María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), trazó un preocupante panorama del sistema sanitario durante una entrevista. Advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo, la falta de profesionales, el crecimiento de la demanda hospitalaria y el deterioro de la salud mental de los trabajadores. También cuestionó las políticas de Javier Milei y Maximiliano Pullaro, denunció la ausencia de una negociación salarial real en Santa Fe y recordó que, después de la pandemia, nunca llegó el reconocimiento que habían reclamado los equipos de salud.
La crisis del sistema público de salud atraviesa uno de sus momentos más complejos, según el diagnóstico de María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA, quien durante una entrevista con Juan Francisco Acosta en el programa Democráticamente, emitido por AGOFA TV, analizó las consecuencias de las políticas económicas nacionales y provinciales sobre los trabajadores sanitarios.
La dirigente describió un escenario marcado por salarios deteriorados, precarización laboral, pérdida de profesionales, falta de insumos y un aumento sostenido de la demanda de atención. A esas dificultades sumó otras dos problemáticas que, según explicó, se profundizaron en los últimos años: el endeudamiento de los trabajadores y las secuelas psicológicas que dejó la pandemia.
Boriotti también cuestionó las políticas de los gobiernos de Javier Milei y Maximiliano Pullaro, aunque estableció diferencias en sus mecanismos de relación con las organizaciones sindicales. “Es un momento muy complicado política y socialmente. Hemos tenido un retroceso como trabajadores y trabajadoras que no esperábamos que tuviera semejante impacto”, sostuvo.
Salarios deteriorados: profesionales que cobran la mitad de lo que necesitan
Uno de los datos más preocupantes que presentó la titular de FESPROSA está relacionado con la pérdida del poder adquisitivo.
Según sus estimaciones, los salarios del sector público acumulan una caída cercana al 25% en términos reales, lo que representa una pérdida promedio superior a los 17 millones de pesos por trabajador durante el período que tomó como referencia. “Es plata que debería estar en el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados”, remarcó.
En Santa Fe, explicó que un profesional de la salud con formación universitaria y un cargo dentro del sistema público percibe actualmente entre 1,6 y 1,7 millones de pesos mensuales, mientras que quienes trabajan bajo contratos o como monotributistas pueden recibir ingresos inferiores.
La diferencia se vuelve todavía más significativa al compararla con el salario que la organización considera necesario para cubrir las necesidades de un profesional. “Hoy tendría que ser aproximadamente 3.200.000 o 3.300.000 pesos para el cargo testigo que está en la provincia de Santa Fe, que es de 24 horas. Nuestro ingreso es la mitad, el 50%. Nunca estuvimos tan lejos”, afirmó.
Boriotti explicó que esa referencia salarial contempla alimentación, vivienda, descanso, capacitación profesional, indumentaria y tareas de cuidado, entre otras necesidades.
El cálculo, basado en un estudio utilizado por la organización sindical, muestra una brecha considerable entre las remuneraciones actuales y las condiciones económicas que FESPROSA considera adecuadas para el ejercicio profesional.
Precarización laboral: contratos pendientes y profesionales mal encuadrados
La dirigente advirtió que la precarización laboral en salud no se limita a los trabajadores contratados o monotributistas. Uno de los problemas pendientes es la finalización de los procesos de pase a planta permanente iniciados durante la gestión provincial anterior.
Según explicó, todavía existen trabajadores que ingresaron antes o durante la pandemia, y hasta diciembre de 2022, que continúan esperando la regularización de su situación laboral. A ellos se suman profesionales incorporados posteriormente que ni siquiera están contemplados en los mecanismos actuales de incorporación a planta.
Otro problema es el de quienes realizan tareas profesionales, pero permanecen encuadrados en categorías laborales no profesionales. Boriotti mencionó casos de psicólogos, bioquímicos, médicos y licenciados en bioimágenes que desempeñan funciones correspondientes a su formación sin recibir el reconocimiento escalafonario adecuado.
Recordó que existe una normativa de 2019 destinada a resolver esa situación, pero cuestionó que ni la administración de Omar Perotti ni la de Maximiliano Pullaro hayan avanzado en su aplicación. “Precariedad laboral es no tener los insumos necesarios. Precariedad laboral es el nivel salarial que tenemos, así estemos en planta permanente, con aporte jubilatorio y con obra social”, explicó.
También destacó que el sector sanitario tiene una importante presencia femenina, superior al 70% según su estimación, lo que agrega dificultades vinculadas con las responsabilidades familiares y las tareas de cuidado.
En muchos casos, trabajar más horas no representa una solución económica porque implica afrontar mayores gastos para el cuidado de hijos u otros familiares.
Milei sin diálogo y Pullaro con paritarias que son una formalidad
Consultada sobre las diferencias entre las administraciones nacional y provincial, Boriotti cuestionó con dureza el vínculo de ambos gobiernos con los representantes de los trabajadores.
Sobre la gestión de Javier Milei, aseguró que no existe diálogo con las organizaciones sindicales del sector. “Con Milei no hay diálogo. No hemos logrado que respondieran ningún pedido de entrevista”, sostuvo.
La dirigente afirmó que FESPROSA no consiguió establecer instancias de conversación directa con las autoridades nacionales de Salud, pese a los pedidos de audiencia y las movilizaciones realizadas.
Respecto del Gobierno de Maximiliano Pullaro, señaló que las paritarias continúan funcionando institucionalmente, pero cuestionó la ausencia de una negociación efectiva. “En la provincia de Santa Fe siguen existiendo las paritarias como institución, pero no hay negociación en esas paritarias. Son absolutamente verticales”, afirmó.
Boriotti consideró que las discusiones salariales están dominadas por criterios económicos que no contemplan suficientemente las particularidades del sistema sanitario. “La paritaria es pura formalidad”, sintetizó.
También cuestionó la falta de respuestas frente al aumento de la demanda asistencial y las dificultades para reemplazar a los profesionales que se jubilan, renuncian o solicitan licencias.
Según su análisis, el problema no se reduce a los salarios, sino que también afecta la capacidad del sistema para garantizar atención oportuna y de calidad.
Más pacientes, menos profesionales y dificultades para conseguir medicamentos
La presidenta de FESPROSA advirtió que la crisis económica está provocando una mayor presión sobre los hospitales y centros de salud públicos.
Según los datos que expuso, en Santa Fe se registró un incremento aproximado del 30% en las nuevas historias clínicas, fenómeno que vinculó con la pérdida de empleos formales, las dificultades para sostener coberturas privadas y los mayores gastos que enfrentan las familias. “Hemos tenido un aumento de un 30% aproximadamente de nuevas historias clínicas. Eso no ha ido acompañado de más recursos”, señaló.
La dirigente explicó que muchas personas que anteriormente utilizaban obras sociales o prestadores privados recurren ahora al sistema público porque perdieron su cobertura o no pueden afrontar coseguros y medicamentos. A esa mayor demanda se suma la falta de reemplazos de profesionales que abandonan sus cargos.
El problema se vuelve especialmente visible en localidades del interior, aunque Boriotti aclaró que también afecta a grandes ciudades como Rosario y Santa Fe.
Los bajos salarios y las condiciones laborales impulsan a profesionales a buscar otras alternativas, incluso cuando eso implica resignar estabilidad o derechos laborales. También cuestionó los modelos de atención basados exclusivamente en indicadores de productividad. “Vos no podés hacer salud teniendo un paciente cada diez minutos. No hay conversación, no tocás al paciente, no lo mirás, no lo escuchás, no lo revisás”, advirtió.
Para Boriotti, la calidad sanitaria no puede medirse únicamente por la cantidad de consultas realizadas, porque muchas intervenciones requieren tiempo, seguimiento y trabajo interdisciplinario. En cuanto a los medicamentos, cuestionó la reducción de las transferencias nacionales y el deterioro del programa Remediar.
Según afirmó, de un listado de 128 medicamentos que anteriormente se distribuían mediante ese programa, la provisión se habría reducido a seis.
Aunque destacó la importancia de los laboratorios públicos santafesinos, sostuvo que también existen dificultades para garantizar la llegada de medicamentos a hospitales y centros de salud en tiempo y forma.
Salud mental: las secuelas de la pandemia que nunca fueron atendidas
Otro de los ejes centrales de la entrevista fue el deterioro de la salud mental de los trabajadores sanitarios.
Boriotti sostuvo que la pandemia dejó consecuencias psicológicas que no recibieron una respuesta institucional suficiente. El desgaste acumulado durante la emergencia sanitaria se profundizó posteriormente por las dificultades económicas, la sobrecarga laboral y la falta de personal. “La pandemia tuvo un impacto muy fuerte, que ha dejado secuelas, ha dejado marcas. Algunas son evidentes, otras no. No se abordó la salud mental de los trabajadores de la salud”, afirmó.
La dirigente vinculó ese escenario con una pérdida de motivación y un agotamiento que repercute tanto en los equipos profesionales como en la atención de los pacientes. “Sin trabajo decente no hay salud pública de calidad”, remarcó. También se refirió al crecimiento de las situaciones de violencia que atraviesan distintos ámbitos de la sociedad.
En lugar de considerar que se trata exclusivamente de un problema contra médicos y enfermeros, sostuvo que existe un deterioro más amplio de los vínculos sociales y de los espacios de contención. Desde su perspectiva, la violencia hacia trabajadores sanitarios, docentes y otros profesionales debe analizarse dentro de un contexto de mayor conflictividad social y debilitamiento de las instituciones.
Después de la pandemia, el reconocimiento que nunca llegó
Boriotti también cuestionó la falta de reconocimiento institucional hacia quienes sostuvieron el sistema sanitario durante la emergencia por COVID-19.
Recordó que los trabajadores de salud estuvieron expuestos a riesgos personales y familiares, en un contexto de incertidumbre sobre las características y consecuencias de la enfermedad. Sin embargo, una vez superada la etapa más crítica, los reclamos para reconocer ese esfuerzo no prosperaron.
Uno de los proyectos impulsados por las organizaciones sindicales proponía computar doble cada año trabajado durante la pandemia a los efectos jubilatorios. Es decir, reconocer cuatro años de aportes por dos años de trabajo durante la emergencia sanitaria. “Cuando a posteriori de la pandemia planteamos que se haga un reconocimiento, considerando para el aporte jubilatorio los años que duró la pandemia, considerarlos el doble, eso no salió”, recordó.
Según explicó, la iniciativa no consiguió avanzar ni en el Congreso Nacional ni en Santa Fe. La dirigente señaló además una contradicción política: algunos referentes que participaron de aquellas conversaciones y proyectos integran actualmente el Gobierno provincial, que posteriormente impulsó una reforma previsional cuestionada por los gremios.
En particular, mencionó al actual ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, a quien identificó como uno de los participantes en el trabajo previo sobre aquella propuesta.
Para Boriotti, el cambio de posición de sectores políticos que antes acompañaban reclamos laborales y luego respaldaron modificaciones previsionales constituye una de las principales frustraciones de los trabajadores públicos.
Endeudamiento y pluriempleo: profesionales que buscan otros ingresos para sobrevivir
La crisis salarial también está modificando profundamente la vida cotidiana de los trabajadores sanitarios.
Boriotti describió un escenario en el que cada vez más profesionales necesitan buscar actividades adicionales para complementar sus ingresos.
No se trata únicamente de sumar horas en otros establecimientos de salud. Según explicó, también aparecen trabajadores universitarios dedicados a la venta de productos de cosmética, indumentaria y otras actividades informales. “Me llamó mucho la atención cuando empecé a ver profesionales vendiendo productos de cosmética, de distintas marcas. No solo trabajo a contraturno, aumentando lo que ya hacían, sino el trabajo que sea”, relató.
Para la dirigente, estas situaciones reflejan una transformación preocupante: profesionales con años de formación que deben recurrir a ocupaciones de menor estabilidad para afrontar los gastos familiares. A ello se suma el endeudamiento mediante tarjetas de crédito y préstamos personales. “La compra de supermercado con tarjeta de crédito para ir postergando los pagos, eso se ve también. La cantidad de préstamos que se piden y la dificultad después para pagarlos”, sostuvo.
Boriotti cuestionó además las respuestas basadas exclusivamente en ofrecer nuevos créditos a personas que ya tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones.
En ese sentido, criticó una iniciativa provincial destinada a refinanciar deudas, al considerar que no contempló adecuadamente las situaciones particulares de los trabajadores y que, en algunos casos, terminó agravando sus problemas financieros.
La combinación de salarios insuficientes, pluriempleo y endeudamiento configura, según su análisis, un deterioro de las condiciones de vida que también repercute sobre el funcionamiento del sistema público.
La reforma previsional y el futuro de los trabajadores públicos
La presidenta de FESPROSA también cuestionó la reforma previsional santafesina y sus consecuencias para los trabajadores activos y jubilados.
Recordó que la provincia contaba con un régimen que garantizaba el 82% móvil y consideró que las modificaciones introducidas representaron un retroceso en los derechos previsionales.
Además, planteó la necesidad de discutir las condiciones reales en las que los trabajadores llegan a la edad jubilatoria, especialmente en actividades atravesadas por exigencias físicas y emocionales.
Para Boriotti, el debate no puede limitarse a la expectativa de vida o a las necesidades financieras del sistema previsional, sino que debe considerar el desgaste laboral y las posibilidades concretas de continuar trabajando.
En ese marco, cuestionó que las decisiones económicas terminen prevaleciendo sobre las condiciones de vida de los empleados públicos.
Sindicatos autónomos y una defensa de la salud pública
Hacia el cierre de la entrevista, Boriotti se refirió al vínculo entre las organizaciones sindicales y los gobiernos, especialmente en un escenario donde las críticas gremiales suelen generar enfrentamientos políticos.
La dirigente defendió la autonomía sindical y sostuvo que los representantes de los trabajadores deben mantener su independencia, independientemente de quién ocupe el poder. “El sindicalismo tiene que ser autónomo de gobiernos y partidos. Nosotros no estamos para ser colectora de ningún partido. Estamos para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, afirmó.
También remarcó que la defensa de mejores condiciones laborales está directamente relacionada con la calidad del servicio sanitario. Desde su perspectiva, garantizar una salud pública gratuita, universal y de calidad requiere tanto presupuesto como profesionales con salarios adecuados, estabilidad y condiciones dignas de trabajo. “Nosotros somos trabajadores y trabajadoras, y el gobierno es nuestro empleador. Eso marca una diferencia y yo tengo que poder reclamar y defender a todos nuestros representados, esté quien esté enfrente”, expresó.
La entrevista dejó un diagnóstico que excede la discusión salarial. La crisis del sistema sanitario combina mayor demanda de atención, pérdida de profesionales, precarización laboral, falta de medicamentos, endeudamiento y consecuencias psicológicas que todavía persisten desde la pandemia.
Mientras el Gobierno nacional reduce su intervención en distintas políticas sanitarias y la administración provincial enfrenta cuestionamientos por salarios y condiciones laborales, los trabajadores denuncian que el sistema público debe responder a más necesidades con recursos insuficientes.
La advertencia de Boriotti resume el problema central: no puede sostenerse una salud pública de calidad si quienes la mantienen funcionando cobran salarios que consideran insuficientes, acumulan deudas y trabajan en condiciones cada vez más difíciles.
Y detrás de ese deterioro aparece una consecuencia que alcanza a toda la sociedad: cuando se debilitan las condiciones laborales de los equipos sanitarios, también se compromete la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la salud.
