La política educativa del Gobierno provincial acumula conflictos desde el comienzo de la gestión. Salarios, presentismo, jubilaciones, condiciones laborales e infraestructura marcaron una relación cada vez más tensa con los docentes. Pero ahora aparece un problema todavía más profundo: estudiantes y familias también comienzan a cuestionar decisiones tomadas desde el Ministerio de Educación. La Escuela Gurruchaga es el caso más visible, aunque abre un interrogante que debería recorrer toda Santa Fe: ¿cuántas escuelas atraviesan situaciones similares sin que todavía las conozcamos?
Durante casi tres años, el Gobierno de Maximiliano Pullaro intentó explicar buena parte del conflicto educativo santafesino a partir de su enfrentamiento con los gremios. La interpretación oficial fue repetida en distintas oportunidades: el problema no sería con los docentes sino con sus representantes sindicales. Pero el argumento comienza a encontrar dificultades cuando quienes levantan la voz ya no son solamente AMSAFE o SADOP. Ahora también aparecen alumnos, padres y madres, centros de estudiantes y comunidades educativas que reclaman ser escuchadas.
Si durante los primeros años de gestión la tensión estuvo concentrada principalmente en la relación laboral entre el Estado y sus trabajadores, lo ocurrido en algunas escuelas rosarinas obliga a preguntarse si el problema no es más amplio: qué modelo de educación pública pretende construir el Gobierno provincial y cuánto lugar existe dentro de ese modelo para quienes todos los días habitan las escuelas.
Una relación con los docentes que nunca terminó de recomponerse
El conflicto no comenzó ahora. Desde los primeros meses de la gestión Pullaro, la relación con los docentes estuvo atravesada por decisiones que provocaron un fuerte rechazo sindical. El regreso de un sistema de incentivo económico vinculado a la asistencia —el denominado Premio a la Asistencia Perfecta, al que los gremios llaman presentismo— se convirtió rápidamente en uno de los símbolos de esa confrontación. El Gobierno lo defendió como una herramienta para reducir el ausentismo; los sindicatos lo interpretaron como una política que condiciona el salario y cuestiona derechos laborales.
Las diferencias salariales hicieron el resto. Paritarias, inflación, pérdida del poder adquisitivo, jubilaciones, obra social y condiciones de trabajo fueron acumulando conflictos hasta construir una relación que difícilmente pueda definirse como normal entre el Gobierno y una parte importante de la representación docente. La discusión continúa hasta hoy: AMSAFE Rosario y SADOP Rosario volvieron a movilizarse frente al Ministerio de Educación para reclamar por cargos, infraestructura, condiciones laborales y la situación particular de las escuelas técnicas.
El problema, además, nunca fue exclusivamente salarial. Desde las escuelas también hubo reclamos relacionados con infraestructura, funcionamiento institucional y decisiones pedagógicas. Y allí aparece una de las principales contradicciones de la política comunicacional del Ministerio. El Gobierno convirtió al programa 1000 Aulas en una de sus principales banderas para mostrar inversión educativa, pero construir aulas nuevas dentro de establecimientos existentes no significa construir mil escuelas nuevas. Son dos cosas distintas. La pregunta, entonces, sigue siendo válida: ¿cuántas escuelas públicas fueron construidas íntegramente desde cero durante esta gestión?, ¿cuántas necesitan todavía intervenciones profundas?, ¿cuántas comunidades educativas reclaman obras que siguen esperando? Porque la infraestructura educativa no puede reducirse a un número utilizado en una campaña publicitaria.
Goity y una relación que hace tiempo muestra señales de agotamiento
José Goity se transformó en la cara visible de esta política. El ministro construyó un discurso basado en el ordenamiento del sistema, la asistencia, la evaluación y el cumplimiento de determinadas reglas, pero paralelamente fue creciendo el enfrentamiento con los gremios y el malestar de sectores docentes. Incluso las discusiones públicas alrededor del presentismo dejaron expuesta esa tensión. El propio ministro protagonizó episodios de fuerte confrontación discursiva cuando se cuestionó la política oficial sobre asistencia, mientras AMSAFE insiste en que aquello que el Gobierno denomina “premio” funciona, en los hechos, como un presentismo.
Pero hasta aquí el Gobierno todavía podía sostener su explicación: una cosa son los docentes y otra los gremios. El problema aparece cuando quienes cuestionan al Ministerio tienen 15, 16 o 17 años y cuando detrás de esos estudiantes comienzan a aparecer sus padres.
La Gurruchaga: cuando los alumnos dijeron basta
La Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 394 Francisco de Gurruchaga se convirtió en el ejemplo más visible de este nuevo escenario. La institución está intervenida por el Ministerio de Educación desde 2025. Lo que inicialmente fue presentado como una medida destinada a reorganizar su funcionamiento terminó transformándose, un año y medio después, en un conflicto abierto con una parte importante de su comunidad educativa.
Los estudiantes pegaron carteles dentro del establecimiento denunciando presuntos episodios de maltrato, burlas, violencia y otras situaciones atribuidas a integrantes de la intervención. Después llegaron las asambleas, las sentadas, las manifestaciones y el acompañamiento de padres y exalumnos. Ya no era un gremio reclamando: eran los propios alumnos. Y posteriormente fueron sus familias quienes salieron públicamente a decir algo tan sencillo como preocupante: “No nos escuchan”.
Ese debería ser el punto que más preocupe al Ministerio. Porque se puede discutir una paritaria, confrontar con un dirigente gremial, defender una determinada política salarial e incluso sostener que una intervención escolar resulta administrativamente necesaria. Mucho más difícil resulta explicar por qué después de aproximadamente un año y medio de intervención una escuela termina con estudiantes realizando protestas, familias reclamando públicamente y legisladores provinciales pidiendo explicaciones.
Intervenir una escuela no debería significar disciplinar una comunidad
El Gobierno sostiene que en la Gurruchaga existían cuestiones pedagógicas, administrativas y sociocomunitarias que debían ser reorganizadas y que la intervención finalizará cuando el Ministerio considere terminado ese proceso. Pero justamente allí aparece uno de los principales problemas: ¿hasta cuándo? No existe públicamente una fecha determinada para finalizar la intervención. La respuesta oficial es que concluirá cuando las autoridades educativas consideren que la escuela funciona como corresponde.
Mientras tanto, estudiantes de una institución con una fuerte identidad propia denuncian que durante ese proceso se fueron afectando espacios y actividades que formaban parte de su proyecto educativo. La Gurruchaga históricamente desarrolló propuestas que excedieron la currícula tradicional: teatro, cine, actividades culturales, huerta y distintos espacios construidos por la propia comunidad. Algunas de esas particularidades quedaron atravesadas por la reorganización impulsada desde el Ministerio.
Y allí aparece una discusión mucho más profunda que un conflicto entre funcionarios y estudiantes: ¿el Gobierno pretende ordenar las escuelas o pretende que todas respondan a una misma lógica? Porque una cosa es corregir irregularidades administrativas y otra muy diferente es desconocer la historia, identidad y participación de una comunidad educativa. Una escuela pública no es solamente un edificio administrado desde Santa Fe; es también aquello que durante años construyeron docentes, alumnos, familias y generaciones enteras que pasaron por sus aulas.
¿La Gurruchaga es una excepción?
Este es probablemente el interrogante más importante. Sabemos lo que sucede en la Gurruchaga porque sus estudiantes decidieron hacerlo público, porque las familias acompañaron el reclamo, porque hubo protestas y porque finalmente el conflicto llegó a los medios y a la Legislatura. Pero todavía no sabemos qué sucede en el resto de la provincia.
El diputado Miguel Rabbia presentó precisamente un pedido para que el Poder Ejecutivo informe cuántos establecimientos primarios, secundarios y superiores se encuentran intervenidos actualmente en Santa Fe, dónde están ubicados, por qué fueron intervenidos, desde cuándo y cuáles son los objetivos y resultados de esas intervenciones. Carlos Del Frade, por su parte, reclamó que las explicaciones se realicen mediante asambleas abiertas y participativas con la comunidad educativa.
El pedido abre una serie de preguntas que deberían tener respuestas públicas: ¿cuántas escuelas están intervenidas?, ¿quiénes fueron designados para conducirlas y con qué antecedentes?, ¿por cuánto tiempo?, ¿qué participación tienen los docentes?, ¿se escucha a los estudiantes?, ¿se convoca a las familias?, ¿quién controla a quienes intervienen? Y, fundamentalmente, ¿existen otras Gurruchaga en Rosario o en el interior provincial que todavía no conocemos?
Primero fueron los docentes; ahora también hablan los alumnos y los padres
La política educativa del Gobierno provincial enfrenta así una discusión diferente. Ya no alcanza con atribuir cada conflicto a una disputa gremial. Cuando estudiantes se organizan para reclamar, padres acompañan, una comunidad educativa cuestiona una intervención que lleva aproximadamente un año y medio y el asunto termina llegando a la Legislatura, el problema excede ampliamente una negociación salarial. Lo que está en discusión es la forma de ejercer la autoridad dentro del sistema educativo.
Pullaro y Goity construyeron buena parte de su política educativa alrededor de una idea: recuperar el orden. Pero orden no debería significar silencio, autoridad no debería significar ausencia de participación y gestionar una escuela pública tampoco debería consistir en tomar decisiones desde arriba esperando que docentes, estudiantes y familias simplemente las acepten. El desafío de cualquier Ministerio de Educación debería ser exactamente el contrario: lograr que toda la comunidad educativa forme parte de la construcción de la escuela.
Una política educativa también se mide por cuánto escucha
El Gobierno puede exhibir estadísticas, mostrar aulas construidas y hablar de días de clases, asistencia y evaluaciones. Todo eso forma parte de una política educativa. Pero existe otra variable mucho más difícil de convertir en una placa publicitaria: la relación del Estado con su comunidad educativa.
Y allí empiezan a acumularse preguntas. ¿Por qué la relación con los docentes permanece quebrada después de casi tres años? ¿Por qué siguen apareciendo reclamos por salarios, infraestructura y condiciones laborales? ¿Por qué estudiantes de una escuela emblemática de Rosario tuvieron que empapelar su propio establecimiento para sentirse escuchados? ¿Por qué padres y madres terminaron manifestándose junto a sus hijos? ¿Por qué una intervención que debía solucionar problemas lleva aproximadamente un año y medio y terminó generando un conflicto que ahora debe explicar la Legislatura? ¿Y cuántas situaciones similares existen en otras escuelas santafesinas sin que todavía hayan llegado a los medios?
No todas esas preguntas tienen hoy una respuesta. Precisamente por eso deben hacerse. Porque el debate educativo de Santa Fe ya no puede quedar reducido a la confrontación entre Pullaro, Goity y los gremios. Ahora también están hablando los alumnos y sus padres.
Y si empiezan a aparecer otras comunidades educativas atravesadas por situaciones semejantes, el Gobierno tendrá cada vez más dificultades para explicar cada conflicto como un hecho aislado. Quizás sea momento de que la política educativa provincial haga algo bastante más sencillo que intervenir, controlar o disciplinar: escuchar.
