pero no termina la discusión. Porque decir que una parte importante de los vecinos no pagó explica por qué pudieron faltar recursos. No explica, por sí solo, qué ocurrió con los recursos de quienes sí pagaron.
Para despejar definitivamente las dudas sería necesario reconstruir algunos números elementales: cuánto facturó el Municipio por agua y cloacas. Cuánto efectivamente cobró. Cuánto correspondía al agua adquirida a ASSA. Cuánto transfirió a la empresa. Cuánto quedó impago. Cómo evolucionó mensualmente el pasivo. Y qué ocurrió con el convenio que había sido acordado para regularizarlo. Esa información no aparece detallada públicamente en los materiales analizados.
La deuda pasó de $2.500 millones a más de $6.000 millones
El problema tampoco apareció repentinamente. En septiembre de 2025, el concejal justicialista Rodrigo Alvizo ya advertía que la deuda municipal con ASSA superaba los $2.500 millones. Casi un año después supera los $6.000 millones. Y en el medio existió, según la información difundida, un acuerdo de pago que no habría conseguido regularizar la situación.
Ese recorrido necesita explicación. Porque si ya existía conocimiento del problema y se había diseñado un mecanismo para afrontarlo, corresponde saber por qué el pasivo siguió creciendo hasta que la propia empresa estatal decidió recurrir a la Justicia.
“¿Qué hicieron con la plata de los vecinos?”
Alvizo consiguió condensar todos esos interrogantes en una sola pregunta: “¿Qué hicieron con la plata de los vecinos?”.
Es una formulación políticamente efectiva. Pero también necesita una precisión. La pregunta no implica que existan $6.000 millones efectivamente cobrados y posteriormente desaparecidos. Tampoco existe, según la documentación aportada, una determinación judicial que establezca un desvío de esos fondos.
Lo que existe es una deuda multimillonaria, un servicio que el Municipio continuó cobrando, una explicación oficial basada en la morosidad y números todavía insuficientemente desagregados para reconstruir públicamente todo el circuito financiero. Precisamente por eso la pregunta conserva vigencia.
Alvizo solicitó que Weiss Ackerley concurra al Concejo para explicar la situación y anticipó que, si las cuentas no son aclaradas, podría acudir a la Justicia para pedir que se investigue el destino de los fondos.
Hasta ahora, eso constituye una advertencia política del concejal y no la existencia de una investigación penal sobre el manejo de esos recursos.
Un intendente que habló recién cuando llegó Provincia
También hubo una imagen política. Durante los días en que la demanda judicial y la magnitud de la deuda ocuparon el centro de la discusión pública, Weiss Ackerley mantuvo un perfil bajo.
Su explicación llegó finalmente en una conferencia acompañado por dos ministros provinciales y la presidenta de ASSA. Allí aseguró que la decisión no había sido improvisada y que existían conversaciones desde hacía aproximadamente dos años para transferir la prestación.
El intendente reconoció además que el sistema municipal quedó obsoleto y sostuvo que la transformación debería haberse realizado mucho tiempo atrás. La escena, sin embargo, dejó una lectura política inevitable: la administración local necesitó de la Provincia para presentar una salida a una crisis que ya había escalado hasta una demanda judicial.
Ahora aparece otra factura
El costo del problema tampoco termina con la deuda. ASSA calcula que deberá invertir entre $6.000 y $9.000 millones durante los próximos tres años.
Es decir, la discusión posee dos dimensiones diferentes. Una mira hacia atrás: los más de $6.000 millones adeudados. Otra mira hacia adelante: hasta $9.000 millones adicionales para poner en condiciones la infraestructura.
No son necesariamente montos que deban sumarse como si fueran una única obligación del Municipio, porque tienen naturaleza diferente. Pero ambos números permiten dimensionar el deterioro del esquema que ahora deberá resolver el Estado provincial.
El Concejo todavía tiene una llave
El traspaso no está consumado. Necesita una ordenanza. Y eso convierte al Concejo Municipal en un actor central.
La discusión no debería reducirse a votar si ASSA se hace cargo o no. Los concejales tienen la oportunidad de exigir que el proceso llegue acompañado por información. Condiciones del convenio. Tratamiento de la deuda. Bienes municipales afectados. Plan de inversiones. Cronograma. Esquema tarifario. Responsabilidades durante la transición. Y fundamentalmente la trazabilidad de los recursos recaudados durante los años en que creció el pasivo. Porque resolver el futuro del agua no debería significar clausurar la discusión sobre el pasado.
También falta conocer con precisión el impacto tarifario. Provincia anticipó que ASSA comenzará a cobrar bajo su esquema de prestación y Enrico habló de pagar un “costo real”.
Alvizo ya preguntó cuánto significará eso en las facturas. Es una cuestión central. Porque sería difícil explicar políticamente que una administración acumule una deuda multimillonaria, el Estado provincial intervenga para solucionar el problema y finalmente el mayor costo termine trasladándose sin explicaciones suficientes al usuario que venía cumpliendo regularmente con sus obligaciones.
El vecino necesita saber no solamente quién le prestará el servicio. También cuánto pagará y por qué.
Pullaro deberá explicar las reglas del rescate
El Gobierno provincial eligió involucrarse. Puede argumentar que era necesario para garantizar un servicio esencial. Y probablemente lo sea. Pero cuando una administración provincial interviene para solucionar la crisis financiera de un municipio gobernado por uno de los partidos que integran su coalición, la transparencia debe ser todavía mayor.
No alcanza con solucionar. Hay que explicar. ¿Por qué esta asistencia?. ¿Bajo qué condiciones?. ¿Qué ocurrirá con la deuda?. ¿Qué aportará Santo Tomé?. ¿Qué asumirá ASSA?. ¿Qué pagará Provincia?. ¿Qué terminarán pagando los usuarios?. Y, especialmente, por qué otros municipios gobernados incluso por dirigentes de Unidos que atraviesan situaciones financieras críticas, como San Javier, no recibieron hasta ahora una respuesta equivalente.
No podemos afirmar que exista un intercambio político entre Pullaro y el PRO. Pero la diferencia de trato vuelve legítimo exigir criterios públicos y objetivos para entender cómo se distribuye la asistencia provincial.
La certeza detrás de las dudas
Santo Tomé termina esta semana con una salida. Pero no todavía con todas las respuestas. ASSA probablemente absorberá el servicio. Provincia realizará inversiones. El sistema podrá modernizarse. La ciudad podrá tener una estructura acorde con su crecimiento. Todo eso mira hacia adelante. Pero quedan los $6.000 millones mirando hacia atrás. Y mientras no aparezcan los números completos, seguirá vigente la pregunta que Alvizo formuló de manera brutalmente sencilla: ¿Qué hicieron con la plata de los vecinos?
No corresponde anticipar la respuesta. Corresponde exigirla. Porque administrar recursos públicos no consiste solamente en resolver una crisis cuando finalmente estalla. También significa explicar cómo se llegó hasta ella.
El actual gobierno de Santo Tomé acumuló un nuevo conflicto y nuevas dudas. Ahora tendrá la oportunidad institucional de despejarlas. Mientras tanto, una certeza atraviesa todo el episodio: gobernar no es lo mismo que decir.
