Alberto Martínez, referente de APROPOL, analizó la situación que atraviesan los trabajadores policiales de Santa Fe y aseguró que, después del conflicto que estalló en febrero, muchos de los problemas continúan sin resolverse. Salarios que considera insuficientes, adicionales que generan diferencias internas, traslados, desarraigo y situaciones de salud mental forman parte de un escenario que, según advirtió, también termina repercutiendo sobre la seguridad pública. Además, cuestionó aspectos del modelo de seguridad provincial y volvió a plantear un reclamo que la organización sostiene desde hace 25 años: el derecho de los policías a contar con representación sindical.
La protesta policial que tuvo a Rosario como uno de sus principales escenarios durante febrero parece haber quedado lejos de la agenda cotidiana, pero puertas adentro de la fuerza los problemas que desencadenaron aquel conflicto no necesariamente desaparecieron. Esa es, al menos, la descripción que realizó Alberto Martínez, histórico referente de APROPOL (Agrupación de Policías de la Provincia de Santa Fe), durante una entrevista en el programa Democráticamente, conducido por Juan Francisco en AGOFA TV.
Martínez describió una combinación particularmente compleja: dificultades salariales, adicionales que condicionan los ingresos, extensas jornadas, policías trasladados lejos de sus familias, problemas de salud mental y una política de seguridad que, desde su perspectiva, coloca cada vez mayores responsabilidades sobre el agente que trabaja en la calle.
Su mirada es crítica de la gestión provincial y varias de sus afirmaciones constituyen denuncias de APROPOL. Sin embargo, detrás de esa posición aparece una discusión que excede cualquier gobierno: qué condiciones laborales necesita un policía para cumplir adecuadamente una función esencial para la sociedad.
“Estamos en medio de otra nueva crisis”
El diagnóstico de Martínez sobre la actualidad policial fue contundente. Cuando se le preguntó qué había quedado después de los acontecimientos de febrero, respondió: “Estamos como empezamos, en medio de otra nueva crisis”. Según explicó, históricamente los conflictos dentro de la fuerza se producen después de largos períodos de acumulación debido a una estructura interna cerrada, rígida y vertical.
En su análisis existen dos variables que vuelven a encontrarse: el costo de vida y el salario policial. Martínez sostuvo que los ingresos se encuentran por debajo de lo necesario para cubrir las necesidades de una familia y que los adicionales terminan siendo determinantes para superar esa diferencia.
Precisamente allí ubicó una de sus principales críticas a la administración de Maximiliano Pullaro. Según el referente de APROPOL, la Provincia extendió una política de adicionales hacia distintas áreas operativas, aunque esos beneficios no llegan de manera uniforme a todos los agentes. Martínez cuestionó especialmente la existencia de cupos y la discrecionalidad que, según su denuncia, puede producirse alrededor de su asignación. “Estamos ante una política de opresión laboral, lisa y llana”, afirmó.
APROPOL no cuestiona que determinadas funciones especiales tengan remuneraciones adicionales. Martínez puso como ejemplo a quienes trabajan con explosivos y consideró lógico que una tarea de mayor riesgo o especialización tenga un reconocimiento económico superior. La diferencia, explicó, es que ese plus debería agregarse a un salario suficiente, y no transformarse en un componente imprescindible para alcanzar un ingreso familiar adecuado.
El policía en el medio de la política de seguridad
Uno de los puntos más delicados de la entrevista apareció cuando Martínez vinculó las condiciones laborales con la implementación del modelo de seguridad provincial.
El dirigente sostuvo que existen agentes presionados para alcanzar determinados resultados operativos y denunció que pueden quedar expuestos a perder adicionales, francos o ser recargados si no cumplen con esas exigencias. También afirmó que existirían pedidos de realizar determinadas cantidades de detenciones o procedimientos. Se trata de señalamientos formulados por Martínez y APROPOL que, por su gravedad, deberían ser esclarecidos.
Su argumento central es que las condiciones laborales no pueden separarse de la política de seguridad. Si el ingreso de un efectivo depende de adicionales y estos pueden estar condicionados por decisiones jerárquicas, sostiene, el trabajador queda en una posición particularmente vulnerable.
Martínez planteó además una advertencia hacia los propios policías: una orden superior no necesariamente elimina la responsabilidad individual frente a un procedimiento que posteriormente pueda ser cuestionado judicialmente. Allí utilizó una expresión para describir el riesgo que observa: “fusible policial”. Según su interpretación, el agente puede terminar respondiendo personalmente por una decisión adoptada dentro de una cadena de mando mucho más amplia. “No va a ser el político que dio la orden, sino el que fue, rompió y cumplió una orden indebida”, señaló.
Para APROPOL, esa es también una de las razones que justifican la existencia de una organización sindical capaz de representar al trabajador frente a situaciones que exceden una discusión estrictamente salarial.
Un cambio de paradigma que también preocupa dentro de la fuerza
Martínez fue especialmente crítico con algunos de los cambios que observa en la seguridad pública. A su entender, Santa Fe atraviesa una transformación en la que la búsqueda de resultados puede entrar en tensión con garantías constitucionales y, al mismo tiempo, aumentar la exposición de los propios agentes.
“Acá hay un cambio de paradigma”, afirmó. Su interpretación es que se estaría avanzando desde una concepción democrática y republicana de la seguridad hacia otra con características más rígidas y militarizadas. También cuestionó particularmente la posibilidad de ampliar facultades policiales para detener, interrogar o ingresar a viviendas bajo determinados supuestos.
Su preocupación no está planteada solamente desde los derechos ciudadanos. Martínez sostiene que otorgar mayores atribuciones sin herramientas institucionales, capacitación suficiente y mecanismos claros de protección puede terminar perjudicando al propio funcionario policial.
La discusión adquiere entonces una doble dimensión: cómo garantizar seguridad sin vulnerar derechos y cómo evitar que el policía que ejecuta las decisiones quede atrapado entre la conducción política, la estructura jerárquica y una eventual responsabilidad judicial.
Desarraigo: policías que llegan a Rosario dejando su vida a cientos de kilómetros
La situación económica no es el único problema laboral que describió Martínez. Otro fenómeno atraviesa particularmente a Rosario: la cantidad de efectivos provenientes de otras localidades de Santa Fe que son destinados a prestar servicios en la ciudad.
Muchos son jóvenes que llegan desde el norte provincial o desde ciudades ubicadas a cientos de kilómetros y deben reorganizar completamente sus vidas. Familias separadas durante varios días, madres y padres alejados de sus hijos, dificultades para encontrar alojamiento y gastos adicionales forman parte de un desarraigo que pocas veces aparece cuando se habla públicamente de seguridad.
Martínez confirmó que existe un importante movimiento geográfico dentro de la fuerza y advirtió que los agentes más jóvenes quedan especialmente expuestos. Incluso describió situaciones extremas durante los primeros meses de actividad: “Algunos duermen en la estación terminal porque el primer mes no cobran, el segundo mes cobran a medias”. También cuestionó las condiciones de las becas y las demoras en los pagos durante la etapa inicial.
No se trata únicamente de una cuestión económica. Un policía puede terminar su turno después de varias horas de exposición a situaciones de tensión y no tener cerca su casa, sus hijos, su pareja ni su red habitual de contención.
“Las familias lejos, familias que se rompen en algunos casos, lamentablemente”, resumió Martínez.
Salud mental: el problema que aparece detrás del desarraigo
Es allí donde la discusión ingresa en uno de sus aspectos más sensibles: la salud mental de los integrantes de las fuerzas de seguridad.
Martínez vinculó las condiciones salariales, la presión laboral, la distancia familiar y la propia naturaleza de la función policial con situaciones de enorme vulnerabilidad emocional. Entre las consecuencias más graves mencionó los suicidios registrados dentro de la fuerza.
“Tenemos problemas gravísimos. Creo que el más grave que podemos mencionar, por ejemplo, es el suicidio”, afirmó. Para el referente, esos episodios no pueden analizarse aisladamente de un contexto laboral que describió como internamente violento y económicamente deteriorado.
El problema merece una discusión mucho más amplia que la coyuntura salarial. Un agente trabaja armado, enfrenta situaciones de violencia, interviene en conflictos sociales, accidentes, delitos y muertes y, en numerosos casos, cumple esas funciones lejos de su núcleo familiar. La contención psicológica, las condiciones de descanso, los horarios y el acompañamiento institucional pasan entonces a formar parte de la propia política de seguridad.
Porque cuidar la salud mental de quien porta un arma y tiene responsabilidades sobre terceros no constituye solamente una política laboral. También es una cuestión de seguridad pública.
La Carpa Azul y un conflicto que continúa
Otra imagen demuestra que la crisis de febrero no desapareció completamente: la Carpa Azul continúa funcionando como espacio de reclamo de integrantes de la familia policial.
Martínez explicó que participan personas provenientes de diferentes sectores y reivindicó ese espacio como una expresión que excede a APROPOL. “Es de todos y no es de nadie”, señaló, antes de definirla como “una muestra de dignidad permanente”.
El conflicto alcanza también al personal retirado y a la decisión oficial de reincorporar agentes jubilados. Martínez planteó una pregunta que atraviesa esa política desde otra perspectiva: por qué una persona que cumplió 35 años de servicio necesita regresar a trabajar porque sus ingresos previsionales no resultan suficientes.
“¿Por qué una persona con 35 años de servicio, que puede haber dado y ofrecido mucho y arriesgado mucho, tiene que volver porque no le alcanza para comer?”, cuestionó. Para APROPOL, lo que sucede actualmente con los retirados debería funcionar también como advertencia para quienes todavía están en actividad.
“Quién protege al que protege”
La pregunta resume buena parte del planteo que Martínez viene desarrollando desde hace años y también será el título de su próximo libro: “Quién protege al que protege”, previsto para noviembre y de distribución digital gratuita.
El trabajo busca condensar una discusión que APROPOL considera pendiente después de más de cuatro décadas de democracia: cómo mejorar la seguridad pública atendiendo también las condiciones de quienes tienen la responsabilidad cotidiana de brindarla.
“El policía, si está bien, va a trabajar mejor”, explicó Martínez. Y aclaró que no plantea esa relación desde una lógica de premios o condicionamientos económicos, sino desde una concepción laboral aplicable también a docentes, trabajadores de la salud y cualquier empleado del Estado.
Después de 25 años reclamando la posibilidad de sindicalización, el planteo de APROPOL vuelve así al punto de partida: detrás del uniforme existe un trabajador. Uno que debe garantizar seguridad, cumplir órdenes, intervenir en situaciones violentas y asumir enormes responsabilidades, pero que también tiene una familia, paga un alquiler, atraviesa dificultades económicas, puede enfermarse, necesita descansar y, en muchos casos, vive a cientos de kilómetros de sus afectos.
La seguridad pública suele discutirse a partir de estadísticas de homicidios, cantidad de detenidos, secuestros de armas, patrulleros, allanamientos o presencia policial en las calles. Todos son indicadores importantes. Pero existe otra variable que pocas veces ocupa el centro de la discusión: en qué condiciones trabajan quienes deben ejecutar esa política.
La entrevista con Martínez vuelve a colocar esa pregunta sobre la mesa. Porque discutir salarios, salud mental, desarraigo, representación sindical y condiciones laborales de los policías no significa discutir algo separado de la seguridad. Significa discutir también qué Policía quiere Santa Fe y quién cuida a quienes tienen la obligación de cuidar a los demás.
