Los diputados provinciales Celia Arena y Marcos Corach, quienes integraron el gabinete de Omar Perotti, cuestionaron con dureza el relato del oficialismo sobre la seguridad en Santa Fe y defendieron las políticas implementadas durante la gestión justicialista. En el debate por el paquete de leyes enviado por Maximiliano Pullaro, ambos reconocieron los problemas que no pudieron resolver, pero recordaron que recibieron una provincia después de doce años de gobiernos del Frente Progresista. Denunciaron que Unidos pretende desconocer las inversiones, las herramientas institucionales y las investigaciones contra organizaciones narcocriminales desarrolladas antes de diciembre de 2023. También advirtieron que las nuevas facultades policiales podrían poner en riesgo los derechos de ciudadanos inocentes y cuestionaron que la oposición haya quedado excluida de la negociación legislativa.
La discusión del paquete de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro dejó uno de los cruces políticos más importantes de la última sesión de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Los legisladores justicialistas Celia Arena y Marcos Corach, ambos exintegrantes del gabinete de Omar Perotti, aprovecharon el debate para cuestionar no solamente el contenido de las reformas, sino también la reconstrucción histórica que el actual oficialismo realiza sobre las políticas de seguridad provinciales.
Las intervenciones buscaron responder a una afirmación que, según denunciaron, se repite desde la llegada de Pullaro a la Casa Gris: que antes de diciembre de 2023 el Estado provincial no había desarrollado políticas eficaces contra el delito y que las transformaciones comenzaron exclusivamente con la actual administración.
Lejos de desconocer los resultados del Gobierno provincial, Arena y Corach reconocieron expresamente la disminución de los homicidios en Rosario y la importancia de ese avance. Sin embargo, plantearon que los resultados actuales no pueden analizarse sin considerar las políticas anteriores, la actuación de las fuerzas federales y las herramientas institucionales que se construyeron durante diferentes administraciones.
En ese sentido, ambos diputados defendieron la necesidad de reconocer errores y responsabilidades propias, pero también cuestionaron lo que consideran una mirada fundacional del oficialismo, que atribuye todos los avances a la gestión de Pullaro y desconoce las continuidades existentes.
Corach cuestionó el relato fundacional del Gobierno provincial
Marcos Corach fue uno de los más contundentes al cuestionar la interpretación que el oficialismo realiza sobre la historia reciente de la seguridad santafesina. El exministro de Gestión Pública de Perotti sostuvo que desde diciembre de 2023 se instaló una narrativa que presenta al actual Gobierno como el punto de partida de la recuperación del orden y del control estatal.
“Esta pretensión de reinventar la historia desde que el gobernador Pullaro asumió el gobierno de la provincia en diciembre del 23. Hablan de un antes y un después del 2023. Que antes había desorden y que ahora hay orden. Que antes el Estado estaba ausente y ahora por fin recuperó el control”, cuestionó.
En una de las expresiones más fuertes de su intervención, Corach ironizó sobre esa postura: “Parece un oficialismo que, como a mí me gusta decir, cree que la película empieza cuando llega al cine”.
El diputado reconoció que la caída de los homicidios en Rosario constituye un resultado importante, pero rechazó que ese indicador pueda utilizarse para clausurar cualquier discusión sobre las decisiones del Ejecutivo, sus antecedentes o los límites constitucionales de las nuevas herramientas de seguridad.
Para fundamentar su posición, recordó que el peronismo llegó al Gobierno provincial en diciembre de 2019 después de doce años de administraciones del Frente Progresista, una fuerza política cuyos sectores mantienen continuidad dentro de la actual coalición Unidos.
“Cuando a nosotros nos tocó asumir el gobierno en diciembre del 19, encontramos una crisis de seguridad que llevaba muchos años desarrollándose. Y no lo digo para eximirnos de responsabilidades y no hacernos cargo de lo que nos toca, sino porque una discusión seria exige reconocer las responsabilidades de todos”, afirmó.
Los antecedentes del narcotráfico y la policía que recibió Perotti
Corach dedicó buena parte de su intervención a recordar hechos de violencia y criminalidad organizada que se produjeron antes de la llegada de Omar Perotti a la Gobernación. Mencionó la detención de un jefe policial provincial por encubrimiento del narcotráfico, los ataques contra edificios judiciales y domicilios vinculados con magistrados, el surgimiento de la consigna Rosario Sangra y las controversias relacionadas con el funcionamiento de establecimientos penitenciarios y locales nocturnos.
Entre los episodios citados incluyó las imágenes de internos de la cárcel de Coronda utilizando una pileta y la polémica por el establecimiento Esperanto de Rosario, que generó cuestionamientos sobre los controles municipales y los vínculos económicos de personas investigadas por narcotráfico.
El legislador también puso especial atención en la infiltración de organizaciones criminales dentro de la Policía de Santa Fe. Recordó las investigaciones judiciales sobre Los Monos y la organización de Esteban Alvarado, en las que se acreditaron conductas delictivas de efectivos policiales.
“Hubo policías que integraban información, que facilitaban operaciones, integraban organizaciones criminales y hubo condenas que acreditaron esas conductas. Y esa era la policía que nosotros recibimos”, sostuvo.
Su planteo apuntó a discutir la idea de que los problemas estructurales de seguridad comenzaron durante la gestión peronista. Según Corach, la administración de Perotti debió enfrentar organizaciones narcocriminales consolidadas, deficiencias en los controles institucionales y estructuras policiales comprometidas por investigaciones judiciales.
En ese marco, formuló una pregunta que vinculó directamente esos antecedentes con las nuevas atribuciones que pretende establecer el Gobierno de Pullaro: “Si fallaron los controles antes, ¿por qué no volverían a fallar ahora? ¿Por qué le vamos a dar un poder a la policía que antes falló?”.
Las investigaciones contra los grandes jefes narcos y las políticas que el oficialismo no reconoce
Otro de los ejes centrales de Corach fue la continuidad de las investigaciones y las políticas contra las principales organizaciones narcocriminales de Rosario. El diputado recordó que durante los años anteriores se desarrollaron investigaciones judiciales contra estructuras como Los Monos y la organización de Esteban Alvarado, con condenas que también alcanzaron a integrantes de las fuerzas de seguridad.
Su intervención buscó diferenciar la situación que encontró el peronismo en 2019 de la que recibió Pullaro en diciembre de 2023. Según sostuvo, el actual Gobierno asumió con una estructura policial distinta, herramientas de investigación, experiencias operativas e inversiones en infraestructura que no existían cuando comenzó la administración anterior.
“Este gobierno recibió en diciembre del 23 una policía distinta. Instituciones, herramientas de investigación, experiencias operativas, infraestructura, mucha inversión en infraestructura y recursos que antes no existían”, expresó.
En ese punto, Corach mencionó una continuidad institucional que consideró especialmente significativa: Claudio Brilloni, último ministro de Seguridad de Perotti, se desempeña actualmente al frente de Gendarmería Nacional, una de las fuerzas federales que intervienen en Rosario.
El legislador cuestionó que esa continuidad no reciba reconocimiento en el discurso oficial, pese a que la coordinación entre las fuerzas nacionales y provinciales forma parte de la política de seguridad actual.
También recordó que durante la gestión de Perotti existieron dificultades en la articulación con el Gobierno nacional, incluso cuando ambas administraciones pertenecían al mismo espacio político. Según su análisis, la coordinación federal y provincial actual constituye uno de los factores que contribuyen a explicar los resultados en materia de seguridad.
“La seguridad es una responsabilidad compartida y sus resultados no se pueden atribuir solo a una administración”, planteó.
El argumento de Corach no consistió en negar los avances actuales, sino en reclamar que el oficialismo reconozca que las investigaciones, las detenciones y condenas vinculadas con importantes organizaciones narcocriminales, así como las transformaciones institucionales, forman parte de un proceso que comenzó antes de diciembre de 2023.
Arena recordó que el peronismo acompañó once leyes de seguridad de Pullaro
Por su parte, Celia Arena, exministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos durante la gestión de Omar Perotti, centró parte de su intervención en cuestionar el tratamiento legislativo del paquete y la actitud del oficialismo frente a la oposición.
La diputada recordó que, desde el inicio de la actual Legislatura en 2023, su bloque acompañó once leyes vinculadas con la seguridad pública. Entre ellas mencionó la emergencia en seguridad, la ley de microtráfico, los gastos reservados para investigación criminal, la nueva ley orgánica del Servicio Penitenciario, la ejecución de la pena, la agencia de control de medidas no privativas de libertad y la ley de inteligencia provincial.
También enumeró la reforma orgánica del Ministerio Público de la Acusación, la ley de juicio por jurados y dos modificaciones del Código Procesal Penal. “No estoy hablando de leyes menores ni superficiales. Son leyes muy en profundidad y sobre las cuales nosotros tuvimos mucho debate interno”, sostuvo.
Arena explicó que el acompañamiento de esas iniciativas respondió a una decisión política de contribuir con las herramientas necesarias para combatir el delito, aun cuando el peronismo había pasado a ocupar el lugar de oposición.
Sin embargo, marcó una diferencia con el tratamiento del nuevo paquete de seguridad. Según señaló, en las leyes anteriores existieron posibilidades de discutir modificaciones, fundamentar objeciones y alcanzar acuerdos, mientras que en esta oportunidad la oposición quedó al margen de las negociaciones. “Acá la oposición era totalmente prescindible, totalmente prescindible”, cuestionó.
La legisladora también rechazó que se atribuyeran exclusivamente al Gobierno actual los avances en seguridad sin reconocer el acompañamiento legislativo de sectores opositores.
El reclamo por la participación federal durante la gestión de Perotti
Arena también recuperó las dificultades que enfrentó el Gobierno de Perotti para conseguir mayor participación de la Justicia federal y de las fuerzas nacionales en la lucha contra el narcotráfico.
Recordó que durante aquella administración una parte importante de la organización criminal se desarrollaba desde establecimientos penitenciarios federales y que, en ese momento, la provincia todavía no contaba con la legislación de microtráfico que fue sancionada posteriormente.
Según explicó, Perotti consideró estratégico fortalecer la intervención de la Justicia federal y promovió reuniones con jueces y juezas federales para abordar la problemática.
La diputada mencionó además una iniciativa legislativa impulsada por Roberto Mirabella para fortalecer la estructura de la Justicia federal en Santa Fe, que contó con el acompañamiento de legisladores nacionales de diferentes espacios políticos.
Arena también cuestionó la respuesta del Gobierno nacional de aquel momento, pese a que pertenecía al mismo signo político que la administración provincial. Recordó, en ese sentido, las dificultades de coordinación y las declaraciones de un ministro nacional de Seguridad que había sostenido que los narcotraficantes habían ganado la batalla.
Para la legisladora, esas experiencias demuestran que las políticas de seguridad requieren continuidad, cooperación institucional y reconocimiento de los aciertos y errores de las distintas administraciones.
Una ley que mejoró, pero que sigue siendo “mediocre”
Ambos legisladores coincidieron en reconocer que las modificaciones introducidas durante el debate mejoraron el proyecto original enviado por el Ejecutivo. Sin embargo, consideraron que los cambios resultaron insuficientes para garantizar un equilibrio adecuado entre las facultades estatales y los derechos individuales.
Arena cuestionó especialmente la metodología utilizada para llegar al texto definitivo. Según relató, el dictamen final estuvo disponible aproximadamente quince minutos antes de la reunión parlamentaria, después de varios días de tensiones públicas entre sectores del propio oficialismo.
“Es mucho mejor que lo que el Poder Ejecutivo había enviado. Pero para nosotros deja mucho que desear todavía”, afirmó.
La diputada fue todavía más contundente al evaluar el resultado: “Esta es una ley mucho mejor que la que vino, pero sigue siendo una ley mediocre, pero además que tiene muchos riesgos. Riesgos que nosotros no queremos avalar”.
Corach coincidió con esa interpretación y sostuvo que el Gobierno escuchó principalmente las objeciones formuladas por integrantes de su propia coalición, sin incorporar a la oposición en la construcción del texto.
Para ambos, el problema no radica en rechazar herramientas destinadas a combatir el delito, sino en evitar que la ampliación de facultades policiales, fiscales y penitenciarias termine afectando derechos de personas inocentes.
La diferencia de fondo: más facultades policiales o mejores instituciones
Uno de los aspectos más importantes de las intervenciones fue la diferencia que Arena y Corach establecieron entre las políticas de seguridad que reivindican de la gestión de Perotti y las herramientas que actualmente impulsa Pullaro.
Arena sostuvo que fortalecer a la Policía no significa necesariamente otorgarle mayores facultades de intervención sobre los ciudadanos. Según su planteo, también implica garantizar capacitación, condiciones laborales dignas, salarios adecuados y atención a la salud mental de los efectivos.
“Con los delincuentes tenemos que ser implacables, implacables. Pero también hay que ser congruente con quienes son inocentes”, expresó.
La legisladora advirtió sobre los riesgos de conceder atribuciones extraordinarias sin controles suficientes y utilizó una expresión especialmente crítica para describir esa posibilidad: otorgar una “patente de corso”.
Corach profundizó el mismo argumento al recordar los antecedentes de corrupción policial y las fallas institucionales que se habían registrado durante administraciones anteriores.
El diputado cuestionó que el debate se concentre en ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad sin analizar suficientemente cómo proteger a los ciudadanos que pueden resultar afectados por procedimientos incorrectos o abusivos. “Nos estamos olvidando de la gente de a pie, la gente que sufre a los delincuentes”, advirtió.
En el cierre de su intervención, sintetizó su posición sobre el alcance que debería tener la autoridad estatal: “Un Estado fuerte es el que tiene que tener la capacidad para combatir el delito, pero sin convertirse a sí mismo en violador de la ley”.
El peronismo reconoció errores, pero rechazó que Pullaro se atribuya toda la transformación
Las intervenciones de Arena y Corach dejaron planteada una discusión que excede el contenido específico del paquete legislativo. Ambos reivindicaron aspectos de la política de seguridad desarrollada durante el Gobierno de Perotti, reconocieron las dificultades que no lograron resolver y cuestionaron que el oficialismo construya un relato que presenta a diciembre de 2023 como el inicio de todas las transformaciones.
Corach recordó que la crisis de seguridad que recibió el peronismo tenía antecedentes de larga duración y que durante los doce años anteriores la provincia había sido gobernada por sectores políticos que hoy integran Unidos. Arena, por su parte, destacó que la actual oposición acompañó numerosas leyes impulsadas por Pullaro y reclamó que esa responsabilidad institucional también sea reconocida.
La posición de ambos legisladores no implica desconocer la disminución de los homicidios en Rosario ni los resultados alcanzados por la administración actual. Por el contrario, sus intervenciones plantearon que esos avances deben analizarse dentro de un proceso más amplio, que incluye investigaciones judiciales anteriores, inversiones provinciales, reformas institucionales y cooperación entre diferentes niveles del Estado.
En ese contexto, Arena confirmó el voto negativo de una parte del interbloque justicialista y explicó que la decisión responde a los riesgos que, a su entender, todavía contiene la iniciativa.
La diputada también vinculó esa postura con la intención del peronismo de volver a gobernar Santa Fe y evitar la sanción de normas que puedan generar dificultades futuras para la propia administración provincial.
“Nosotros queremos volver a gobernar esta provincia”, sostuvo, al fundamentar por qué no estaba dispuesta a acompañar una ley que considera insuficiente y potencialmente riesgosa.
El debate dejó así expuestas dos discusiones simultáneas. Por un lado, cuáles son las herramientas que necesita Santa Fe para enfrentar al delito sin comprometer las garantías constitucionales. Por otro, quiénes deben asumir las responsabilidades por la crisis de seguridad y cómo corresponde reconocer las políticas desarrolladas durante las distintas gestiones.
La pregunta que Arena y Corach instalaron en la Legislatura es si el Gobierno de Pullaro puede presentar los avances actuales como una transformación exclusivamente propia, sin reconocer las instituciones, investigaciones y herramientas que recibió de la administración anterior.
Y también dejaron una advertencia hacia el futuro: la seguridad pública requiere resultados, pero esos resultados no deberían utilizarse para justificar cualquier ampliación de las facultades del Estado ni para desconocer la historia institucional de la provincia.
