El fiscal general del MPA dio su último informe anual en la Legislatura antes de dejar el cargo después de seis años de gestión. Enumeró los avances y las cuestiones inconclusas en materia de investigación criminal.
El Fiscal General de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini, asistió este martes a la Legislatura santafesina para presentar su último informe anual, correspondiente al período enero-diciembre de 2022, antes de dejar el cargo después de seis años de gestión. En diálogo con la prensa, antes de ingresar a la audiencia pública ante legisladores y legisladoras provinciales en la Cámara de Diputados, el funcionario realizó un balance de gestión en el que habló sobre los avances y las materias pendientes en torno a la investigación criminal. El jueves, diputados y senadores están convocados para votar por las nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación.
«Tuvimos un año de trabajo que fue muy arduo, con muchísima actividad, muchísimas investigaciones importantes y trascendentes. El trabajo que ha realizado el MPA a través de los y las fiscales fue bueno en esto de dar respuesta, de poder estar a la altura de investigaciones complejas», aseveró Baclini, a la vez que se expresó satisfecho por el crecimiento del organismo durante su gestión: «En el año 2017, era un MPA más pequeño, acotado, con menor trascendencia, con menor capacidad de poder abordar las investigaciones y estos seis años de gestión han generado la evolución y un progreso en lo que se viene haciendo».
Además, se refirió a las asignaturas pendientes en el final de gestión, sobre todo en lo que respecta al fortalecimiento del organismo en materia de recursos humanos y materiales. Ante legisladores, Baclini mencionó que el Organismo de Investigaciones, dependiente del MPA, cuenta actualmente con 159 trabajadores, y su similar en la provincia de Córdoba tiene 2.000 empleados.
«La formación del Organismo de Investigaciones también es un tema pendiente. Si bien hemos fortalecido las áreas criminalísticas -sobre todo lo que son los laboratorios químico y digital forense- nos ha quedado mucho por hacer. Es un desafío importante para la próxima gestión. Falta bastante por trabajar y el O.I. es central dentro de la visión de un Ministerio Público que tenga mayor autonomía e independencia», agregó.
A su vez, dijo que otra cuenta pendiente es «trabajar más sobre la derogación del régimen actual de juzgamiento disciplinario de los y las fiscales», y reforzar el trabajo del plan multiagencial de intervención en los barrios, «que generaba bastante pacificación». «El proceso se detuvo y consideramos que era muy importante porque era un trabajo cohesionado entre los distintos ministerios del poder ejecutivo y las municipalidades y el MPA y creemos que eso es un proceso que necesita mayor dinámica», indicó.
Por último, advirtió que «lo más urgente» que deberá afrontar la próxima persona que esté a cargo del MPA «es profundizar algunas investigaciones, algún trabajo fiscal y fundamentalmente trabajar en el Organismo de Investigaciones para dotarlo de la estructura necesaria para poder apoyar a los fiscales».
La cuenta regresiva está en marcha para que el próximo jueves 13, a las 13, los 50 diputados y los 19 senadores de esta provincia se reúnan en Asamblea Legislativa para votar por las nuevas autoridades de dos dependencias clave en materia de Justicia penal: el Ministerio Público de la Acusación -que reúne a los fiscales- y el Servicio Público de la Defensa.
Esta vez, el proceso plantea una situación inédita: dos mujeres son las postuladas por el Poder Ejecutivo para conducir ambos organismos. Por un lado, María Cecilia Vranicich, la actual auditora general del MPA que aparece como futura fiscal general de la Provincia. Por otro, Estrella Moreno Robinson, actual defensora regional en Rafaela.
