Los Juegos Suramericanos volvieron a exhibir el despliegue de funcionarios, asesores y dirigentes vinculados a diferentes áreas del Gobierno provincial y reactivaron una discusión que hasta ahora tuvo pocos datos oficiales consolidados: cuál es la verdadera dimensión de la estructura política que acompaña a Maximiliano Pullaro. Un relevamiento realizado a partir de decretos provinciales contabiliza 2.599 cargos entre autoridades superiores y personal de gabinete. Desde sectores políticos aparece además otra pregunta, a medida que se acerca un nuevo proceso electoral: dónde termina la gestión institucional y dónde comienza la construcción política utilizando la estructura del Estado.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 pusieron durante estas semanas a la Provincia en una vidriera internacional. Más de 4.000 deportistas de 15 países participan de una competencia distribuida entre Rosario, Santa Fe y Rafaela, mientras el Gobierno destaca una inversión superior a los 90 millones de dólares en infraestructura deportiva, urbana y habitacional. La organización involucró a ministerios, municipios, comités locales, legisladores, funcionarios y responsables de diferentes áreas, además de un programa específico de voluntariado que superó las 5.000 personas.
Pero detrás de las competencias y de la infraestructura apareció nuevamente una discusión estrictamente política. La fuerte presencia de dirigentes y funcionarios provinciales alrededor del acontecimiento llevó a sectores opositores y a personas que en otros momentos mantuvieron cercanía con la actual gestión a volver a preguntarse por las dimensiones de la estructura política del Gobierno.
“Es impresionante la cantidad de gente que tiene contratada Pullaro en la planta política”, sintetizó ante este medio un dirigente que supo tener proximidad con el oficialismo.
La frase puede ser una valoración política. Los números, en cambio, merecen ser analizados.
Un relevamiento habla de 2.599 cargos políticos
Determinar con exactitud cuántas personas integran actualmente la planta política provincial no resulta sencillo. Este medio solicitó en diferentes oportunidades información sobre la composición de esa estructura y encontró reticencias para acceder a un cuadro oficial completo, actualizado y fácilmente contrastable.
Un relevamiento recientemente al que tuvo acceso politicadesantafe.com, realizado mediante el seguimiento de decretos provinciales, sostiene que la administración Pullaro alcanzó al menos 2.599 cargos políticos ocupados: 567 correspondientes a Autoridades Superiores y 2.032 a Personal de Gabinete, categoría dentro de la cual aparecen los denominados Asistentes Técnicos. Según el mismo seguimiento, 84 días antes el número alcanzaba los 2.547 cargos —562 autoridades superiores y 1.985 integrantes de gabinete—, lo que representaría 52 nuevas designaciones durante ese período.
Es importante precisar el alcance del dato. No existe, entre la documentación oficial localizada para este informe, una publicación única y consolidada del Gobierno provincial que permita contrastar de manera inmediata esos 2.599 nombres. Por eso el número debe presentarse como el resultado de un relevamiento construido a partir de actos administrativos y no como una cifra oficialmente informada por la Casa Gris.
Precisamente allí aparece uno de los problemas. Si el Gobierno sostiene reiteradamente que redujo “los costos de la política”, contar con información pública consolidada sobre autoridades superiores, personal de gabinete, remuneraciones, altas, bajas y modificaciones permitiría medir esa afirmación sobre datos oficiales y no sobre estimaciones externas.
Más funcionarios, asesores y modificaciones en las estructuras
El mismo relevamiento sostiene que el crecimiento no se habría producido únicamente mediante nuevas incorporaciones. También identifica decretos mediante los cuales fueron redesignados asistentes técnicos en categorías superiores y modificaciones de organigramas ministeriales.
Entre los movimientos señalados aparecen cambios en las estructuras políticas de los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, Salud y Gobierno e Innovación Pública. Según el análisis publicado, las modificaciones implicaron creación o jerarquización de áreas y, consecuentemente, cambios en las categorías de determinados cargos.
Esto introduce una distinción necesaria. Tener una planta política numerosa no demuestra, por sí mismo, irregularidad alguna. Los gobiernos tienen facultades para conformar equipos, designar funcionarios y estructurar ministerios de acuerdo con sus programas de gestión. La discusión es política, presupuestaria y de transparencia: cuántos cargos existen, cuánto cuestan, cómo evolucionaron respecto de administraciones anteriores y qué resultados concretos producen.
También obliga a precisar qué significa exactamente “bajar el costo de la política”. Puede referirse a reducción de determinados gastos, eliminación de privilegios, disminución de estructuras específicas o ahorro en otras áreas. Pero si simultáneamente aumenta el número de funcionarios y asesores, el Gobierno debería publicar información suficiente para explicar cómo se compatibilizan ambos procesos.
Los Juegos mostraron la dimensión política del Gobierno
Los Juegos Suramericanos funcionan en este contexto como una enorme vidriera institucional. La organización provincial involucra distintas áreas del Ejecutivo y cuenta con un Comité Organizador Local creado específicamente para la competencia. La documentación oficial muestra además la participación de funcionarios de Educación, Obras Públicas, Igualdad y Desarrollo Humano, Gobierno e Innovación Pública y otras dependencias en diferentes etapas de preparación del acontecimiento.
Eso no significa que todas las personas que hoy trabajan alrededor de los Juegos hayan sido incorporadas a la planta política para esa finalidad. Existe, además, un programa de voluntariado diferente de la estructura estatal: más de 5.000 personas se anotaron para colaborar en las tres ciudades sede y recibieron capacitación e indumentaria para cumplir distintas funciones durante el certamen.
La distinción es indispensable. Voluntarios, empleados públicos, funcionarios políticos, asesores y personal específicamente vinculado a la organización no son categorías equivalentes.
Pero la magnitud del dispositivo desplegado alrededor de los Juegos volvió visible una estructura política que normalmente permanece distribuida entre ministerios, secretarías, subsecretarías y organismos descentralizados. Y con esa exposición reapareció una pregunta que el Gobierno podría despejar con algo bastante sencillo: publicar la nómina completa y actualizada de su planta política.
La comparación con Perotti y un dato que necesita transparencia
El relevamiento citado realiza además una comparación particularmente fuerte con la administración anterior. Según esos cálculos, la relación entre cargos políticos de ambas gestiones sería actualmente de 4,87 a 1 y, tomando exclusivamente asistentes técnicos, llegaría a 17,67 a 1. Es decir, según esa metodología, por cada asesor contabilizado durante la administración de Omar Perotti habría casi 18 en la actual.
Son cifras de una magnitud suficiente como para exigir cautela.
Comparar plantas políticas entre dos gobiernos requiere utilizar exactamente las mismas categorías, momentos temporales, organismos incluidos y criterios metodológicos. Una modificación de organigramas o de modalidades de contratación puede distorsionar considerablemente una comparación nominal. Por eso, sin una base oficial homogénea de ambas administraciones, esos coeficientes deben ser entendidos como resultados del relevamiento citado y no como una comparación oficial definitivamente establecida.
Eso no vuelve irrelevante el planteo. Al contrario: muestra la necesidad de contar con datos públicos que permitan comprobarlo o refutarlo.
Si efectivamente existen 567 autoridades superiores y 2.032 integrantes de gabinete, la Provincia debería poder informar quiénes son, dónde cumplen funciones, bajo qué categoría fueron designados y cuánto representa esa estructura dentro del presupuesto provincial.
Del tamaño del Estado a la pregunta electoral
La discusión adquiere además una dimensión diferente porque Santa Fe comienza progresivamente a ingresar en otro proceso electoral.
Y allí la cantidad de funcionarios y asesores deja de ser solamente una discusión sobre gasto público para convertirse también en un interrogante sobre la relación entre Estado, gestión y construcción política.
Un gobierno tiene derecho a comunicar sus políticas, mostrar obras, organizar acontecimientos públicos y defender su gestión. Sus funcionarios, además, tienen actividad política. Nada de eso constituye por sí mismo un uso partidario del Estado.
El límite aparece cuando recursos, estructuras, personal o actividades financiadas públicamente pudieran utilizarse con objetivos proselitistas. Afirmar que eso está ocurriendo requeriría pruebas concretas que hoy no surgen de los elementos analizados para este informe. Pero preguntar qué mecanismos existen para evitarlo resulta especialmente pertinente frente a una estructura política de las dimensiones que describe el relevamiento.
Los Juegos Suramericanos amplifican esa discusión porque constituyen probablemente uno de los acontecimientos de mayor exposición pública de la gestión Pullaro. El Gobierno los presenta como una demostración de capacidad administrativa, inversión y transformación de infraestructura. El propio gobernador sostuvo durante su inauguración que la competencia expresa valores de disciplina, constancia, trabajo en equipo y cultura del trabajo.
La pregunta hacia adelante será cómo se separa esa comunicación institucional de la estrategia política de un oficialismo que también comienza a prepararse para futuras elecciones.
Una discusión que se resuelve publicando los números
El Gobierno tiene una herramienta sencilla para despejar buena parte de estas dudas: información.
¿Cuántas autoridades superiores existen actualmente? ¿Cuántos asistentes técnicos? ¿Cuántos cargos fueron creados desde diciembre de 2023? ¿Cuántos se eliminaron? ¿Cuál es el costo mensual y anual de la planta política? ¿Qué ministerios concentran las mayores estructuras? ¿Cuántas personas fueron incorporadas específicamente para actividades relacionadas con los Juegos Suramericanos y bajo qué modalidad contractual?
Sin esos datos ordenados y accesibles, la discusión queda atrapada entre el discurso oficial sobre la reducción de los costos de la política y los relevamientos externos que describen una estructura en expansión.
Y aparece una última pregunta, quizá la más importante de cara al período que viene.
Si el relevamiento que contabiliza más de 2.500 cargos políticos refleja adecuadamente la dimensión actual del Gobierno, ¿hasta dónde esa estructura estará destinada exclusivamente a gestionar y dónde comenzará, durante un año electoral, a funcionar como músculo político del oficialismo?
La pregunta no equivale a una acusación. Para convertirla en una denuncia harían falta nombres, actos administrativos, recursos y conductas concretas. Pero la dimensión que habría alcanzado la planta política vuelve razonable exigir controles, acceso a la información y una separación verificable entre Estado y actividad partidaria.
Porque los Juegos Suramericanos terminarán. Las obras quedarán. También quedará la estructura estatal.
Y entonces será más fácil observar si el enorme despliegue político que hoy rodea al Gobierno de Maximiliano Pullaro fue solamente la maquinaria necesaria para administrar una provincia y organizar un acontecimiento internacional, o si parte de esa estructura comienza a tener otra función cuando la política santafesina vuelva definitivamente a entrar en campaña.
