Van prácticamente once meses de gestión, el Gobierno de Maximiliano Pullaro logró algunos resultados, cumpliendo con varios de sus objetivos, pero los costos se analizan a diario y los enfrentamientos con sectores parecen no acabarse. La renovación de la Corte Suprema de Justicia entró en tiempo de descuento. Un sector del periodismo comenzó a cansarse de los desplantes.
Unidos, la coalición que gobierna la provincia y lideran radicales, socialistas y el PRO, delibera puertas adentro sobre cómo hacer realidad las futuras reformas que tienen en agenda y que los costos políticos generen la menor cantidad de cicatrices posible. Es que se vienen batalla duras y se pone en juego un patrimonio importante que ciertos sondeos generan alarmas: la cantidad de votos lograda.
La renovación de la Corte Suprema de Justicia, el presupuesto para el próximo año con más ajustes que el actual y la intención de reformar la vetusta Carta Magna Provincial, son las luchas que se contemplan en la Casa Gris.
El clima político-institucional de Santa Fe no pasa por su mejor momento. La gestión pullarista embistió contra muchos sectores al ritmo de la idea de reformar a corto plazo lo que supuestamente nadie hizo durante mucho tiempo. Esto aunque de socios, los radicales tienen a quienes gobernaron por 12 años.
Los cambios en el sistema previsional tuvieron coletazos políticos que todavía no se logra cuantificar, porque diluyó la luna de miel del gobierno con algunos sectores y reperfiló referencias de la oposición. Además la Casa Gris alimenta las batallas por “ordenar el Estado”, con el doble propósito de alcanzar los objetivos declarados de eficiencia, pero también modificar las relaciones de fuerza, en especial con los sindicatos más poderosos del Estado provincial, algo que con la fuerza de la lapicera se puede lograr, pero no con el trabajo hormiga en el territorio o con las bases.
Esas batallas combinan objetivos económicos con una áspera retórica “antiprivilegios”. El premio por asistencia a la docencia, los ajustes y despidos en Aguas Santafesinas y la EPE, y la pulseada con el Poder Judicial, entre ellas.
Una de las pulseada que aun no termino es con Luz y Fuerza: la conducción de la empresa eléctrica estatal denunciará parcialmente el convenio colectivo y va a cesar por vía de una resolución lo que denomina “prerrogativa de sangre” y que en la práctica es la prioridad de ingreso a familiares del personal establecida en el convenio del sector.
Más tensión, y no eléctrica precisamente, justo en momentos que la pregunta “¿hasta dónde está dispuesto a abrir de forma deliberada frentes de conflicto el gobierno provincial?” repiquetea en ámbitos de la política, la Justicia y la educación.
El propio gobernador se hizo cargo de esa inquietud días atrás, después de que dos de sus ministros fueran abucheados por personal del Poder Judicial durante una manifestación: “No se crean que no me doy cuenta que pongo capital arriba de la mesa en estos debates incómodos, pero no me votaron para ver que las cosas pasen y todo siga igual. Y si tengo que gastar capital político para dar estos debates incómodos, lo voy a gastar”.
La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial continúa escalando. Desde el comienzo de su gestión, el gobernador Maximiliano Pullaro indicó que Santa Fe tiene una Justicia «cara e ineficiente» y aseguró que impulsaría cambios, entre ellos, de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, algo que la Legislatura comenzó a tratar en las últimas horas y que se debatiría el 14 de Noviembre.
«Tenemos que renovar la Corte Suprema en Santa Fe, no porque sean malos, no cuestiono sus fallos, pero necesitamos una Justicia moderna, eficiente, efectiva que dé respuestas a la sociedad», manifestó el Gobernador. Aunque por otro lado empujaron desde la Casa Gris los pliegos para ocupar la futura Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria de Santa Fe con candidatos que en algunos casos fueron impugnados porque en el concurso de selección el tribunal evaluador los reprobó.
Pero por si esto fuera poco, hace unos días atrás, en San Lorenzo, referentes gremiales de Amsafe rodearon con carteles a la comitiva del gobernador y la vice Scaglia. Sin duda un mal trago que a ningún gobernante le gusta, pero para la Casa Gris ese tipo de acciones son una muestra de debilidad: “Los sindicatos docentes llevan sus dirigentes a donde está el gobernador porque perdieron capacidad de movilización propia”, manifiestan desde la mesa chica del Gobernador. Quizás olvidándose lo que significan quienes protestan, que no solamente son votos, sino el primer contacto con las familias santafesinas, que al fin y al cabo también votan.
Entre los tantos frente que tiene la gestión se abrirá también la negociación por los votos que faltan para llegar a los dos tercios que se precisan para declarar la necesidad de reformar la Constitución Provincial, algo que será difícil de lograr tanto internamente como con los sectores de la oposición.
La gestión provincial está a nada de cumplir el año y en tan poco tiempo las relaciones se dilataron, se quebraron o se rompieron, dependiendo a quien se lo consulte. Con la prensa, también existe un conflicto muy marcado, en las ciudades más grandes se eligieron a medios que tienen editoriales coincidentes con la gestión y en el interior la comunicación institucional es escasa y desorganizada, a tal punto que la preocupación es también de los propios funcionarios territoriales que lidian en cada localidad.
La cuestión no pasa por la pauta publicitaria solamente. En este caso puntual el presupuesto se fue ampliando a gusto y piacere de quienes están a cargo y cuyos beneficiarios en contados casos son quienes más audiencia o seguidores tienen. El tema pasa por la gestión de la comunicación: Limitación de información, cercenamiento de entrevistas y la política del guión estricto con una retórica de lo que emanan publicistas y consultores que ni siquiera viven en la provincia.
