La diputada provincial Silvia Malfesi presentó un proyecto para modificar el régimen procesal de la Ley de Violencia Familiar de Santa Fe y establecer mayores controles sobre las órdenes urgentes de exclusión del hogar y restricción de acercamiento. La iniciativa plantea que las medidas tengan un plazo máximo inicial, que sean revisadas antes de continuar y que la persona denunciada pueda ser escuchada dentro de las 48 horas. La legisladora sostiene que busca evitar que una decisión cautelar adoptada ante una situación de riesgo termine prolongándose indefinidamente sin una evaluación judicial posterior. El proyecto también aborda las falsas denuncias y propone un tratamiento específico cuando existen hijos menores involucrados.
La discusión sobre cómo proteger rápidamente a una persona frente a una posible situación de violencia familiar sin convertir una medida preventiva en una decisión indefinida vuelve a instalarse en la Legislatura santafesina.
La diputada provincial Silvia Malfesi presentó un proyecto de ley que propone modificar el funcionamiento de las medidas cautelares adoptadas en causas de violencia doméstica. La iniciativa se concentra particularmente en dos herramientas utilizadas ante situaciones que requieren una respuesta urgente: la exclusión del hogar y las restricciones de acercamiento.
El punto de partida de la propuesta es que esas decisiones cumplen una función preventiva y pueden ser dispuestas inicialmente sin escuchar a la persona denunciada cuando el juzgado considera que existe una situación que necesita protección inmediata. Lo que Malfesi cuestiona no es esa posibilidad de intervención urgente, sino que algunas medidas puedan prolongarse durante períodos extensos sin una revisión posterior que determine si todavía subsisten las circunstancias que justificaron su adopción.
“En las órdenes judiciales urgentes de exclusión de hogar eternas que se toman sin escuchar al denunciado, muchas veces se generan injusticias, las que se agravan cuando se trata de una falsa denuncia”, manifestó la legisladora al explicar públicamente los motivos de su iniciativa.
Una medida urgente que no debería convertirse en permanente
El proyecto parte de una distinción jurídica central: una medida cautelar no equivale a una sentencia.
Las restricciones de acercamiento o exclusiones del hogar tienen una finalidad preventiva. Buscan actuar frente a un riesgo que requiere una respuesta inmediata, incluso antes de que pueda desarrollarse completamente el proceso judicial.
Precisamente por esa urgencia pueden adoptarse in audita parte, expresión jurídica que significa que la decisión inicial se toma sin haber escuchado previamente a la otra parte.
Según los fundamentos de la iniciativa de Malfesi, el problema aparece cuando esa excepcionalidad inicial termina prolongándose en el tiempo y una resolución adoptada preventivamente queda vigente durante meses o incluso años sin un control suficiente sobre las circunstancias que dieron origen a la medida.
Para la diputada, esa situación puede producir una afectación del derecho de defensa y del principio de inocencia, porque una persona termina soportando durante un período prolongado las consecuencias de una decisión adoptada antes de haber sido escuchada.
El desafío que plantea el proyecto es, entonces, compatibilizar dos derechos: la necesidad de brindar protección inmediata frente a una posible situación de violencia y la obligación de garantizar posteriormente el debido proceso de todas las personas involucradas.
Un plazo máximo para las cautelares
El cambio más importante que propone Malfesi consiste en establecer un plazo máximo inicial de duración para las órdenes de exclusión del hogar y las restricciones de acercamiento.
La medida no podría continuar simplemente por el paso del tiempo. Para extenderla deberían existir razones que justifiquen su prórroga y una intervención judicial que vuelva a analizar el caso.
“Hemos presentado un proyecto de ley para que todas estas medidas cautelares tengan un plazo máximo de duración, de forma tal que vencido el plazo el juez deba rever su decisión”, explicó Malfesi.
El objetivo declarado no es eliminar las medidas de protección ni impedir que sean renovadas cuando persiste una situación de riesgo. Lo que se pretende modificar es la posibilidad de que una decisión originalmente provisional permanezca vigente sin una revisión oportuna.
De aprobarse la reforma en los términos planteados, los magistrados deberían evaluar periódicamente si continúan presentes los elementos que justificaron la restricción.
Ser escuchado dentro de las primeras 48 horas
El segundo cambio importante está relacionado con el derecho de defensa.
La iniciativa establece que, una vez adoptada la medida urgente, deberá convocarse a una audiencia personal de descargo dentro de las 48 horas.
En esa instancia, la persona alcanzada por la exclusión o restricción tendría la posibilidad de ser escuchada, contar con patrocinio letrado y aportar elementos de prueba.
La diferencia es importante: el proyecto no plantea necesariamente que el denunciado deba ser escuchado antes de disponer una protección urgente, algo que podría demorar la intervención frente a una situación de riesgo. Propone que, después de adoptada la medida preventiva, exista rápidamente una instancia contradictoria en la que también pueda ejercer su defensa.
La lógica que sostiene la iniciativa es que la urgencia puede justificar una decisión unilateral inicial, pero no debería justificar que esa unilateralidad continúe indefinidamente.
El punto más controvertido: las falsas denuncias
Uno de los aspectos que seguramente generará mayor discusión es el lugar que el proyecto concede a las denuncias falsas o presentaciones realizadas de mala fe.
Los fundamentos advierten sobre lo que denominan “incentivos perversos” y sostienen que podrían existir situaciones en las que el sistema de protección sea utilizado estratégicamente dentro de conflictos vinculados con divorcios, cuidado de hijos o disputas patrimoniales.
Malfesi hizo referencia expresa a esa posibilidad: “Muchas veces se generan injusticias, las que se agravan cuando se trata de una falsa denuncia”.
La iniciativa propone que, cuando judicialmente se constate la mala fe de una presentación, los magistrados puedan imponer costas, aplicar sanciones procesales y remitir las actuaciones a la Justicia penal cuando corresponda.
Se trata de un punto especialmente sensible. La existencia de una denuncia que finalmente no derive en una condena no significa por sí misma que haya sido falsa o formulada de mala fe. Precisamente por eso, la aplicación de cualquier sanción requeriría una determinación judicial concreta sobre la conducta de quien realizó la presentación.
El proyecto busca colocar herramientas frente a eventuales abusos del proceso sin eliminar la capacidad de recurrir rápidamente a la Justicia ante una situación de violencia.
¿Qué pasa cuando hay hijos?
Otra de las modificaciones propuestas alcanza a los casos en los que existen niños, niñas o adolescentes involucrados.
Malfesi sostiene que el conflicto entre los adultos no debería trasladarse automáticamente al vínculo entre padres e hijos. Por ese motivo, el proyecto plantea que una suspensión de responsabilidades parentales o una modificación del régimen de comunicación requiera una evaluación técnica e individualizada.
La intención es que la situación de los menores sea analizada de manera autónoma y bajo el principio de su interés superior, en lugar de que la interrupción del vínculo sea necesariamente una consecuencia automática de las medidas adoptadas dentro del conflicto entre adultos.
Esto no impediría restringir el contacto cuando existan elementos que indiquen un riesgo para el menor. Lo que pretende la iniciativa es que esa determinación tenga una evaluación específica.
La propia legisladora colocó este aspecto entre los fundamentos centrales de su propuesta al sintetizar su posición: “Por un juicio justo y por el bien de los hijos”.
Protección inmediata, pero también revisión
La iniciativa ingresa en una discusión jurídica compleja porque las medidas cautelares en violencia familiar tienen precisamente una característica que las diferencia de muchas otras decisiones judiciales: deben poder actuar rápidamente frente a un riesgo potencial.
Esperar a completar un proceso contradictorio antes de disponer una exclusión o una restricción podría dejar desprotegida a una persona durante un momento crítico.
El proyecto de Malfesi no propone eliminar esa herramienta. Su planteo apunta a lo que sucede después.
La protección podría disponerse inmediatamente, pero posteriormente debería existir una audiencia, control judicial y una decisión sobre su continuidad.
En términos procesales, el cambio busca separar con mayor claridad la urgencia de proteger de la instancia posterior destinada a determinar si existen razones para mantener esa protección.
El argumento del funcionamiento de los juzgados
Existe además un argumento relacionado con el funcionamiento del propio sistema judicial.
Desde el espacio de Malfesi sostienen que mantener durante largos períodos medidas cautelares sin revisión no solamente puede afectar derechos individuales, sino que también contribuye a sobrecargar los juzgados.
La interpretación de quienes impulsan la reforma es que un sistema con controles periódicos permitiría concentrar mayores recursos en aquellos expedientes donde efectivamente persiste un riesgo real que requiere protección judicial.
La contracara será determinar si los juzgados cuentan con la estructura necesaria para garantizar audiencias dentro de las primeras 48 horas y revisiones periódicas sin que esa exigencia termine generando nuevas demoras.
Ese será uno de los aspectos concretos que deberá analizar la Legislatura durante el tratamiento del proyecto.
Una discusión que deberá pasar por la Legislatura
La propuesta de Malfesi toca uno de los equilibrios más difíciles del derecho de familia: cómo intervenir rápidamente para proteger sin transformar una medida preventiva en una sanción anticipada.
La diputada sostiene que las exclusiones del hogar y restricciones de acercamiento no pueden convertirse en resoluciones prácticamente permanentes por simple inercia judicial y propone tres modificaciones centrales: plazos máximos, audiencia dentro de las 48 horas y revisión judicial para determinar si corresponde una prórroga.
A eso suma herramientas frente a presentaciones que judicialmente sean consideradas de mala fe y una evaluación diferenciada cuando la medida afecta el vínculo con hijos menores.
El debate legislativo deberá determinar ahora si el mecanismo propuesto consigue el equilibrio buscado y, fundamentalmente, cómo garantizar que una mayor protección del debido proceso no debilite la capacidad de respuesta inmediata frente a situaciones reales de violencia familiar.
Ese será el núcleo de la discusión: no elegir entre protección y garantías, sino determinar si Santa Fe puede construir un procedimiento que permita sostener ambas.
Para Malfesi, la respuesta está en obligar a que cada medida urgente tenga también un control oportuno. “Vencido el plazo el juez debe rever su decisión”, resumió la diputada.
