El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a reclamar a la Casa Rosada “respuestas claras” frente a denuncias de corrupción y rechazó lo que definió como intentos de “poner mordazas” a la información pública. Sin embargo, la discusión en torno a la nueva Constitución provincial deja en evidencia una contradicción: mientras el mandatario exige transparencia a nivel nacional, su propio espacio político impulsa un dictamen que reduce derechos vinculados a la comunicación y el acceso a la información.
Reclamos a Nación
En declaraciones realizadas durante el Santa Fe Business Fórum en Rosario, Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare de inmediato las acusaciones que involucran a funcionarios en el área de discapacidad. “Es muy duro escuchar audios de un funcionario de primera línea hablando de coimas y corrupción, y que no exista una respuesta política clara”, advirtió.
El mandatario provincial fue más allá al cuestionar la decisión judicial de limitar la difusión de esos audios. “Nadie puede, bajo ningún concepto, poner una mordaza sobre lo que podría ser información periodística. Mucho menos intentar llevarlo al terreno del espionaje. Lo que hay que hacer es explicar qué significaban esos audios y si realmente existen grabaciones de la hermana del presidente”, señaló.
Además, insistió en que la libertad de prensa es un pilar democrático: “Si no existiera una prensa libre, Argentina estaría retrocediendo muchísimos años y siglos”, enfatizó, vinculando la falta de respuestas oficiales con la desconfianza de inversores y la inestabilidad económica.
El debate constitucional en Santa Fe
El contraste surge en la propia provincia. En el marco de la Convención Reformadora, el oficialismo impuso el dictamen de mayoría sobre el artículo 11 —referido a comunicación e información— que recibió fuertes críticas de universidades, sindicatos y organizaciones de prensa.
Ese dictamen no contempla la inclusión de los medios cooperativos y autogestionados, ni garantiza la distribución “transparente y equitativa” de la pauta oficial. Tampoco incorpora la capacitación en comunicación en institutos terciarios y universidades, a pesar de las propuestas elevadas por la UNR, instituciones educativas y la Asociación de Prensa de Santa Fe.
Para distintos sectores, la omisión constituye un retroceso frente a la necesidad de consolidar pluralidad de voces, acceso a la información pública y formación profesional en un contexto atravesado por el impacto de las tecnologías digitales y la proliferación de noticias falsas.
Una oportunidad perdida
La reforma constitucional santafesina es considerada por especialistas como una oportunidad histórica para fortalecer la convivencia democrática en la provincia. Sin embargo, el artículo 11, tal como fue redactado, no incluye compromisos estatales concretos en materia de libertad de expresión ni mecanismos que aseguren la diversidad mediática.
Desde la Asociación de Prensa advirtieron que dejar afuera a los medios cooperativos “es desconocer un sector que sostiene el derecho a la información en la provincia”, mientras que académicos remarcan que sin acceso real y plural a la información “la democracia se transforma en una cáscara vacía, fácilmente manipulable por proyectos autoritarios”.
Doble estándar
La paradoja es evidente: mientras Pullaro denuncia mordazas en el plano nacional, su propio gobierno impulsa en Santa Fe un texto constitucional que evita comprometer al Estado con la transparencia informativa y el fortalecimiento de un sistema de comunicación plural.
Lo que el gobernador reclama a la Casa Rosada como condición de estabilidad institucional, se transforma en una deuda pendiente en la provincia que conduce y en una de las discusiones más sensibles de la reforma constitucional en marcha.
