Mientras el Gobierno provincial terminó de reglamentar la Emergencia Hídrica, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, se presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados para informar sobre las obras en marcha y la preparación de Santa Fe frente a la posible llegada del fenómeno de El Niño. El Ejecutivo cuenta desde agosto con facultades extraordinarias para acelerar trabajos, contrataciones y compras. Legisladores que participaron del encuentro aseguraron a este medio que, pese al informe presentado, todavía quedaron interrogantes abiertos. “El Gobierno provincial tiene la emergencia y las herramientas que pidió, ahora es su responsabilidad y debe estar a la altura”, resumió el diputado Marcos Corach.
Santa Fe entró en una etapa diferente frente a la amenaza de El Niño. Durante los últimos meses hubo advertencias, preparación, discusión legislativa y pedidos de herramientas extraordinarias. Ahora, con la Emergencia Hídrica vigente y reglamentada, buena parte de la responsabilidad se traslada a la capacidad del Gobierno provincial para utilizar correctamente esas facultades y demostrar que la prevención realizada alcanza para responder ante eventuales excesos hídricos.
En ese contexto, este miércoles el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, se sentó frente a los integrantes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados. La reunión había sido convocada para analizar el estado general de la infraestructura provincial, pero inevitablemente uno de los principales ejes fue la situación hídrica y las tareas realizadas frente al escenario climático que podría atravesar Santa Fe. La convocatoria había sido anunciada para las 17 en la sala Miguel Lifschitz y estuvo encabezada por el presidente de la comisión, Dionisio Scarpin.
Enrico llevó información sobre obras y sobre las acciones desarrolladas por el Ejecutivo. Sin embargo, legisladores que participaron del encuentro señalaron a este medio que la exposición no agotó todos los interrogantes y que todavía existen respuestas pendientes sobre distintos trabajos, prioridades y mecanismos de ejecución.
La discusión tiene ahora una particularidad: el Gobierno ya cuenta con buena parte de las herramientas excepcionales que reclamó para enfrentar una eventual emergencia.
Emergencia hasta abril de 2027 y facultades extraordinarias
La Legislatura sancionó en agosto la Ley 14.477, que declaró en emergencia hídrica a todo el territorio santafesino hasta el 30 de abril de 2027, con posibilidad de una prórroga adicional de seis meses si persisten las condiciones que justificaron la medida. La ley fue promulgada el 20 de agosto mediante el Decreto 1671/26.
El objetivo es acelerar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y atender los daños provocados por excesos hídricos. La emergencia habilita procedimientos especiales para ejecutar obras, realizar contrataciones y adquirir bienes y servicios con mayor rapidez que mediante los mecanismos administrativos ordinarios. La normativa también permite asistir a municipios y comunas afectados y adoptar medidas inmediatas en materia habitacional, alimentaria y sanitaria.
En las últimas horas, el Ejecutivo avanzó además con la reglamentación a través del Decreto 1951. La norma aparece publicada en el Boletín Oficial del 21 de septiembre y completa una parte central del esquema excepcional que tendrá a disposición la administración provincial durante los próximos meses.
Las facultades son amplias, aunque no significan ausencia de controles. La propia ley obliga al Tribunal de Cuentas a revisar los procedimientos realizados bajo la emergencia dentro de plazos abreviados y crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Hídrica, facultada para controlar la utilización del fondo específico, las obras, contrataciones y recursos extraordinarios destinados a municipios.
Es decir: el Ejecutivo obtuvo velocidad administrativa, pero también deberá rendir cuentas sobre cómo utiliza esa excepcionalidad.
Enrico frente a los diputados
La visita del ministro había generado expectativas porque los diputados llegaron a la reunión con una agenda que excedía ampliamente la cuestión hídrica. Desde distintos bloques se habían preparado pedidos sobre obras viales, acueductos, gasoductos, caminos rurales, licitaciones y proyectos distribuidos en diferentes departamentos de Santa Fe.
Carlos Del Frade había solicitado información sobre las principales empresas adjudicatarias de licitaciones durante 2024 y 2025 y el avance de las obras bajo su responsabilidad. Alejandra Rodenas pretendía precisiones sobre el cronograma de trabajos de ampliación y mejora de la autopista Rosario-Santa Fe; Miguel Rabbia, sobre obras en Reconquista y el estado de la Ruta Provincial 1 entre Cayastá y Reconquista; Beatriz Brouwer buscaba documentación técnica relacionada con el puente Bailey sobre el arroyo Cululú, mientras otros legisladores llevaron consultas vinculadas con edificios públicos y trabajos pendientes.
Enrico expuso sobre la situación general y las políticas desarrolladas por su cartera. Este jueves, además, volvió a cuestionar públicamente la ausencia de financiamiento nacional para determinadas obras santafesinas y mencionó, entre otros casos, la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe, cuyo avance vinculó con la irregularidad de los desembolsos nacionales.
Pero la preocupación inmediata de buena parte de la comisión estuvo puesta en otra cuestión: qué tan preparada está realmente Santa Fe si las previsiones climáticas terminan materializándose.
“Tiene las herramientas que pidió”
Después del encuentro, el diputado peronista Marcos Corach sintetizó la posición con una frase que pone la responsabilidad directamente sobre el Ejecutivo.
“El Gobierno provincial tiene la emergencia y las herramientas que pidió, ahora es su responsabilidad y debe estar a la altura de las necesidades de cada localidad. La prevención no puede quedar en anuncios: tiene que traducirse en respuestas concretas”, señaló.
La definición marca un cambio en el eje político de la discusión. Hasta aquí, frente a determinadas situaciones extraordinarias, el Ejecutivo podía plantear que necesitaba legislación específica, procedimientos más rápidos o instrumentos presupuestarios que le permitieran actuar sin las demoras propias de la administración ordinaria. En materia hídrica, esas herramientas ya están.
La Ley 14.477 permite agilizar contrataciones, ejecutar trabajos, adquirir equipamiento y disponer medidas de asistencia. Existe además un Fondo de Emergencia Hídrica y mecanismos especiales para movilizar recursos ante una contingencia. El Gobierno tiene, por lo tanto, un margen de actuación considerable. A partir de ahora, el debate estará menos centrado en las herramientas disponibles y más en cómo fueron utilizadas.
La prueba será antes de que llegue el agua
La prevención hídrica tiene una característica que suele complicar su evaluación política: cuando funciona, muchas veces resulta menos visible que cuando fracasa.
Limpiar canales, mantener estaciones de bombeo, intervenir sobre defensas, revisar alcantarillas, mejorar escurrimientos, preparar caminos y coordinar protocolos no necesariamente producen una fotografía impactante. Pero pueden convertirse en la diferencia entre una lluvia extraordinaria controlable y una emergencia de consecuencias mucho mayores.
La preparación provincial tampoco se limita a Obras Públicas. El Ministerio de Salud desarrolló protocolos para coordinar hospitales y centros sanitarios frente a posibles tormentas, inundaciones y anegamientos, con circuitos de atención, vigilancia epidemiológica, insumos estratégicos y dispositivos de salud mental. Educación, por su parte, elaboró un protocolo para garantizar la continuidad pedagógica y establecer cómo deberán actuar las escuelas frente a contingencias climáticas.
Es una señal de que el Gobierno viene trabajando sobre un escenario posible. Pero la existencia de protocolos, leyes y reuniones no permite por sí sola medir la capacidad real de respuesta. Para eso habrá que observar el territorio.
Las preguntas que quedaron abiertas
Según señalaron legisladores consultados por este medio después de la reunión con Enrico, la exposición permitió acceder a información sobre distintas obras y sobre la planificación provincial, aunque no terminó de despejar todos los interrogantes.
La emergencia, justamente porque flexibiliza procedimientos y acorta tiempos, obliga a reforzar la transparencia. La rapidez puede ser imprescindible frente a una contingencia, pero debería estar acompañada por información igualmente rápida sobre qué se contrata, a qué empresas, por qué montos, mediante qué procedimiento y con qué nivel de ejecución.
La propia Ley 14.477 contempló ese equilibrio. El Tribunal de Cuentas debe controlar los actos comprendidos dentro de la emergencia y comunicar sus conclusiones a las cámaras legislativas, mientras la Comisión Bicameral puede seguir las obras, contrataciones, recursos extraordinarios y utilización del Fondo de Emergencia Hídrica.
Por eso, las preguntas pendientes en Diputados no deberían ser consideradas solamente parte del intercambio político entre oficialismo y oposición. Son parte del sistema de control que debe acompañar facultades excepcionales.
Cuanto mayores son las herramientas otorgadas para actuar con rapidez, mayor debería ser también la capacidad del Estado para explicar cómo las utiliza.
El Niño como examen de gestión
La discusión probablemente dejará de ser teórica si Santa Fe enfrenta finalmente un período de lluvias extraordinarias.
Entonces podrá comenzar a evaluarse si las obras priorizadas fueron las correctas, si los puntos críticos estaban identificados, si las contrataciones aceleradas funcionaron, si municipios y comunas recibieron asistencia a tiempo y si la coordinación entre Obras Públicas, Protección Civil, Salud, Educación y gobiernos locales respondió como estaba previsto.
Ningún gobierno puede evitar que llueva ni controlar la intensidad de un fenómeno climático. Tampoco sería razonable atribuir automáticamente al Ejecutivo cada consecuencia provocada por un evento meteorológico extraordinario. Lo que sí puede evaluarse es qué hizo antes de que ocurriera.
Ahí está el punto político e institucional que dejó la reunión de Enrico en Diputados. El Gobierno solicitó una emergencia, la Legislatura se la concedió y el Ejecutivo terminó de reglamentarla. Tiene procedimientos especiales, capacidad para acelerar contrataciones, un fondo específico y herramientas para ejecutar obras y asistir a localidades. Ahora deberá demostrar cómo las administró.
Por eso la frase que circuló después del encuentro resume buena parte de lo que viene: “Tiene la emergencia y las herramientas que pidió, ahora es su responsabilidad y debe estar a la altura”.
El fenómeno de El Niño, si finalmente impacta con la intensidad prevista, será inevitablemente una prueba para toda la provincia. Pero también será una prueba concreta para la gestión.
Porque después de las leyes, los decretos, las obras anunciadas y los protocolos preparados, llegará el momento en el que la discusión dejará de ser sobre lo que se prometió hacer y pasará a ser sobre qué se hizo, cuánto sirvió y qué quedó sin resolver cuando todavía había tiempo para prevenirlo.
