A días de los Juegos Suramericanos, el gobernador fue a buscar el respaldo de Alejandra Monteoliva y las fuerzas federales para reforzar la seguridad en Rosario, Santa Fe y Rafaela. La decisión desnuda una contradicción del relato oficial: mientras la Casa Gris exhibe permanentemente la baja de determinados índices delictivos como uno de sus grandes logros, cuando necesita garantizar seguridad frente a los ojos de Sudamérica reconoce en los hechos que el aporte nacional continúa siendo indispensable. El Plan Bandera, tantas veces relegado en el discurso provincial sobre los resultados, vuelve ahora a ocupar un lugar central.
Maximiliano Pullaro hizo de la seguridad la principal bandera de su Gobierno. Probablemente sea el área sobre la cual la administración provincial construyó con mayor insistencia una narrativa de éxito. Cada disminución en los homicidios, cada estadística favorable y cada comparación con años anteriores fue utilizada por la Casa Gris para mostrar un supuesto antes y después desde diciembre de 2023.
Sin embargo, cuando faltan apenas días para uno de los acontecimientos que mayor exposición nacional e internacional tendrá Santa Fe, el Gobierno provincial volvió a mirar hacia Buenos Aires.
Pullaro se reunió con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para coordinar el dispositivo que funcionará durante los Juegos Suramericanos que se desarrollarán en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Y allí aparece una contradicción que merece ser puesta sobre la mesa.
Porque cuando se comunican los buenos números, el protagonismo parece ser casi exclusivamente provincial. Pero cuando existe un acontecimiento que no admite errores, las fuerzas federales y el respaldo del Gobierno nacional vuelven a ser imprescindibles.
Cuando hay que garantizar resultados, aparece Nación
El encuentro no fue menor. Participaron Pullaro, el ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, Monteoliva y las máximas autoridades de Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal. Es decir, prácticamente toda la estructura federal disponible en materia de seguridad.
El propio gobernador reconoció que uno de los objetivos pasa por fortalecer la seguridad pública, la formación y el trabajo de inteligencia de las diferentes fuerzas para poder responder a la magnitud de los Juegos. La coordinación institucional es lógica y hasta necesaria frente a un acontecimiento internacional. Lo que resulta discutible es otra cosa: la manera en que posteriormente se distribuyen políticamente los méritos. Porque el apoyo nacional no comenzó ahora. Y quizás fue la única política pública que llegó desde el Gobierno de Milei a Santa Fe.
Rosario tiene desde el inicio de la gestión de Pullaro un despliegue extraordinario de fuerzas federales a través del Plan Bandera, diseñado precisamente para enfrentar la violencia criminal y particularmente el fenómeno narcocriminal. Por eso resulta difícil explicar la mejora de determinados indicadores de seguridad como un logro exclusivamente atribuible a la Casa Gris.
El Plan Bandera también existe cuando bajan los homicidios
Este es probablemente el punto que menos aparece cuando el Gobierno provincial comunica sus estadísticas. Pullaro reivindica constantemente el descenso de homicidios y otros indicadores de violencia como consecuencia de las decisiones adoptadas por su administración. Y hay medidas provinciales que evidentemente forman parte de esa explicación.
Pero también existe Gendarmería. Existe Prefectura. Existe Policía Federal. Existe la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y existe un Gobierno nacional que decidió sostener recursos humanos y operativos en Rosario mediante el Plan Bandera.
Ese componente no puede desaparecer cuando llegan los buenos números para reaparecer únicamente cuando hace falta pedir más efectivos. Si los resultados son consecuencia de un trabajo conjunto, entonces los méritos también deberían explicarse como conjuntos. Y si la Provincia considera que la estrategia fue exclusivamente propia, resulta legítimo preguntarse por qué, frente a los Juegos Suramericanos, necesita nuevamente sentarse con Nación y reforzar precisamente ese esquema federal.
La estadística y la calle
Hay otra discusión que la comunicación oficial tampoco logra clausurar. Una cosa son determinados indicadores criminales y otra, bastante diferente, es la percepción cotidiana de inseguridad de los santafesinos.
La reducción de homicidios en Rosario constituye un dato relevante y sería absurdo desconocerla si las estadísticas oficiales la respaldan. Pero reducir homicidios no significa haber terminado con la inseguridad.
Robos, entraderas, ataques, hechos violentos, amenazas y episodios que afectan cotidianamente a vecinos continúan formando parte de la realidad de las principales ciudades. Es allí donde aparece la distancia entre la estadística que exhibe el Gobierno y la experiencia que una parte de la ciudadanía dice atravesar cuando sale a la calle.
El problema aparece cuando desde el poder se pretende utilizar un indicador favorable como certificación de que el problema está prácticamente resuelto. No lo está. Y el propio comportamiento preventivo del Gobierno parece demostrar que tampoco la Casa Gris cree que pueda relajarse.
Otro fenómeno que pocos cuentan, tiene que ver con una saturación policial en Rosario, a costa de las otras ciudades de la Provincia de Santa Fe, donde los hechos crecieron y cada vez son más violentos. Ciudades donde la tranquilidad era bandera y hoy ya no lo es.
Los Juegos no permiten relato: necesitan seguridad real
Los Juegos Suramericanos constituyen una prueba completamente diferente. Durante dos semanas llegarán miles de atletas, delegaciones, autoridades, periodistas y visitantes. Santa Fe estará bajo una exposición extraordinaria. Y allí no alcanza con una conferencia de prensa ni con comparar porcentajes con 2022 o 2023. Tiene que funcionar la seguridad.
Un episodio grave podría transformarse rápidamente en una noticia nacional e incluso internacional y producir un daño enorme sobre la imagen que la Provincia pretende mostrar. Por eso Pullaro fue a buscar respaldo. Rosario aparece inevitablemente como el escenario más sensible.
La ciudad será uno de los epicentros de los Juegos y el Monumento Nacional a la Bandera tendrá protagonismo durante el acontecimiento. En ese contexto, antecedentes recientes de amenazas y episodios violentos en distintos puntos de la ciudad obligan a extremar precauciones. También Santa Fe y Rafaela llegan con hechos policiales recientes que recuerdan que ninguna de las tres sedes vive dentro de una burbuja.
¿Pullaro confía realmente en su propio modelo?
La pregunta puede resultar incómoda para el Gobierno, pero surge naturalmente.
Si la situación de seguridad provincial es tan sólida como pretende mostrar permanentemente la comunicación oficial, ¿por qué resulta indispensable reforzar nuevamente el despliegue federal para atravesar quince días de competencia internacional?
La respuesta probablemente sea más sencilla que el relato político. Porque Santa Fe mejoró algunos indicadores, pero sigue teniendo problemas de seguridad. Porque Rosario disminuyó notablemente su nivel de violencia letal, pero continúa atravesada por estructuras criminales que no desaparecieron. Y porque la Provincia, por sí sola, no tiene interés —o considera que no tiene capacidad suficiente— para asumir semejante desafío sin respaldo nacional.
Reconocerlo no debería ser un problema. El problema aparece cuando se pretende contar una historia diferente según el momento.
Los federales también forman parte de los números que Pullaro festeja
Desde diciembre de 2023, Nación y Provincia construyeron una relación particular en seguridad. Más allá de las diferencias políticas entre Pullaro y Javier Milei, existió coordinación con el Ministerio de Seguridad nacional y particularmente con el esquema federal desplegado en Rosario.
Por eso, cuando la Casa Gris compara los números actuales con los de la gestión anterior, debería incluir esa variable. Pullaro no gobernó Rosario sin fuerzas federales. Gobernó con el Plan Bandera funcionando. Con efectivos nacionales en territorio. Con intercambio de información. Con operativos conjuntos. Con una política penitenciaria provincial endurecida, pero también con cooperación federal.
Entonces, atribuir los resultados exclusivamente al cambio de Gobierno provincial implica contar solamente una parte de la historia. Ahora los Juegos vuelven a colocar la fotografía completa delante de todos.
Cococcioni dijo algo que contradice cualquier triunfalismo
El propio ministro de Seguridad provincial dejó una frase significativa: no hay que relajarse.
Tiene razón. Pero la afirmación también choca con algunos excesos discursivos del oficialismo. Si todavía es necesario mantener una presencia federal extraordinaria, reforzar inteligencia, coordinar cinco fuerzas nacionales y preparar dispositivos especiales, evidentemente la batalla contra el delito está lejos de haber terminado.
Eso no significa negar avances. Significa ubicarlos en su verdadera dimensión. Mejorar no es resolver. Y quizás parte de la distancia entre la narrativa gubernamental y la percepción social nazca precisamente allí.
Después de los Juegos aparece otra preocupación: diciembre
Pero Pullaro no viajó a Buenos Aires pensando únicamente en septiembre. La reunión avanzó también sobre la coordinación de operativos para el período comprendido entre diciembre de 2026 y marzo de 2027. Y ese dato abre otra discusión.
El Gobierno provincial comienza a prepararse con varios meses de anticipación para un período históricamente sensible. La preocupación oficial está puesta en prevenir escenarios de violencia. Sería incorrecto afirmar que el Gobierno anunció que espera saqueos o disturbios sociales porque, al menos públicamente, no fue eso lo informado. Pero tampoco puede analizarse diciembre desconectándolo del contexto económico.
Una provincia atravesada por el ajuste
Santa Fe no está aislada de lo que sucede en Argentina.
La pérdida de poder adquisitivo, los reclamos salariales, las dificultades de sectores productivos, trabajadores estatales que cuestionan sus ingresos y familias que llegan cada vez con mayor dificultad a fin de mes forman parte del escenario. Y a la política económica nacional se agrega una administración provincial que también llevó adelante un fuerte ordenamiento de sus cuentas y mantiene conflictos con diferentes sectores públicos.
Docentes, jubilados y otros trabajadores vienen expresando sus reclamos. Por eso el Gobierno observa diciembre con atención. Una cosa es garantizar el orden frente a hechos delictivos. Otra muy diferente sería confundir conflictividad social y protesta con inseguridad. El derecho a manifestarse debe ser preservado incluso —y especialmente— cuando las protestas incomodan al poder.
La prueba más importante será en la calle
Los Juegos Suramericanos serán una enorme oportunidad para Santa Fe.
Las obras quedarán, llegará turismo, habrá movimiento económico y la Provincia tendrá la posibilidad de exhibirse ante toda la región. Pero también serán un examen para el Gobierno. Y quizás por eso Pullaro decidió no confiar solamente en las estadísticas que su administración celebra.
Pidió apoyo. Pidió coordinación. Pidió fuerzas federales. Reforzará el Plan Bandera. La decisión puede ser acertada desde el punto de vista preventivo. Pero políticamente deja una conclusión difícil de esquivar: la seguridad santafesina que tantas veces se presenta como el gran éxito de Pullaro sigue dependiendo, en buena medida, de una cooperación nacional que el relato oficial no siempre reconoce con la misma intensidad con la que reivindica sus resultados.
En quince días no habrá margen para discursos. Estarán los ojos puestos sobre Rosario, Santa Fe y Rafaela. Y para garantizar que la fiesta deportiva termine siendo solamente eso, Pullaro volvió a necesitar de Nación.
