La espera terminó, tras más de 60 años Santa Fe tiene nueva Constitución. La Convención Reformadora concluyó esta semana con la sanción de un texto que modifica de manera parcial pero profunda la Carta Magna provincial vigente desde 1962. El nuevo articulado, aprobado tras dos meses de debates, incorpora reformas en el funcionamiento del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el régimen municipal y el diseño institucional del Estado. También incluye un capítulo inédito que eleva la seguridad pública a la categoría de derecho constitucional.
El diario politicadesantafe.com analizó el articulado definitivo y lo comparó con la Constitución anterior. El resultado muestra un documento con cambios estructurales que, en buena parte, dependen de leyes reglamentarias para entrar en vigor efectiva.
Poder Judicial: independencia formal y nuevos mecanismos de control
Una de las novedades más significativas es la declaración del Ministerio Público de la Acusación (MPA) como extrapoder. Esto implica presupuesto propio, administración autónoma y un régimen de traspaso de personal que protege sedes, jerarquías y remuneraciones. La reforma también crea un Consejo de Selección para concursos y cobertura de vacantes, con la idea de reducir la discrecionalidad política y agilizar designaciones.
Además, se modifican las reglas para el enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, con un esquema que busca mayor pluralidad. El desafío será garantizar que la independencia formal del MPA se traduzca en independencia real y control efectivo.
Poder Ejecutivo: continuidad con más controles
El gobernador y vice seguirán teniendo mandatos de cuatro años, con una sola reelección consecutiva. Sin embargo, las disposiciones transitorias establecen cómo se computan los mandatos en curso, un punto que tuvo alto impacto político en la Convención.
En materia de gestión, se incorporan nuevas obligaciones de transparencia, límites a inmunidades y la responsabilidad directa del Ejecutivo en la planificación y ejecución de la política de seguridad, ahora vinculada a un nuevo artículo que la reconoce como derecho.
Régimen Municipal: autonomía y regionalización
El nuevo texto constitucional reconoce la autonomía municipal plena —institucional, política, administrativa, económica y financiera—, habilitando a las localidades con más de 10.000 habitantes a dictar su propia carta orgánica. También regula contenidos mínimos, mecanismos de participación y la posibilidad de crear áreas metropolitanas y regiones.
Las disposiciones transitorias establecen plazos para convocar convenciones estatuyentes municipales y fijan el objetivo de unificar el calendario electoral provincial y municipal hacia 2035.
Seguridad pública: un derecho exigible
Por primera vez, la Constitución santafesina incorpora un artículo específico que reconoce el derecho a la seguridad pública y ciudadana como condición para garantizar el orden democrático. El texto incluye a la Policía y al Servicio Penitenciario como fuerzas esenciales del Estado, que deben estar capacitadas, equipadas, ser transparentes y rendir cuentas.
La norma obliga al Ejecutivo a diseñar y ejecutar políticas de seguridad, y habilita a la ciudadanía a exigir su cumplimiento no solo cada cuatro años, sino de manera permanente.
Funcionamiento del Estado: transparencia y participación
La reforma incorpora reglas de ética pública, declaraciones patrimoniales obligatorias y límites a inmunidades. También amplía mecanismos de participación ciudadana como la iniciativa popular, el referéndum y la revocatoria de mandato.
Otra novedad es la fijación de plazos concretos para que la Legislatura sancione leyes clave, como la ley de coparticipación municipal o la ley orgánica de municipios.
Virtudes y desafíos
Entre los avances más claros, especialistas destacan:
- Modernización de derechos y reconocimiento de la seguridad pública como derecho constitucional.
- Fortalecimiento formal de la autonomía municipal.
- Mayor institucionalidad para el MPA y el Servicio Público de Defensa.
- Énfasis en transparencia y control de gestión.
Sin embargo, advierten que gran parte de las reformas dependen de leyes reglamentarias para materializarse. También que las disposiciones transitorias sobre mandatos y la implementación real de la autonomía municipal serán pruebas decisivas en los próximos años. La reforma constitucional de 2025 marca un antes y un después en la arquitectura institucional de Santa Fe. El nuevo texto combina cambios largamente reclamados —como la autonomía municipal y la reorganización del Ministerio Público— con innovaciones como la seguridad pública como derecho. El desafío inmediato es transformar estas cláusulas en políticas concretas y garantizar que la letra constitucional no quede como una promesa más.
