Por Mg. Gonzalo Macco
Presidente del Instituto de Gestión Publica del Colegio de Abogados de Rosario
A menos de una semana de las elecciones nacionales generales donde elegiremos a nuestra proxima presidenta o presidente de la Republica Argentina, nos encontramos con candidatos intercambiando opiniones de diversos temas que si bien resultan sumanente interesantes, a simple vista podemos observar que no profundizan ni logran introducirse correctamente al verdadero debate que tenemos que dar: la calidad institucional.
Argentina continua siendo un pais donde la corrupcion es un tema recurrente y constante que forma parte de la agenda diaria en los diversos medios de comunicación; sin embargo las propuestas siguen siendo las mismas: empoderar a los fiscales y hacer responsables al poder judicial a los fines que funcionen como un previsor de este tipo de delito; todos sabemos que este no es el camino.
Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, manifestó recientemente en un medio, que en Argentina no hay voluntad política para combatir el problema de la corrupción, encontrándose aplazada en materia de corrupción por no llegar a 4 puntos, ya que la República Argentina tiene para el año 2022, 3,8 puntos sobre 10 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
Existe evidencia empírica que nos muestra como en la esfera mundial, la adopción de determinadas medidas positivas destinada a mejorar los índices de calidad institucional colaboran a reducir la corrupción; estas medidas estan vinculadas basicamente con el acceso a la función pública, especialmente a los espacios de dirección publica profesional, mediante procesos de acceso libre y meritocratico, siendo esta una de las medidas más “caras” políticamente hablando para los grupos gobernantes actuales o futuros. El clientelismo es una de las principales causas por las cuales no se conforma un espacio directivo profesional e independiente y como sabemos es una de las prácticas políticas más recurrentes, pero al mismo tiempo de las peores vistas, vinculado exclusivamente con la falta de competencia y de probidad.
La sociedad demanda que el estado argentino se encuentre conformado por funcionarios publicos idóneos para ocupar su cargo. De este modo, la dirección publica profesional viene a suplantar el viejo axioma de que cualquier persona puede desempeñase en un puesto público con el solo requisito de ser nombrado por la autoridad competente de turno.
Argentina, es un país joven en cuanto a la democracia con un alto grado de normativas sumamente interesantes desde lo formal, pero con ausencia de voluntad politica en su implementación. No tenemos dudas que el cumplimiento de la extensa normativa existente mejoraría los índices de percepción de la corrupción, generaria mayor confianza de la poblacion hacia los gobernantes, e inside directamente en la mejora de los indices de percepción de la corrupción, pero tenemos un problema insoslayable como diria Villoria Mendieta: “No estamos ante unos casos aislados de políticos o funcionarios corruptos, sino ante un verdadero sistema de redes colusivas cuyo fin es enriquecerse y sostenerse en el poder de forma deshonesta”.
