La situación de la fiscal de Tostado Shirli Tomasso abrió un capítulo particular dentro de la Legislatura santafesina. La Comisión de Acuerdos analiza un pedido de destitución e inhabilitación por diez años contra la funcionaria por supuesto mal desempeño en una serie de investigaciones penales. El caso, sin embargo, contiene una particularidad difícil de soslayar: poco tiempo antes, la propia Asamblea Legislativa había avalado su pliego para convertirse en jueza penal de Rafaela.
El expediente disciplinario se concentra en 37 causas sobre un universo que, según explicó Tomasso ante los legisladores, supera actualmente las 11.000 investigaciones bajo su responsabilidad. La fiscal rechaza que haya existido mal desempeño y sostiene que una parte de los expedientes cuestionados ni siquiera le correspondía originalmente, mientras que en otros habrían existido actuaciones o condicionamientos derivados de la falta de recursos y de la enorme carga de trabajo de la Unidad Fiscal de Tostado.
Pero detrás de la discusión administrativa aparece una trama más compleja. Tomasso sostiene que desde hace meses atravesaría una situación de hostigamiento y violencia laboral por parte de su superior, el fiscal regional Carlos María Vottero. A esto se suma la controversia por su designación como jueza, cuyo decreto todavía no fue firmado, y las declaraciones públicas que, según relató, realizó el senador del departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, respecto de pedir que no avanzaran las designaciones de fiscales de Tostado hasta garantizar sus reemplazos.
La secuencia plantea un interrogante que atravesará inevitablemente la discusión legislativa: ¿cómo una funcionaria que había superado las evaluaciones necesarias para ser promovida a jueza pasó, pocos meses después, a enfrentar un proceso que podría terminar con su carrera dentro del Ministerio Público de la Acusación?
37 causas sobre 11.000 y una Fiscalía con recursos limitados
El punto de partida de la acusación es el desempeño de Tomasso en 37 investigaciones penales. La fiscal sostiene que aproximadamente 15 corresponden a períodos anteriores a su ingreso al Ministerio Público de la Acusación. Juró como fiscal el 9 de octubre de 2019, mientras que varios de los expedientes observados se remontarían al período comprendido entre 2014 y febrero de aquel año.
Según su explicación, esas causas pertenecían a fiscales anteriores y posteriormente habrían sido reasignadas en el sistema informático a los nuevos funcionarios, sin que eso significara que hubieran sido entregadas materialmente para su investigación. Sobre el resto, aseguró haber realizado actuaciones y sostuvo que varios expedientes estaban en condiciones de ser desestimados por falta de elementos suficientes o porque se había determinado que el hecho investigado no constituía delito.
Incluso mencionó casos de alto impacto en los que cuestionó que se le atribuya mal desempeño. Entre ellos, el homicidio de Chiche Cejas, que, según relató, fue esclarecido en cuatro días y cuenta con personas en prisión preventiva y una investigación encaminada hacia el juicio.
La dimensión de la carga laboral constituye uno de los argumentos centrales de su defensa. “Yo sola, la fiscal Tomasso de Tostado, tengo 11.000 causas a cargo”, explicó.
La realidad de Tostado presenta además diferencias respecto de las grandes ciudades de la provincia. Los fiscales de esa jurisdicción deben intervenir desde contravenciones y delitos contra la propiedad hasta homicidios, abusos sexuales, microtráfico y justicia penal juvenil. A eso se sumarían dificultades estructurales: falta de Cámara Gesell, traslados de víctimas hacia otras localidades, espera de turnos para pericias sobre dispositivos electrónicos y distancias importantes para realizar estudios genéticos o forenses.
Tomasso argumenta que los propios criterios de persecución penal obligan a establecer prioridades porque sería materialmente imposible investigar todas las causas con la misma velocidad. Si la vara utilizada para evaluar su desempeño son las demoras, la discusión también debería determinar si esas demoras fueron excepcionales respecto del funcionamiento del resto de las fiscalías provinciales o si responden a dificultades estructurales del sistema.
No se trata de excluir a la fiscal de cualquier responsabilidad. Si existieron incumplimientos o demoras injustificadas, corresponde que sean investigados. Pero para determinar si configuran mal desempeño también deberían ponderarse la cantidad de expedientes, los recursos disponibles, las prioridades fijadas por el propio MPA y las condiciones concretas en las que funciona la Fiscalía de Tostado.
De ser considerada apta para jueza a enfrentar una posible destitución
Uno de los puntos que más interrogantes genera es la velocidad con la que habría cambiado la valoración institucional sobre Tomasso.
La fiscal aseguró que hasta poco antes del proceso disciplinario tenía evaluaciones favorables y era convocada para intervenir en investigaciones complejas. Recordó su participación en una causa por violación grupal en Pilar, donde fue convocada desde Tostado para hacerse cargo del expediente, y sostuvo que su última evaluación había destacado aspectos profesionales y personales, selectividad de casos, trabajo en equipo y contacto con las víctimas.
Pero existe un antecedente todavía más significativo: Tomasso había sido seleccionada para ocupar un juzgado penal en Rafaela y posteriormente obtuvo el aval de la Asamblea Legislativa. Es decir, el mismo sistema institucional que ahora analiza si incurrió en faltas suficientemente graves como para destituirla había considerado poco tiempo antes que reunía las condiciones para convertirse en jueza.
La cronología se vuelve todavía más sensible a partir de febrero de 2026. El día 2 de ese mes, Tomasso presentó ante la Fiscalía General una denuncia contra su superior directo, Carlos María Vottero, en la que habría relatado situaciones de violencia laboral, violencia psicológica, hostigamiento y discriminación por razones de género.
Según la fiscal, la presentación tenía siete páginas y ofrecía diferentes elementos de prueba. La denuncia fue archivada. Tomasso cuestiona la forma en que se produjo ese cierre y asegura que no fueron convocados los testigos ofrecidos. También planteó objeciones respecto del funcionario que intervino en la decisión y reclamó que el caso hubiera sido analizado con perspectiva de género.
Poco más de un mes después, el 10 de marzo, ingresó la denuncia por mal desempeño presentada por el propio fiscal regional Vottero.
Tomasso considera que ambos acontecimientos podrían estar directamente relacionados y sostiene que el procedimiento disciplinario sería una represalia por la presentación que había realizado previamente. Se trata de una acusación de la fiscal que deberá ser evaluada y probada, pero la cercanía temporal entre los hechos forma parte de su principal argumento defensivo.
También señala una diferencia que considera significativa: su denuncia contra su superior fue archivada, mientras que la presentación posterior contra ella avanzó hasta colocarla frente a un posible pedido de destitución e inhabilitación por diez años.
Gramajo, el decreto frenado y una decisión que ahora queda en manos de la política
La controversia incorpora otro elemento sensible: Tomasso ganó el concurso y recibió acuerdo legislativo para convertirse en jueza penal de Rafaela, pero el decreto del Poder Ejecutivo necesario para concretar su designación todavía no habría sido firmado.
La fiscal recordó que el senador del departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, habría manifestado públicamente que solicitaría al gobernador que no firmara los decretos correspondientes a fiscales que dejarían Tostado hasta que fueran enviados nuevos funcionarios para garantizar el funcionamiento de la Fiscalía.
Tomasso evitó atribuirle una motivación personal que no pudiera acreditar. Sin embargo, su designación continúa sin concretarse y, según explicó, el proceso disciplinario abierto posteriormente habría terminado convirtiéndose en un nuevo obstáculo para asumir como jueza.
La secuencia es, cuanto menos, llamativa: una fiscal obtiene evaluaciones favorables, es seleccionada para convertirse en jueza, consigue el aval legislativo, su decreto no se firma, denuncia posteriormente a su superior por presunto hostigamiento y poco más de un mes después ese mismo superior la denuncia por mal desempeño. Ahora, la Legislatura que avaló su llegada a la magistratura debe decidir si corresponde apartarla del Ministerio Público.
El caso adquiere además otra dimensión por el momento político en el que ocurre. El gobierno de Maximiliano Pullaro impulsa un paquete de reformas en materia de seguridad y justicia que vuelve a colocar a los fiscales en el centro de la política criminal provincial. El objetivo es otorgar herramientas y capacidad de acción para enfrentar delitos complejos, pero el expediente Tomasso introduce simultáneamente una discusión acerca de las condiciones bajo las cuales esos fiscales ejercen sus funciones y los mecanismos utilizados para controlar su desempeño.
Dar mayores responsabilidades a los fiscales exige también garantías para que los procedimientos disciplinarios no puedan transformarse en herramientas de presión jerárquica o política. Eso no implica sostener que sea lo que efectivamente ocurrió en este expediente, sino precisamente determinar si existen elementos que permitan descartarlo.
Tomasso realizó su descargo ante los legisladores en una exposición que terminó extendiéndose cerca de una hora y media. La sanción que podría enfrentar es la máxima: destitución e inhabilitación durante diez años para ingresar nuevamente al Ministerio Público de la Acusación.
Ahora será la Legislatura la que deberá determinar si existen elementos objetivos suficientemente graves para terminar con la carrera de una fiscal que, hasta hace pocos meses, el propio sistema consideraba apta para convertirse en jueza. Y también deberá despejar las dudas que inevitablemente genera la cronología del expediente.
Porque en momentos en que Santa Fe pretende otorgar nuevas herramientas y mayores responsabilidades a sus fiscales, existe una cuestión institucional que va mucho más allá de ShirliTomasso: la Provincia necesita fiscales responsables por sus actos, pero también fiscales que puedan investigar y tomar decisiones sin temor a que una diferencia jerárquica o política pueda transformarse en una amenaza para su carrera.
Eso es, en definitiva, lo que también estará en juego cuando la Legislatura decida el futuro de la fiscal de Tostado.
