A pocos días de que Diputados otorgara media sanción al cuestionado paquete de leyes de seguridad, el gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura una nueva reforma judicial, esta vez para reemplazar el Código Procesal Civil y Comercial vigente desde 1961. La iniciativa ingresó por el Senado, donde el oficialismo cuenta con una mayoría favorable, una decisión política que despierta interrogantes después de las tensiones que atravesó Unidos durante el último debate legislativo. Aunque el proyecto promete agilizar los juicios y modernizar los procedimientos, vuelve a instalarse una discusión sobre los tiempos, las formas y la profundidad del tratamiento parlamentario de las reformas impulsadas por la Casa Gris.
El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a colocar una reforma judicial en la agenda de la Legislatura santafesina. Esta vez, el Ejecutivo provincial presentó un proyecto para reemplazar integralmente el Código Procesal Civil y Comercial, una normativa vigente desde hace más de seis décadas que regula el funcionamiento de los juicios civiles y comerciales.
La iniciativa, firmada por Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, propone modificar los procedimientos judiciales mediante la incorporación de audiencias orales, expedientes digitales, mayores facultades para los jueces y nuevos mecanismos para resolver conflictos.
Sin embargo, además del contenido jurídico, la presentación incorpora un dato político que difícilmente pase inadvertido: el Gobierno decidió que el proyecto ingrese por el Senado y no por la Cámara de Diputados.
La elección se produce después de las dificultades que enfrentó el oficialismo para conseguir la media sanción del paquete de leyes de seguridad, cuyo tratamiento en Diputados estuvo atravesado por cuestionamientos, modificaciones y diferencias entre los propios integrantes de Unidos para Cambiar Santa Fe.
Con ese antecedente, la decisión de comenzar el recorrido parlamentario en una Cámara donde el oficialismo dispone de una mayoría más consolidada abre interrogantes sobre la estrategia legislativa del Gobierno y su disposición a afrontar debates que pueden resultar incómodos.
El Senado como puerta de entrada y una explicación que deja dudas
La elección de la Cámara alta como origen del proyecto no es un detalle administrativo menor. En el Senado, el oficialismo cuenta con condiciones políticas más favorables para avanzar con sus iniciativas, mientras que en Diputados las diferencias internas de Unidos quedaron expuestas durante el tratamiento de las últimas reformas de seguridad.
En aquella discusión, sectores del socialismo plantearon objeciones a distintos aspectos del paquete legislativo y el texto terminó incorporando modificaciones antes de conseguir la media sanción.
Ahora, frente a una nueva transformación del sistema judicial, el Ejecutivo eligió comenzar por una Cámara donde el trámite podría encontrar menos obstáculos políticos. Sobre las razones de esa decisión, fuentes del Gobierno respondieron: «Por nada en especial».
La explicación resulta llamativa por el contexto en el que se produce. Si bien el Ejecutivo tiene la facultad de presentar el proyecto en cualquiera de las cámaras, la elección del Senado permite una lectura política vinculada con los antecedentes recientes.
Eso no demuestra que exista una intención de impedir el debate, pero sí plantea una pregunta legítima: ¿el Gobierno busca facilitar el tratamiento de una reforma necesaria o evitar que se repitan las dificultades que encontró en Diputados?.
Desde la Casa Gris aseguraron que los cambios son profundos y que su discusión llevará tiempo porque la importancia del tema así lo requiere. «Son cambios profundos, como todos los que venimos encarando. Va a llevar tiempo su tratamiento porque el tema lo amerita», señalaron desde el Ejecutivo.
La declaración contrasta con la posibilidad de que la mayoría oficialista en el Senado facilite una aprobación rápida. La profundidad del debate dependerá finalmente del tratamiento que reciba el proyecto y de la participación que se otorgue a los sectores involucrados.
Una reforma que comenzó con Lifschitz y nunca logró convertirse en ley
La actualización del Código Procesal Civil y Comercial no es una iniciativa nueva ni exclusiva del actual Gobierno.
En noviembre de 2017, durante la gestión del gobernador socialista Miguel Lifschitz, el entonces ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, impulsó la conformación de una comisión encargada de elaborar un nuevo código.
El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en 2018, pero no consiguió completar su recorrido legislativo.
En 2020, durante la administración de Omar Perotti, el socialismo volvió a presentar una propuesta a través de Lifschitz, que por entonces se desempeñaba como diputado provincial. Paralelamente, el Gobierno peronista trabajaba en su propio anteproyecto, lo que generó diferencias entre ambos espacios.
La iniciativa volvió a ingresar en 2024, esta vez con la firma de los 14 diputados del bloque socialista. Pablo Farías, entonces legislador provincial, recordó que se retomaba el trabajo iniciado siete años antes.
El proyecto actual, impulsado por Pullaro, presenta diferencias respecto de aquellos antecedentes, aunque comparte el objetivo de modernizar los procedimientos y reducir los tiempos judiciales.
Esta trayectoria demuestra que la necesidad de actualizar el Código lleva casi una década de discusión política, académica e institucional.
Por eso, la reforma no debería quedar reducida a una cuestión de mayorías legislativas ni convertirse en una nueva disputa entre los socios del oficialismo.
Juicios más rápidos y mayores facultades para los jueces
Uno de los cambios centrales del proyecto es el reemplazo de un sistema predominantemente escrito por otro que otorgue mayor protagonismo a las audiencias orales.
La propuesta busca concentrar actuaciones, reducir trámites y permitir que los jueces mantengan un contacto más directo con las partes involucradas.
También fortalece las facultades de los magistrados para conducir los procesos, organizar la producción de pruebas, prevenir demoras y promover acuerdos que permitan resolver conflictos sin necesidad de llegar a una sentencia.
El objetivo declarado es mejorar los tiempos de respuesta de la Justicia y simplificar procedimientos que actualmente pueden extenderse durante años.
Sin embargo, el mayor protagonismo de los jueces también requiere analizar cómo se garantizarán el derecho de defensa, la igualdad entre las partes y los mecanismos de control sobre las decisiones procesales.
La reforma contempla además modificaciones en la prueba pericial, con prioridad para los cuerpos especializados del Poder Judicial y nuevas reglas para determinar los honorarios de los peritos externos.
Expedientes digitales y nuevos mecanismos para reclamar deudas
Otro de los ejes es la digitalización de los procedimientos judiciales, mediante la incorporación de expedientes electrónicos, notificaciones digitales y nuevas formas de producción y conservación de pruebas.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tendrá a su cargo la implementación de las herramientas informáticas necesarias.
La iniciativa también propone establecer un proceso general de conocimiento que unifique reglas y reduzca la cantidad de procedimientos especiales, aunque contempla adaptaciones para materias como familia, sucesiones, desalojos y causas de menor cuantía.
Entre las novedades aparecen los procesos monitorios, destinados a facilitar el reclamo de determinadas obligaciones respaldadas por documentación suficiente.
En estos casos, una resolución judicial inicial podrá ordenar el cumplimiento de una deuda. La persona requerida tendrá diez días para pagar o presentar una oposición fundada. Si no lo hace, podrá dictarse sentencia sin desarrollar un juicio ordinario completo.
El proyecto también actualiza los procesos ejecutivos, la ejecución de sentencias y las medidas cautelares, incluyendo disposiciones sobre bienes, activos y entornos digitales.
Se trata de modificaciones relevantes que pueden mejorar el funcionamiento judicial, pero que también requieren examinar cuidadosamente las garantías de quienes participan en los procesos.
Una implementación inmediata que también merece discusión
La iniciativa establece que el nuevo Código comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. En principio, sus disposiciones se aplicarán a los procesos iniciados desde ese momento, mientras que las causas en trámite continuarán bajo la normativa anterior, salvo acuerdo entre las partes o decisión fundada del magistrado. La eventual aprobación implicaría derogar la Ley 5.531, vigente desde 1961.
La aplicación de un nuevo sistema procesal no depende únicamente de modificar artículos. También requiere capacitación de magistrados y trabajadores judiciales, adaptación de los sistemas informáticos, disponibilidad de recursos y cambios en las prácticas profesionales.
Por eso, uno de los aspectos que deberá analizar la Legislatura es si existen condiciones suficientes para garantizar una implementación efectiva desde el momento previsto.
Una reforma destinada a reducir demoras podría enfrentar dificultades si las herramientas necesarias no están disponibles al comenzar su aplicación.
Pullaro, las reformas judiciales y los límites del debate legislativo
La presentación del nuevo Código vuelve a poner bajo discusión una característica de la agenda política del Gobierno provincial: la decisión de impulsar transformaciones profundas del sistema judicial en un período relativamente corto.
La reforma llega mientras el Senado se prepara para debatir el paquete de leyes de seguridad que obtuvo media sanción en Diputados después de una discusión atravesada por objeciones jurídicas y diferencias políticas.
El antecedente resulta importante porque demostró que incluso dentro de Unidos existen distintas posiciones sobre los alcances de las modificaciones legislativas propuestas por el Ejecutivo.
En ese escenario, comenzar el tratamiento de la reforma civil y comercial en el Senado puede facilitar la construcción de una mayoría inicial. Sin embargo, la iniciativa deberá pasar posteriormente por Diputados, donde las diferencias podrían reaparecer.
El Gobierno sostiene que busca modernizar la Justicia y ofrecer respuestas más rápidas a los ciudadanos. Son objetivos que merecen ser analizados por su contenido y sus posibilidades reales de implementación.
Pero la necesidad de actualizar una normativa antigua no debería convertirse en un argumento para reducir los tiempos de discusión ni para transformar el tratamiento parlamentario en una formalidad.
La cuestión no es solamente qué reforma propone Pullaro, sino también cómo pretende conseguir su aprobación.
La experiencia reciente con las leyes de seguridad demuestra que el debate legislativo puede modificar proyectos, incorporar garantías y obligar al oficialismo a revisar decisiones. Esas diferencias forman parte del funcionamiento democrático de las instituciones.
Por eso, la elección del Senado como Cámara de origen adquiere relevancia política, aunque todavía no permita afirmar que el Gobierno haya decidido acelerar artificialmente el tratamiento.
El verdadero examen llegará cuando comience la discusión parlamentaria y se conozca cuánto espacio tendrán los legisladores, los colegios profesionales, los especialistas y los distintos actores del Poder Judicial para expresar sus posiciones.
Santa Fe necesita una Justicia más ágil y accesible. Pero también necesita reformas que cuenten con fundamentos sólidos, garantías suficientes y un debate proporcional a su importancia.
Pullaro vuelve a impulsar cambios profundos en la Justicia santafesina. Esta vez eligió comenzar por el Senado, donde tiene los votos más favorables. La incógnita es si esa ventaja política servirá para construir una reforma consensuada o simplemente para conseguir una media sanción con menos dificultades.
