La jueza nacional del Trabajo, Lucrecia Pedrini, dictaminó este lunes la suspensión «de todos los efectos legales del título cuarto del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 para los trabajadores de la actividad», mediante una medida cautelar solicitada por la Asociación Bancaria (AB), informó el sindicato.
Pedrini aceptó la medida cautelar y suspendió preventivamente la vigencia del Título IV del DNU 70/2023 para los trabajadores representados por la Asociación Bancaria «hasta tanto recaiga sentencia definitiva en estos autos», según se desprende de la resolución.
La jueza fundamentó su decisión en la amplitud y profundidad de la «reforma laboral» propuesta en el Título IV del DNU 70/2023, considerando que existe un «peligro en la demora».
Esta no es la primera vez que se suspenden los efectos del capítulo laboral del DNU; previamente, la justicia nacional del Trabajo había dictado medidas cautelares en casos iniciados por presentaciones de la CGT, la CTA, el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, y la Asociación del Personal Aeronáutico.
La Bancaria detalló que el decreto afecta diversos derechos laborales, como la exclusión de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) a personas físicas que podrían ser dependientes, la irrenunciabilidad, la extensión del período de prueba y la creación de injurias específicas contrarias a la libertad sindical.
Además, el sindicato destacó que el DNU reduce montos indemnizatorios, impone una moratoria obligatoria para el pago de condenas, limita el derecho de reunión y expresión al restringir asambleas y vulnerar la libertad sindical, y afecta el derecho de negociación colectiva al perjudicar cláusulas obligacionales.
En un comunicado firmado por Sergio Palazzo, líder de la Bancaria, y Claudio Bustelo, secretario de Prensa, se subraya que el decreto también «limita sin sustento jurídico el derecho de huelga y extrapola de forma irrazonable de servicios esenciales para reducir las medidas de acción directa, entre otras cosas».
La Bancaria resaltó que, basándose en estos argumentos, la jueza respaldó la acción del gremio como sustento sólido a la verosimilitud del derecho.
