Luego de casi seis meses de idas y vueltas entre ambas cámaras y fuertes diferencias dentro del propio oficialismo, el Senado convirtió definitivamente en ley la prohibición de la actividad de cuidacoches. Diputados había modificado profundamente la iniciativa original, pero la Cámara Alta reunió los votos necesarios para insistir con su primera versión. Ahora comienza otro desafío: cómo aplicarla en cada ciudad y qué hacer con quienes encuentran en esa actividad su única fuente de ingresos.
Después de meses de discusiones, postergaciones y negociaciones que expusieron diferencias importantes dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, la Legislatura finalmente cerró uno de los debates políticos más extensos del año: Santa Fe tiene su denominada Ley Anti Trapitos.
La Cámara de Senadores dio este jueves 17 de septiembre sanción definitiva al proyecto impulsado originalmente por el senador del departamento Rosario, Ciro Seisas. La votación terminó con 16 votos afirmativos y tres ausencias.
Sin embargo, para entender el resultado final hay que reconstruir un recorrido legislativo bastante más complejo de lo habitual.
Un proyecto que dividió al propio oficialismo
La iniciativa había obtenido su primera media sanción en el Senado el 19 de marzo. El objetivo de Seisas era incorporar al Código de Convivencia provincial nuevas herramientas para actuar contra la actividad de cuidacoches en aquellas localidades que decidieran prohibirla. Cuando el expediente llegó a Diputados comenzó otra discusión.
La Cámara Baja introdujo modificaciones importantes sobre el texto proveniente del Senado. Allí aparecieron diferencias de criterio dentro del propio frente Unidos: mientras algunos sectores defendían herramientas contravencionales más fuertes para terminar con la actividad, otros advertían sobre un enfoque excesivamente punitivo y reclamaban distinguir las situaciones de extorsión y violencia de aquellas atravesadas por marginalidad, desempleo y vulnerabilidad social.
Diputados terminó aprobando su propia versión el 4 de junio, por 25 votos contra 17 y una abstención, con el acompañamiento del interbloque oficialista. Como el texto había sido modificado, tuvo que regresar al Senado.
Lo que parecía encaminado hacia una rápida sanción terminó convirtiéndose en meses de negociaciones.
Iglesia, Casa Gris y diferencias dentro de Unidos
La discusión trascendió rápidamente los límites de la Legislatura.
La Pastoral Social de Rosario cuestionó el enfoque del proyecto y pidió contemplar la realidad de aquellas personas que encuentran en la calle una forma de subsistencia. Las críticas provocaron incluso cruces públicos dentro del oficialismo y contribuyeron a postergar el tratamiento.
También existían reparos respecto del papel que deberían asumir las fuerzas de seguridad y el sistema judicial en la aplicación de la norma.
Las diferencias fueron suficientemente importantes como para que, en julio, el Senado no pudiera avanzar con la sanción por falta de consenso dentro de Unidos. El expediente quedó postergado después del receso legislativo y volvió sucesivamente a la agenda hasta encontrar una salida política.
En definitiva, detrás de la discusión sobre los cuidacoches convivieron distintas miradas ideológicas dentro de una misma coalición de gobierno: seguridad y control del espacio público por un lado; vulnerabilidad, inclusión social y límites a la intervención penal, por el otro.
Finalmente prevaleció el texto del Senado
El desenlace llegó este jueves. Contrariamente a lo que podía esperarse después de las modificaciones realizadas por Diputados, el Senado decidió insistir con la versión que había aprobado originalmente.
Para hacerlo necesitaba una mayoría agravada de dos tercios. La consiguió: los 16 senadores presentes acompañaron la insistencia y, de esa manera, quedaron sin efecto los cambios introducidos por la Cámara Baja. Ahora solamente resta la promulgación del Poder Ejecutivo.
“Este es un proyecto que partió de una convicción profunda: en el Estado de Derecho, en el régimen democrático y para un gobierno democrático, el espacio público es sagrado”, sostuvo Seisas durante el debate.
El senador rosarino también defendió la necesidad de terminar con lo que considera soluciones parciales y permitir que cada ciudad adapte las herramientas a su propia realidad.
Qué establece la nueva ley
La norma incorpora los artículos 66 bis, 66 ter y 66 quater al Código de Convivencia provincial.
Alcanza a quienes, sin autorización y en lugares donde exista una prohibición establecida por normativa local, ofrezcan espacios de estacionamiento o realicen tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de un beneficio económico.
Entre las sanciones aparecen trabajo comunitario, prohibiciones de concurrencia y, frente a determinados supuestos y reincidencias, arrestos que pueden llegar hasta los 20 días.
Pero existe una cuestión fundamental: la sanción provincial no significa que desde mañana desaparezcan automáticamente los cuidacoches de todas las ciudades santafesinas.
Cada municipio deberá adecuar o establecer su normativa y definir cómo implementará el nuevo marco. En Rosario, particularmente, todavía será necesario avanzar sobre la regulación local para su aplicación concreta.
La otra cara del problema: qué pasa con quienes viven de la calle
La ley también incorpora una dimensión social.
El Poder Ejecutivo deberá implementar políticas de prevención e inclusión, capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordajes relacionados con salud mental y consumos problemáticos, articulando esas herramientas con los gobiernos locales. Allí aparece probablemente uno de los mayores desafíos de la implementación.
El último dato disponible del Indec muestra un escenario laboral particularmente complejo en el Gran Rosario, donde el desempleo alcanzó el 11,5% durante el segundo trimestre de 2026.
La Pastoral Social planteó precisamente esa preocupación: diferenciar a quienes participan de estructuras organizadas, ejercen violencia o exigen dinero mediante intimidación de aquellas personas vulnerables que recurren al cuidado informal de vehículos porque no encuentran otra fuente de ingresos.
La existencia de programas de capacitación tampoco garantiza, por sí sola, que esas personas puedan incorporarse inmediatamente al mercado formal de trabajo.
Una ley que no termina el problema
El propio Seisas buscó moderar las expectativas respecto de lo que ocurrirá a partir de ahora.
“Con esta ley no se termina nada”, sostuvo luego de la aprobación, y explicó que comienza un proceso que llevará tiempo. Como ejemplo mencionó la eliminación de la tracción a sangre en Rosario, una transformación que demandó varios años. Esa probablemente sea la discusión que viene.
Después de meses de tensiones entre Senado y Diputados, diferencias dentro del oficialismo, cuestionamientos de organizaciones sociales y religiosas y negociaciones políticas, Santa Fe finalmente tiene una herramienta legal para intervenir sobre los cuidacoches. Pero entre sancionar una ley y modificar una realidad urbana consolidada durante años existe una distancia considerable.
Rosario será posiblemente su principal banco de pruebas: deberá definir su reglamentación, establecer cómo actuarán el municipio y las fuerzas de seguridad y, simultáneamente, encontrar alternativas para aquellas personas que dependen económicamente de la actividad.
La discusión legislativa terminó. Ahora comienza la discusión sobre cómo llevar la Ley Anti Trapitos de los papeles a la calle.
