Este martes, durante la segunda reunión de la Comisión de Análisis del Sistema Previsional, se manifestaron las primeras diferencias entre los sectores gremiales y los representantes legislativos.
El encuentro se desarrolló esta mañana en la Legislatura provincial y contó con la participación de representantes de los magistrados, trabajadores del Poder Judicial y del Sadop, gremio que nuclea a los docentes privados.
La Comisión será la encargada de elevar un informe al Poder Ejecutivo que deberá decidir en qué sentido avanza con los posibles cambios a la Caja de Jubilaciones.
El primer cruce se produjo a partir del pedido del gremio de docentes privados quienes, a través de su secretario General, Pedro Bayúgar, pidieron la suspensión de las reuniones de la Comisión. La solicitud está fundada en la falta de información que solicitaron semanas atrás junto a otros sindicatos nucleados en la CGT.
«Pedimos a la Caja de Jubilaciones que nos informara sobre ciertos datos que son importantes para la evaluación del sistema; pero hasta ahora no nos respondieron, por lo tanto, nosotros pedimos que, hasta tanto nos hagamos de esa información, se suspendan las reuniones y los plazos que acotan el tiempo de debate y con los datos en mano podremos hacer buenas propuestas», indicó Bayúgar.
Entre los elementos que faltan, mencionó: «Deudas que muchas entidades oficiales o privadas tienen con la Caja, se cobran, qué monto es, son datos muy importantes». Y también señaló que la mitad de los trabajadores municipales y comunales no están registrados y que son deudas. «El día de mañana pasan a planta y se jubilan en la Caja de la provincia y mientras tanto acumulan deudas», dijo Bayúgar.
El senador del departamento San Justo y presidente de la Comisión, Rodrigo Borla, fue el encargado de echar por tierra el pedido que elevó Sadop.
«Hoy empezamos a entregar los datos que necesitan de la Caja por el Poder Ejecutivo. Se trata de una ley que fue promulgada por el gobernador y donde están todos invitados a participar», remarcó.
De la reunión participaron los representantes del Poder Ejecutivo del Ministerio de Economía, del Ministerio de Gobierno, la directora provincial de la Caja de Jubilaciones Alicia Berzero y el secretario de Seguridad Social Jorge Boasso, que fueron los encargados de acercar la información oficial.
«Legalmente, el Estatuto del empleado municipal permite que los tengamos en negro», reconoció Rodrigo Borla quien fue intendente de la ciudad de San Justo y apuntó que «en la discusión, cada gremio pretenderá algunos planteos que escucharemos y será el Ejecutivo el que elabore alguna ley o no».
En 45 días, a partir de la recolección de distintas voces y miradas, la Comisión elevará un informe al Poder Ejecutivo que deberá decidir en qué sentido avanza con los posibles cambios a la Caja de Jubilaciones.
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